¿Se puede garantizar que no volverán a ocurrir tomas masivas y duraderas de indígenas en los espacios públicos de Bogotá?

Con el inicio del proceso de retorno, reubicación o integración local de 844 personas de la comunidad Emberá, asentadas en el Parque Nacional, llevado a cabo el domingo pasado, la ciudadanía se pregunta: ¿Qué va a garantizar que esto no vuelva a ocurrir?

Hay que recordar que solo un grupo de 684 personas retornaron a Pueblo Rico (Risaralda), Bagadó y Tadó (Chocó). Además, que 140 personas están siendo reubicadas, y 30 más serán integradas localmente en Bogotá.

Para lograr esto, el Distrito de Bogotá, entidades del Gobierno Nacional, autoridades locales y líderes comunitarios tuvieron que trabajar de manera coordinada y articulada desde hace meses y el proceso surtió varias fases.

Una de las más importantes para la no repetición de esta clase de sucesos fue la toma de actas de voluntariedad entre la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Unidad para las Víctimas y la bancarización de las cabezas de familia para implementar la estrategia de transferencias monetarias condicionadas al retorno y permanencia por parte de la Secretaría de Integración Social. El Distrito explicó que todo eso ha sido acompañado por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno. Siempre se buscó un proceso armónico, organizado, y articulado.

La alcaldía de Carlos Fernando Galán se comprometió a trasladar a las personas de la comunidad que no pudieran ser acompañadas por la Unidad de Víctimas, a proveer la alimentación el día del retorno y, bajo la dirección de la Secretaría de Integración Social y la Secretaria Distrital de Hacienda, Bogotá realizará transferencias monetarias a las familias Emberá en los territorios, mediante siete (7) giros condicionados al retorno y permanencia, a través del mecanismo de Ingreso Mínimo Garantizado, orientado a garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.

A partir de esta semana 163 hogares de la comunidad Emberá recibirán transferencias monetarias de $754.000 cada uno, como parte del proceso de retorno, reubicación o integración local, gracias a la firma de un convenio con Banco Agrario realizada por la Secretaría de Hacienda, para el retiro del primer ciclo de transferencias en Pueblo Rico, Risaralda, una vez la población arribe a su lugar de origen. Por su parte, la Secretaría de Educación acompaña pedagógicamente a todos los estudiantes que retornarán y se reubicarán.

Pero, el Distrito explicó que es fundamental, de aquí en adelante, la gestión de la Unidad para las Víctimas, cuyas acciones han sido clave para que los compromisos del Gobierno Nacional se cumplan.

El Distrito fue claro en explicar que continuará acompañando los procesos de retorno de los indígenas asentados en el Parque La Florida y en la UPI La Rioja, con la misma determinación demostrada en el Parque Nacional. “La garantía de los derechos humanos, el cuidado de la dignidad y la vida, así como la creación de condiciones de seguridad en la ciudad, seguirán siendo prioridades fundamentales”.

Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, dijo que las familias que permanecerán en Bogotá lo harán de manera temporal en cuatro albergues habilitados en el sur de la ciudad. Estos espacios, seleccionados bajo criterios de dignidad, ofrecerán condiciones adecuadas para la estancia de las familias por un periodo estimado de dos meses, mientras el Gobierno y las comunidades Emberá definen su destino definitivo.

La Unidad para las Víctimas, en coordinación con el Distrito, habilitó el albergue Fundines, en Ciudad Jardín, para recibir a 41 personas organizadas en 10 familias. “Fue un trabajo intenso y articulado con diversas entidades del gobierno". Agregó que la clave estuvo en haber hecho un trabajo articulado con varias entidades de la Nación y el Distrito. "Nos hemos ajustado y organizado para lograr que el retorno y la reubicación se llevaran a cabo en coordinación con el Distrito y a nivel nacional, incluyendo los ministerios de Vivienda, Salud y Educación. Esta es también la alegría de un Gobierno del Cambio que cumple su palabra”.

Además del retorno y la reubicación, cerca de 5 hogares, unas 11 personas, optaron por integrarse permanentemente en la ciudad de Bogotá, como parte de un proceso de integración local. Solano dijo que este fue un proceso complejo, pero también el inicio de una nueva etapa para las familias emberá, que ahora, dijo, cuentan con garantías de dignidad y acompañamiento estatal en su retorno o reubicación y que La Unidad reafirma su compromiso de seguir trabajando para que este retorno sea sostenible y para que las comunidades afectadas por el conflicto armado continúen avanzando hacia la reparación integral.

“Estoy profundamente conmovida con la capacidad del liderazgo emberá, de llegar a este momento después de tantas luchas en la ciudad, después de un desplazamiento que los ha golpeado desde los años 70. Retornar es volver a la montaña, al agua, al río y a las familias. Y la Unidad para las Víctimas tiene el honor de acompañar a esta comunidad a un retorno con garantías de dignidad”.

Miguel Ángel, uno de los líderes emberás, habló sobre los acuerdos logrados. "Hoy tenemos garantías. Entregamos el parque Nacional y nos acompañan a la tierra. Estamos contentos, felices. Hablamos con los directores, no con delegados, y esperamos que nos cumplan. Fue feo no tener agua potable, calor. Vivimos del rebusque, de salir a vender a la calle. Nueve niños nacieron aquí y tenerlos aquí fue duro”. Pese a todo lo logrado, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, dijo que es imposible garantizar que una toma similar vuelva a ocurrir porque eso hace parte de la dinámica social en un país afligido por la violencia.

Según una nota publicada por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) en donde se referencia lo dicho por Camilo Niño, de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) en el conversatorio sobre las ‘Deudas del Estado colombiano y los Pueblos Indígenas’, este destacó la importancia de resolver la deuda histórica en materia territorial y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país. Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de avances en las más de 1.300 solicitudes existentes ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

Agregó que, en Colombia, los Pueblos Indígenas están enfrentando una serie de amenazas y confinamiento, además, de encontrarse en un riesgo de exterminio físico y cultural. “En particular, más de 34 pueblos originarios indígenas en el pacífico colombiano por el conflicto armado y en la Altillanura por el no reconocimiento de sus territorios. Sin embargo, los gobiernos han reconocido dichos territorios indígenas a empresarios y a iniciativas minero-energéticas mediante mecanismos istrativos y jurídicos que han generado situaciones preocupantes para los pueblos”. Ante esta situación, explicó el experto, los pueblos indígenas demandan una solución de fondo que incluya la formalización y protección de sus territorios ancestrales, así como una apropiación presupuestal para tal fin.

Debido a denuncias de violencia de género y presuntos casos de abuso sexual a menores, la Alcaldía creó la estrategia ‘Acción Emberá’, que incluyó diversas acciones, rutas y mecanismos para atender a esta población.

Una de las principales acciones fue la creación del PMU ‘Estrategia Móvil 24/7’, instalado en el Parque Nacional el 11 de julio, bajo la dirección de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Su objetivo fue identificar riesgos e implementar rutas de atención, con especial énfasis en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la oferta institucional del Distrito.

Esta estrategia incluyó la participación de las Secretarías de Gobierno, Integración Social, Seguridad, Salud, Educación y Ambiente, en articulación con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Durante aproximadamente 500 recorridos, se identificaron 522 situaciones de riesgo, entre ellos, 183 reportes de niñas, niños y adolescentes sin supervisión adulta; 44 casos de exposición a sustancias psicoactivas; 22 reportes de manipulación de elementos peligrosos; 138 de la presencia de personas ajenas a la comunidad; 56 situaciones de riesgo de accidentes viales; y 15 posibles casos de violencia sexual, denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Del total de situaciones de riesgo, se activaron rutas en el 71 % de los casos, que incluyeron instrucciones para la prevención del riesgo, acompañamiento psicosocial, actividades pedagógicas y remisión a centros de atención en salud y a la Policía, entre otros.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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