El municipio que no quiere 1.500 viviendas de interés social

Desde hace más de un año, un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Sesquilé, en el oriente de Cundinamarca, tienen enfrentados a la constructora Viu Group con la istración municipal y habitantes. El proyecto fue aprobado por la alcaldía en 2019 y ahora reversado.

Sesquilé está ubicado en la provincia de Almeidas, a casi dos horas de Bogotá, tiene una extensión total de 141 km², y alrededor de 3.500 habitantes en el casco urbano y 12.500 en el rural.

El conflicto se centra en el predio Valparaíso, en la vereda Boivitá sobre la vía Guatavita-Sesquilé. El terreno tiene un área de 10 hectáreas y cédula catastral 25-736-00-00-0003-0218-000. A dicho terreno le cambiaron el uso del suelo de rural a urbano mediante el Acuerdo 004 de 2019.

El proyecto contempla la construcción de 1.500 apartamentos de interés social (VIS) y prioritario (VIP) durante los próximos 10 años.

Sin embargo, hoy el proyecto tiene tres demandas. Una por el cambio de suelo, otra a la licencia de urbanización y otra por silencio istrativo positivo.

Cabe mencionar que este cuenta con licencia de urbanización, pero no de construcción, porque desde la Secretaría de Planeación de Sesquilé aseguran que no se ha cumplido con la ejecución de las obras de urbanismo (infraestructura de servicios públicos y vías, espacio público efectivo, entre otros). No obstante, la constructora indica que ellos cumplen con los requisitos y que simplemente no les quieren otorgar el permiso.

Juan Carlos Soler, presidente de la constructora Viu Group Soler, le dijo a EL TIEMPO que no entendía por qué la istración municipal y los concejales no le daban la oportunidad a la comunidad de tener a vivienda VIP y VIS, cuando en el municipio, según el Dane, hay un déficit de 3.000 viviendas, y tampoco comprende por qué a otros dos proyectos –de casas campestre y lotes para construcción– sí les otorgaron licencia de construcción.

Asimismo, aseguró que el proyecto desde un comienzo tuvo oposición y desde antes de salir a ventas hubo información negativa y se inventaron cosas en redes sociales contra el proyecto.

“Hemos conocido que no están a favor del proyecto porque dicen que no hay servicios públicos, pero eso no es cierto; en ese predio hay disponibilidad de acueducto, alcantarillado, energía y gas. Incluso, el municipio tiene un problema grandísimo con la separación de las aguas lluvias y negras –en el que ya está trabajando–, pero en el proyecto nosotros vamos a implementar el sistema con nuestros recursos”, indicó Soler.

Una persona que forma parte de la constructora y que pidió no ser citada dijo que fueron “encubiertos” a la oficina de Planeación del municipio a preguntar sobre el proyecto y allí les dijeron que era mejor que no compraran esos apartamentos porque muy probablemente no se iban a construir e iban a perder el dinero.

EL TIEMPO consultó a residentes y concejales de Sesquilé para conocer las razones por las cuales no quieren que se construya viviendas VIP y VIS en su jurisdicción.

Un habitante que prefirió no ser citado aseguró que la principal razón por la que en la población no quieren que se realice el proyecto de vivienda es porque el municipio “no está preparado para crecer de forma exponencial”. Y también porque no hay disponibilidad de servicios públicos, algo que, según la fuente, no tuvo en cuenta la anterior istración municipal, que fue la que permitió el cambio del uso del suelo y otorgó licencia de urbanismo.

“Si se lleva a cabo ese proyecto, la istración actual tiene que sacar plata, no sé de dónde, para construir una mejor planta de tratamiento de agua tanto residual como potable, alcantarillado y demás, son gastos que implican mucha plata y no la hay”, indicó.

El concejal Sergio Sánchez, por su parte, dijo que hay varias inconsistencias en la resolución 053 de 2018, por la cual se resuelve una solicitud de viabilidad o disponibilidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

“Junto a otros cabildantes pudimos establecer que hay dos resoluciones 053 de 2018, pero con contenidos diferentes. En una se otorga viabilidad para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y la otra dice que se otorga viabilidad parcial y/o condicionada acerca de los mismos servicios, por lo que creemos que pudo haber falsedad en documento público”, aseguró Sánchez.

Asimismo, señaló que hay desconfianza porque en 2011 hubo un proyecto de vivienda VIS en el que la gente que invirtió perdió la plata debido a que la constructora que lo promovió, según el concejal, se declaró en bancarrota.

En la misma línea, la concejal Sonia Muñoz explicó que, además de las irregularidades en el proceso, en el predio Valparaíso hay una fuente hídrica que ya fue reconocida por la CAR por medio de un estudio de cartografía (Igac).

“No hay suficiente cobertura de servicios públicos para los habitantes de hoy en día; entonces ¿cómo se pretende que haya para 1.500 viviendas? Además, aquí ya existe vivienda de interés social, hay 150 casas en El Pinar, y de esas solo hay 34 propietarios de Sesquilé; el resto es gente de afuera, a raíz de eso hemos tenido problemas de inseguridad, atracos y microtráfico”, contó.

Otras de las razones que plantean concejales y residentes son: el riesgo del bienestar social, que pocas personas van a poder acceder, no hay suficientes colegios, solo cuentan con un hospital de primer nivel, que comparten con Gachancipá, y no hay parques.

El alcalde de Sesquilé, Orlando Díaz, le dijo a EL TIEMPO que este proyecto se empezó a ejecutar en la istración pasada y que no está en contra de él, pero sí de la cantidad que se quiere construir y asegura que el municipio no necesita todo ese número de viviendas.

“No tengo intereses ni políticos, ni económicos. Mi gran responsabilidad nace de que las personas que vayan a habitar una vivienda por la que sacrificaron sus recursos, por lo menos les podamos garantizar los servicios públicos, su calidad de vida y su inversión”, explicó Díaz.

De igual manera, dijo que los otros dos proyectos fueron aprobados por la istración pasada, y que actualmente están en procesos de legalización. Agregó que no se puede comparar el suministro de servicios públicos a 250 viviendas con más de 1.500.

No obstante, el alcalde indicó que la decisión sobre si se construye o no el proyecto de la constructora Viu Group no depende solo de él, ni de la Secretaría de Planeación, sino de que un juez determine qué se va a hacer con este proceso y si deben haber cambios técnicos.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

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