Reforma al estatuto de obras por valorización en Bogotá: estos son los puntos clave

Las obras por valorización se han vuelto un problema de nunca acabar en Bogotá. Son cobradas con anticipación a los ciudadanos, pero muchas o se empiezan a ejecutar varios años después o son contratadas y terminan siendo elefantes blancos o simplemente quedan a la espera de que algún alcalde se apropie de ellas y decida sacarlas adelante.

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Este ha sido, precisamente, un tema de debate frecuente en el Concejo en los últimos dos años. De hecho, hay proyectos que fueron aprobados para que se ejecutaran mediante la valorización, pero no se hicieron.

Es el caso de la intersección de la calle 80 con carrera 24 y un puente en la intersección del ‘pulpo’ de Puente Aranda. Esos proyectos hacían parte del paquete aprobado en 2005, pero nunca se iniciaron y la ciudad debió hacerles la devolución a los contribuyentes que los pagaron. Ante este tipo de situaciones un equipo de las secretarías de Movilidad, Gobierno y Jurídica y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre otros, trabajó en un proyecto de acuerdo que reforma el estatuto de contribución de valorización de Bogotá.

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EL TIEMPO conoció en exclusiva el documento que la alcaldía de Claudia López espera radicar hoy en el Concejo. La iniciativa consta de 30 folios y 51 artículos, en los que desarrolla tres capítulos.

Con este proyecto se busca actualizar el estatuto vigente (Acuerdo 7 de 1987), que, en opinión de algunos expertos, ya se quedó obsoleto y, por ser anterior a la Constitución Nacional (1991), no incorpora temas como, la participación ciudadana, aunque dichas obras tienen un impacto directo en comunidades y empresas y establecimientos de comercio.

La contribución de valorización es un instrumento de financiación de obras de infraestructura vial (vías y puentes vehiculares y peatonales) y de espacio público (andenes, parques, equipamientos y ciclorrutas), de interés local o general, y están obligados a pagarla los propietarios y poseedores de bienes inmuebles del área de influencia por los beneficios que genera la ejecución de dichos proyectos. Esta se establece luego de que la istración presenta un proyecto de acuerdo ante el cabildo distrital para su aprobación.

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Un punto clave que contempla el proyecto es que las obras por valorización no se pueden proponer ante el Concejo para su aprobación si no están en el plan de desarrollo distrital del alcalde de turno y en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Pero además, se exigirá que esos proyectos cuenten con estudios y diseños definitivos (es decir, en fase 3).

Con esto se intenta corregir algo que ha venido sucediendo: por un lado, se proponen obras por valorización sin mayor planeación, y por otro, que ni siquiera tienen estudios de prefactibilidad y factibilidad, con lo cual el alcance y el valor definitivo pueden variar, y esto termina afectando no solo el costo final y la financiación, sino también la ejecución de esas obras.

Esto obliga, además, a que dichos proyectos tengan los estudios y permisos de tránsito y de las empresas de servicios públicos, dos factores que hoy por hoy han terminado atrasando el inicio de las obras por valorización.

La normativa también establece que no se puede cobrar la contribución si la obra no se encuentra en un 50 por ciento de avance físico, certificado por las interventorías, o está 100 por ciento ejecutada. Hoy, ese cobro se hace de manera anticipada a los ciudadanos.

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Entonces, para resolver el tema de la financiación, la norma establece también que la istración Distrital podrá presentar un cupo de endeudamiento de valorización ante el Concejo. Con eso se garantizan los recursos y la terminación de dichas obras.

Pero cuando el proyecto no se ejecute y se le declare la caducidad, los dineros recaudados por la contribución podrán ser devueltos a quienes pagaron. Y si no se hizo en su totalidad, la istración puede volver a licitar.

La normativa, incluso, plantea que aquellos predios comerciales que se vean impactados directamente, como los que están frente a una obra y que tienen al lado polisombras durante la construcción, podrán tener un alivio. El proyecto de acuerdo reconoce en esos casos un descuento hasta del 10 por ciento en el valor de la contribución que deben pagar.

Un último punto que desarrolla la propuesta es la participación de los ciudadanos, desde que se empiezan a definir las obras hasta el seguimiento de estas a través de veedurías ciudadanas.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO