Luz Mery Tristán: ¿Por qué la defensa de Andrés Ricci se basó en vencimiento de términos?

El asesinato de Luz Mery Tristán, durante el primer fin de semana de agosto de 2023, causó que diferentes sectores del país exigieran justicia por la gloria nacional. Han transcurrido un año y casi cinco meses desde aquellos disparos que escucharon los vecinos de la vivienda de un conjunto exclusivo en la vía a Cristo Rey.

El abogado de Andrés Ricci, imputado por feminicidio, argumentó este 29 de enero que su defendido no tiene culpa en que el sistema judicial esté congestionado y genere demoras en los procesos. Aseguró que habían transcurrido 150 días desde el inicio del juicio, tiempo que permitiría el vencimiento de términos.

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Un disparo le segó la vida a Luz Mery Tristán, entre el 4 y el 5 de agosto de 2023, en su casa ubicada en un conjunto residencial, ubicado en El Mameyal.

Sus últimos momentos de vida transcurrieron en una de las habitaciones del predio, donde el cuerpo fue hallado.

Murió por un solo disparo, pero la puerta del mismo cuarto tenía señales de cuatro impactos de bala, aunque en un comienzo la Fiscalía habló de tres.

Es así cómo tomaron más fuerza versiones de vecinos del conjunto El Mameyal sobre haber escuchado disparos, en la noche del viernes 4 de agosto de 2023. 

Fue en ese momento en que empezó la tragedia en enlutó a sus cinco hijos, a su familia, a sus amigos, y a los niños y a los jóvenes que se formaban desde 1996 en la escuela que Luz Mery Tristán creó con su mismo nombre: Luz Mery Tristán Centro Deportivo. El deporte y todo Colombia siguen de luto.

En desarrollo de la diligencia judicial en agosto de ese 2023, los investigadores hallaron en la vivienda una pistola semiautomática, un revólver y tres pistolas traumáticas.

“Ninguna de las armas contaba con los documentos que acreditaran su permiso de porte, por lo que todas fueron incautadas”, indicaron en la Fiscalía.

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Al hacer la reconstrucción sobre qué habría podido suceder, la aproximación más cercana que las autoridades dan es que en la noche del 4 de agosto se habría registrado una discusión y luego retumbaron los disparos, uno de los cuales le arrebató la vida a la campeona.

Después transcurrieron más de 20 horas para que del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con la Policía Metropolitana de Cali, del modelo de vigilancia por cuadrantes, descubrieran el cuerpo. Fue a partir de una llamada telefónica a la Fiscalía.

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Fue así que un grupo del Cuerpo Técnico de lnvestigación (CTI), de la Fiscalía, con uniformados de la Policía acudió al condominio de la campeona mundial. Por ello surgió la versión de una orden de allanamiento al lugar.

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En el sitio estaba la pareja de la expatinadora: Andrés Gustavo Ricci García, quien quedó, en ese momento, en custodia de las autoridades hasta que el domingo 6 de agosto de 2023, su captura se legalizó en una audiencia hasta la medianoche de ese día ante un juez de control de garantías y también se legalizó la incautación de las armas.

El lunes 7 de agosto de 2023 se cumplió la audiencia de imputación de cargos: presunto feminicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, rios, partes y municiones, cargos que el capturado no aceptó.

Luego, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en una cárcel, a lo que el juez accedió. La Fiscalía busca probar que hubo feminicidio.

Valeria Tristán, la hija de Luz Mery Tristán, lanzó la voz de alerta, cuando aseguró que sus hermanos y ella se enteraron de la audiencia, en la cual, el abogado de Andrés Ricci, capturado en 2023 como el presunto feminicida, solicitaría vencimiento de términos para lograr la libertad de su defendido. 

Según la veedora Luz Betty Jiménez de Borrero, ese término se aplica con la finalidad de que el juez y la Fiscalía ajusten su proceder como funcionarios públicos a lo que ordena la ley en cuanto a la celeridad en la ritualizad procesal, pues de lo contrario, las personas pudieran continuar privadas de la libertad en forma indefinida por negligencia y morosidad del juez.

"En este caso, el debate jurídico que por lo demás es necesario, debe hacerse a la rama judicial porque queda en evidencia una vez más, que no es con leyes draconianas ni con reformas a los códigos , como se logra la “pronta y cumplida justicia" que al no cumplirse conduce a la impunidad y pérdida de credibilidad de la rama judicial como parte del poder público", dijo la abogada Jiménez de Borrero.

"Esta situación es un caso más de los que constantemente los procesos terminan archivados , impunidad total en una sociedad que clama justicia", anotó.

De acuerdo con el ministerio de Justicia, cuando una persona es vinculada a proceso penal ya sea por captura en flagrancia o por captura judicial y en las primeras audiencias realizadas se impone medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya sea en centro penitenciario (cárcel) o en el domicilio del procesado, esta medida de aseguramiento tiene tiempo límite de duración de un año o 365 días, con el fin de garantizar al procesado que su juzgamiento se haga dentro de un plazo límite razonable y su derecho a la libertad sea en menor proporción restringido.

El asesinato de Luz Mery Tristán ocurrió hace un año y casi cinco meses, desde que Ricci fue capturado y a quien le dictaron medida de aseguramiento. Sin embargo, en las audiencias fijadas para continuar el proceso hubo aplazamientos por argumentos sobre impedimentos de la defensa de Ricci, al parecer, por problemas de salud, según fuentes de la Fiscalía. 

Además: "La Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación o la defensa del procesado podrán solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad carcelaria o domiciliaria por una medida no privativa de la libertad", explicaron en esta cartera del Gobierno Nacional. 

A su vez, "se deberá probar ante el juez de control de garantías la razón por la cual no se han llevado a cabo las audiencias de conocimiento dentro del término no hayan sido aplazadas por la defensa y para esto se debe presentar: copia de las actas de audiencia o de las actas de audiencias fallidas o aplazadas donde se indique por qué no se llevaron a cabo las diligencias; solicitar al Centro de Servicios Judiciales la constancia de la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad y descargar el historial del proceso desde la página web de la rama judicial".

Según el ministerio de Justicia, el juez recibirá y fijará una nueva fecha de audiencia, en la cual decidirá sí revoca o sustituye la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Tras la elección de la mesa directiva de la Comisión Legal de Mujer, dignidades que asumieron las concejales Audry María Toro y María del Carmen Londoño, las integrantes de esa célula reclamaron de las autoridades competentes informes relacionados con el feminicidios y otros hechos de violencia que afectan a las mujeres en Cali.

En palabras de Valeria Tristán, hija de la expatinadora: "Desde el inicio del juicio hemos sido testigos de una serie de maniobras diseñadas para alargar el proceso, audiencias canceladas, testigo por parte de la defensa que no se presentan y justificaciones como cansancio físico o cirugías para retrasar el juicio".

También dijo: "No se trata de la falta de pruebas, todas señalan su culpabilidad. Se trata de garantizar que el feminicidio no quede sin castigo (...). Andrés Ricci no puede quedar en libertad. Su confesión junto con las pruebas irrefutables, debería ser suficiente para avanzar hacia una condena ejemplar que envíe un mensaje claro: en Colombia, el feminicidio no será tolerado".

"No permitan que este caso se pierda en el olvido o en los vacíos de un sistema que beneficia al victimario. Andrés Ricci no puede quedar en libertad. Su confesión, junto con las pruebas irrefutables, debería ser suficiente para avanzar hacia una condena ejemplar que envíe un mensaje claro: en Colombia, el feminicidio no será tolerado”, dice un comunicado de allegados de la familia de la deportista.

El caso de Luz Mery Tristán fue puesto sobre la mesa por la Concejal Alexandra Hernández Cedeño, María del Carmen Londoño Sanna y Daniella Plaza Saldarriaga. Y es que los casos de violencia contra la mujer aumentaron en el año 2024 que cerró con nueve feminicidios.

Alexandra Hernández instó a la Comisión de Mujer del Concejo de Cali aumentar los esfuerzos para reducir la violencia de género. Dijo Hernández que en el año 2024, se registraron 1804 casos de violencia contra la mujer, 300 casos más que el año 2023. Igualmente puso como ejemplo la dilación en que se encuentra el caso de Luz Mery Tristán, por lo que propuso a la Fiscalía y a los jueces de la República dar aplicabilidad al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal que habla sobre las causales de libertad a un sindicado.

“En este caso, no le pueden dar la libertad porque es la defensa del sindicado quienes vienen dilatando el proceso, no es el aparato judicial. No se ha podido adelantar la audiencia de juicio oral por consiguiente no es posible conceder la libertad. El Ministerio Público debe intervenir en este caso”, advirtió la concejal Alexandra Hernández Cedeño.

De paso, convocó a la mesa directiva de la Comisión Legal de Mujer a que adelante reuniones con la Fiscalía y Medicina Legal, con el propósito de buscar caminos más expeditos a los casos de violencia de género. “Hay que buscar soluciones a los casos de violencias de género para evitar los feminicidios”.

La concejal Daniella Plaza fue más allá tras revelar que en los primeros seis meses del año 2024, se registraron 8 casos de feminicidios, un incremento comparado con el año 2023. Sumado a ello, dijo, que en el año 2024 se registraron 13.000 casos de violencia con enfoque de género. “El 70 % de esos casos ocurren al interior de los hogares y los agresores en un 75 % son personas que conviven o han convivido con mujeres y un 43 % corresponden a las parejas o exparejas”, dijo Plaza, amparada en cifras del Observatorio de Equidad para la Mujer.

“Por eso, no podemos permitir que la impunidad reine, como está a punto de suceder con el caso de Luz Mery Tristán. Si eso pasa con una figura pública, que podrá pasar con las mujeres del común?”; cuestionó la Cabildante, quien solicitó una mesa de trabajo con el sistema judicial y el gobierno distrital para brindar garantías a las mujeres que denuncian o hacen parte de los casos de violencia de género.

La cabildante Audry María Toro, quien preside la Comisión Legal de Mujer del Concejo, anunció que se adelantarán los trámites para las citaciones respectivas a los órganos del gobierno distrital y otros como la Fiscalía. Toro dijo que tanto la política de mujer como el programa cuidarte deben ser analizados desde el concejo, sumado a ello la mujer rural y campesina, así como los feminicidios.

María del Carmen Londoño, vicepresidente de la Comisión de Mujer, se adelantó a proponer un control político a la política pública de mujer de Cali, con el propósito de conocer los avances de las obras de la Casa Matria y la articulación que hay entre secretarías, como la de Seguridad y Justicia que tiene a cargo las comisarías de familia a donde llegan de primera mano los casos de violencia de género y analizar los informes de prevención y sanción a quienes cometen delitos contra la mujer.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali