Pese a tutelas, concejales y funcionarios de alcaldía de Tuluá claman aún por seguridad

Con estas palabras, el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió a la tutela interpuesta por el organismo y por la sede de este estamento en el Valle del Cauca ante el Juzgado Tercero Municipal del Circuito de Tuluá por las amenazas a los concejales de Tuluá, así como a funcionarios de la misma alcaldía de esta localidad del centro del Valle del Cauca por parte de la banda 'La Inmaculada', la cual se reconoce así misma como 'La Oficina'.
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“Necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel de riesgo en el que ahora mismo se encuentran”, dijo el funcionario.

"Ante la situación actual de peligro y riesgo extraordinario al que están sometidos estos servidores de elección popular, y teniendo en cuenta que durante el 2023 en el municipio fueron asesinadas 124 personas, es oportuno asegurar la eficacia de las medidas solicitadas. Los entes accionados deben proteger de manera integral sus derechos constitucionales”, dijo el defensor Camargo.

“El Juzgado Tercero Municipal del Circuito de esa población vallecaucana, mientras emite el fallo de primera instancia, ya conminó a la Unidad Nacional de Protección a realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales a favor de los demandantes", dijo el defensor del Pueblo. 

La tutela, según el defensor, conmina por ahora a medidas provisionales de protección a los funcionarios, mientras el Juzgado emite un fallo. Este proceso va dirigido a la Unidad Nacional de Protección (UNP); a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Policía Nacional.

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El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, señaló que aunque no tiene conocimiento de los alcances de la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, dijo a EL TIEMPO que la información conocida sobre el esquema de seguridad de los cabildantes (15 de 17 en total, pues en enero murió el concejal Eliécid Ávila, víctima de un atentado en Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2023, y el pasado 19 de abril, también fueron asesinados el vicepresidente del concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, y la funcionaria Claribet Ocampo) es la misma desde hace un mes. Aún esperan el refuerzo.

Estos atentados fueron ordenados por la banda criminal 'La Inmaculada', de acuerdo con la alcaldía de Tuluá, la Policía y la misma Gobernación.​

El mandatario sostuvo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) les habría ofrecido un esquema colectivo, mas no individual, por lo que los concejales tulueños siguen clamando por medidas, más escoltas y vehículos. Hay tres camionetas blindadas para los 15 concejales tulueños. 
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Asimismo, recordó que todos los funcionarios de la alcaldía de Tuluá fueron declarados objetivos por 'La Inmaculada'. Pero enfatizó en que cuatro de los secretarios de despacho llevan insistiendo en mejorar su seguridad a la UNP. Uno de ellos, dijo el alcalde Vélez, es el secretario de Desarrollo Institucional, Robert Posada, quien instauró una tutela que no ha sido acatada por lo que acudirá a una medida de desacato.
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​El mandatario dijo, a la vez, que es crítica la situación del secretario de Gobierno de Tuluá, José Martín Hincapié.

El alcalde Vélez sostuvo que mientras para algunos hay un escolta o dos, otros no cuentan con vehículo blindado. 
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​Inclusive, el mismo alcalde de los tulueños dijo que él siendo amenazado por 'La Inmaculada' cuenta con un solo vehículo blindado de la UNP, pero en esta semana está siendo reparada por algunas fallas mecánicas. Por ello, su seguridad recae en un esquema privado, contando con la Policía. No obstante, destacó que en conversaciones con un directivo de la UNP ha recibido el respaldo. 

Sin embargo, le han indicado que esta institución tiene un gran número de requerimientos por lo que no daría abasto.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también ha elevado el clamor a la UNP por más seguridad. La mandataria ha manifestado que la Policía Valle está brindando la seguridad a los concejales tulueños, pero de manera temporal, debido a que esa no es su función. "No los podemos dejar desamparados", anotó la gobernadora Toro.

El presidente del concejo de Tuluá, Javier Jaramillo, pide garantías. Ha sostenido que a sus compañeros y a él les preocupa el ejercicio de la democracia en el municipio. "Estamos en un momento de tristeza por estos hechos". Ha expresado que el concejal Londoño venía pidiendo más seguridad y que sentía temor por su vida. El concejal asesinado tenía un solo escolta.

También dijo que los concejales desde enero de este año vienen con la misma zozobra. Salir de sus viviendas, pero con miedo de no volver y de ser asesinados.​

Los demás concejales se preguntan sobre por qué los trámites ante la UNP no tienen la celeridad debida, ante los elevados riesgos. "El concejal Londoño venía diciéndolo porque estaba amenazado, pero uno se pregunta de por qué no se tomaron más medidas".

Coinciden con el alcalde Vélez, quien dijo que aunque la UNP les ha informado su voluntad, la gestión ha sido lenta. 

​Hasta ahora hay cuatro capturados por los asesinatos del concejal Londoño y de la funcionaria Ocampo.