Detención domiciliaria para Notaria Segunda de Barranquilla: no aceptó cargos por presunto entramado de corrupción

El Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla ordenó detención domiciliaria para Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda del Círculo de la ciudad, tras ser imputada por la Fiscalía por su presunta participación en un entramado delictivo que facilitó la apropiación irregular de tierras públicas y privadas.

(Lea: Capturan a notaria en el caso del robo de tierras en el Atlántico: ya son 18 los detenidos por esta red criminal)

Meza Caballero fue procesada por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, asociación para la comisión de delitos contra la istración pública y urbanización ilegal, según la acusación presentada por la fiscal octava delegada ante la Dirección Especializada contra la Corrupción. La funcionaria judicial no aceptó los cargos que se le endilgan.

La medida de aseguramiento en su lugar de residencia fue adoptada por el juez debido a su edad y a un cuadro de hipertensión que presenta, indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía, la notaria habría jugado un papel clave en la legalización de documentos falsos para facilitar la venta de terrenos públicos, entre ellos una zona verde destinada a un parque en el municipio de Soledad y un predio reservado para la construcción de un megacolegio.

Estas acciones habrían favorecido la comercialización fraudulenta de lotes avaluados en cerca de 50 millones de pesos cada uno, lo que representa un desfalco estimado en 22 mil millones de pesos sobre una extensión aproximada de 277.000 metros cuadrados.

El nombre de Meza Caballero aparece vinculado al de otros 17 capturados en esta operación anticorrupción, varios de ellos funcionarios o exfuncionarios de la istración de Soledad y de oficinas de instrumentos públicos. 

Las autoridades señalan que esta red permitió la creación de matrículas inmobiliarias fraudulentas, el desbloqueo de resoluciones judiciales y la ocupación ilegal de predios mediante amparos policivos emitidos a favor de particulares.

Entre los funcionarios comprometidos, la Fiscalía menciona a registradores que omitieron revisar la legalidad de los títulos, notarios que protocolizaron escrituras sin verificar impuestos ni antecedentes legales, y calificadores jurídicos que no cumplieron su deber de control sobre los documentos registrados. También se identificaron inspectores de Policía que habrían legitimado la ocupación ilegal de terrenos públicos a través de actuaciones irregulares.

Este escándalo, que fue revelado hace unos días por el presidente Gustavo Petro, compromete el patrimonio público, retrasa proyectos urbanísticos como jardines infantiles y centros comunitarios, y ha generado un caos legal que afecta directamente a unas 1.800 familias.

Las autoridades aseguran que esta es solo la primera fase de un proceso de investigación más amplio. 

(Lea: Air-e Intervenida pide auxilio financiero a la Superservicios para pagar deuda de $1,1 billones con generadoras)

Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional continúan recopilando pruebas para llevar ante la justicia a todos los presuntos  responsables de este esquema de corrupción.