Uno de los motivos por los cuales la Procuraduría destituyó en primera instancia al Secretario de Movilidad es por supuestamente no prever el uso que daría a 535 controladores de semáforos que al momento de adjudicar la licitación todavía tenían vida útil.
El secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo quiso acatar en su momento la recomendación, pero las firmas que participaban en el proceso se opusieron porque obligar a mantenerlos era sesgar la adjudicación hacia un solo proponente. Esta es la explicación del tema.
El controlador es una unidad electrónica que garantiza que el semáforo, que es un dispositivo de señalización luminosa, le asigne el derecho de paso o prelación a los actores viales (carros, motocicletas, bicicletas y peatones).
En Bogotá hay instalados 1.131 controladores para el manejo de los semáforos en 1.387 intersecciones viales, muchos de los cuales fueron instalados desde 1978. La tecnología de esos dispositivos es propiedad de la empresa Siemens.
El lío que en su momento planteó la Procuraduría y por el que ahora destituye al secretario Bocarejo consiste en que 471 de los controladores instalados al comenzar la ejecución de la licitación tenían una vida útil entre 7 y 17 años.
De ellos, 333 que fueron comprados entre enero de 1999 y noviembre del 2011, tenían hasta siete años. Otros 138 adquiridos entre abril del 2013 y febrero del 2017 deben durar hasta 17 años, según un documento que reposa en el portal de contratación.
La Procuraduría insistió durante todo el proceso que la licitación incluyera la obligación del ganador de usar esos controladores y de hecho al comienzo la Secretaría de Movilidad puso esa cláusula. Sin embargo, recibió 28 observaciones de firmas interesadas en participar en el proceso que advirtieron que ese ítem favorecería directamente a un proveedor (Siemens) y dejaría en desventaja a los demás, lo cual constituiría un sesgo en la licitación.
Al final, el Distrito optó por la decisión de licitar el cambio de todos los controladores y buscar usos alternos para los 471 que aún tienen vida útil.
A la Procuraduría esa decisión no le gustó e insistió en que cambiar esos controladores que todavía tienen vida útil podría generar un detrimento patrimonial de unos 16.000 millones de pesos, según sus estimativos (ahora dice que son 13.912 millones de pesos). No acepta que se les pueda dar usos distintos a ser parte de la nueva red.
Movilidad hizo un estudio para determinar qué le resultaba más costoso a la ciudad: si cambiar todos los controladores, incluso los 471 que todavía tienen vida útil, o mantener estos en uso, a riesgo de que no sean compatibles con el nuevo sistema.
El estudio concluyó que a lo largo de los 20 años de vida útil que tienen estos dispositivos se compensa la inversión inicial de cambiar todos los controladores, por los costos que implicaría.
REDACCIÓN BOGOTÁ