El ‘esqueleto’ de El Almirante aún flota en el embalse de Guatapé

Es notable el cambio que ha tenido Guatapé en los últimos años. Tiene un moderno malecón, un muelle en obra y muchas más empresas turísticas operando en su embalse.

Sin embargo, en el espejo de agua de este municipio del Oriente de Antioquia algo no ha cambiado: en sus aguas oscuras aún se distingue la parte superior de 'El Almirante', el barco que el 25 de junio de 2017 se hundió con 170 personas a bordo de las cuales 9 jamás salieron del agua.

Nadie en el municipio se explica bien el por qué el barco no ha sido sacado del embalse.

Algunos dicen que está como advertencia para que una tragedia así no vuelva a ocurrir y que tanto empresas como turistas, hagan uso de los elementos de seguridad dentro de la represa; otros dicen que el dueño del barco lo tiene allí y no sabe qué hacer con él, otros más dicen que como el proceso sigue en etapa de juicio la embarcación debe permanecer allí.

Daniel García Jiménez, abogado especialista en derecho istrativo y litigante en temas de responsabilidad civil y del Estado, es el representante legal de las familias de dos de las víctimas mortales de aquel fatídico día.

El abogado cuenta que estos cinco años han sido muy frustrantes para estos grupos familiares debido a que, según él, las entidades involucradas en el caso han tratado de salvar su responsabilidad individual.

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“Lo que se ha visto es que la empresa afiliadora de los botes le echa la culpa al municipio, a la Policía, a MinTransporte, a la Supertransportes y no hay una respuesta clara. Además, el barco tiene una póliza de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual por muerte, pero las reclamaciones hasta el momento se han objetado y por el caso sigue en discusión judicial”, cuenta García.

A esto se suma que la empresa Asobarcos Guatapé, a la que pertenecía El Almirante, está en fase de liquidación, por lo que no se pudo lograr un acuerdo de conciliación para la reparación de los perjuicios.

¿En qué va el proceso? Cuenta el abogado que en los casos que él maneja, uno involucra solo a la aseguradora y Asobarcos, para el cual hay audiencia en agosto próximo en la que se practicarán pruebas, se harán alegatos finales y habría fallo en primera instancia.

“En el otro proceso que manejo sí están involucradas las demás entidades (Alcaldía de Guatapé, Policía, MinTransporte, Supertransportes). En esta hay audiencias de pruebas para febrero del 2023. Es probable que a finales del próximo año habría un fallo en primera instancia para esas familias”, expresa el litigante.

Para él, hay una responsabilidad compartida entre Asobarcos y las demás entidades estatales vinculadas. En la primera, porque era la empresa afiliadora de la embarcación y debió tomar las medidas de seguridad y en las demás, asegura que hubo controles que se debieron ejercer y que no ocurrieron.

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“A pocos metros del malecón se ubica el Centro istrativo Municipal, así como la Policía y la Inspección Fluvial y se ha logrado evidenciar que una actividad regulada que debería estar más controlada, operaba casi que de manera artesanal”, opina García.

Y agrega: “No hubo vigilancia previa porque esas embarcaciones tienen que tener una idoneidad en cuanto a resistencia y flotabilidad para desempeñar su actividad y lo que se logra ver es que los controles no fueron suficientes, porque la causa de la tragedia es que se rompió uno de los portones del barco”.

A falta de respuesta por parte de la justicia, las familias de las víctimas deben rememorar esta tragedia que les ha dejado secuelas mentales, además del luto de perder a un ser querido.

Miedo al agua o a cualquier actividad fluvial, familias fracturadas al perder a una madre o a un hermano son algunas de las secuelas que aún siguen vivas en quienes sobrevivieron al hundimiento y en las familias de quienes no lo hicieron.

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Cuenta el representante de las víctimas que en estos grupos familiares se ha generado un complejo de culpa por el simple hecho de llevar de paseo a su allegado que perdió la vida.

“Era una actividad recreativa y los familiares llevaron a esa persona a divertirse, a pasarla bien y creyendo que estaban seguros. Es bastante doloroso para ellos rememorar esos momentos y me dicen que siguen muy vivos en su memoria”, expresa el abogado.

A pesar de ser un municipio vituperado por las muertes ocurridas en el embalse, Guatapé sigue siendo, quizá, el principal destino turístico de Antioquia y cada fin de semana pueden llegar hasta 50.000 personas, de las cuales, entre 16.000 y 20.000 pasean o realizan alguna actividad en el espejo de agua.

No solo hay más personas, también ha incrementado el número de empresas prestadores de servicios acuáticos en el embalse, así como el número de embarcaciones en el malecón, lo que ha generado una especie de hacinamiento.

Datos de las cooperativas que trabajan en la zona dicen que hay más de 200 lanchas, 12 barcos y 30 planchones. A esto se suma que las empresas pasaron de poco menos de 20 a 45 en los últimos años. De estas, 33 están en el malecón.

Sin embargo, al hacer un recorrido por la zona, en todas las embarcaciones se observó el uso del chaleco salvavidas obligatorio en s y tripulación.

Para John Jairo Giraldo, encargado de Gestión del Riesgo de Guatapé, desde lo ocurrido en 2017 se ha mejorado en el control que se le hace a las empresas que prestan el servicio en el embalse. Sin embargo, indicó, no se debe pretender dejar toda la responsabilidad en manos de las autoridades.

“Esa situación nos llevó a actualizar el Plan de Gestión del Riesgo y podemos decir que las condiciones de seguridad están dadas para que se haga un uso responsable del embalse, como lo son la señalización y la vigilancia, pero se requiere más responsabilidad por parte de algunos turistas, que insisten en quitarse el chaleco o no usarlo, en nadar en zonas que están prohibidas o en consumir licor en el embalse”, cuenta el funcionario.

Y es que muchas de las muertes que se han presentado en la represa han sido por imprudencias de las personas, que insisten en dichos comportamientos con consecuencias mortales.

Cifras de la entidad indican que, entre el 2015 y el 2021 han perdido la vida 29 personas en las aguas de la represa. A estas se suman las dos jóvenes que fallecieron tras caer de un Jet-ski el 6 de abril de este año.

Sobre este caso, Giraldo lamentó lo sucedido y advirtió que es una situación derivada del uso irresponsable de un vehículo náutico privado, que no hace parte de las empresas de la zona. Esto, debido a que en el jet-ski iban tres personas sin chaleco salvavidas y de las cuales dos no sabían nadar.

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“Aquí la responsabilidad es de todos. De MinTransporte que es la que les da los permisos a las empresas, de Invías que también regula esta vía fluvial y nosotros, quien lo dijera, somos los que menos injerencia tenemos porque ya los permisos están dados. Y también está la responsabilidad de las personas, que tienen que respetar el embalse y comportarse acorde. Es imposible tener Policía para vigilar a todas las personas que están en el embalse, así como es muy complejo atender oportunamente todas las situaciones”, agrega el funcionario.

Y es que es esa, precisamente, una de las quejas que hay sobre el control en el embalse, pues sigue siendo una sola patrulla fluvial la encargada de vigilar la magnitud de la represa. De igual forma, solo hay un inspector fluvial para hacer control a las empresas.

Un vocero encargado de la vigilancia del espejo de agua, que prefirió omitir su identidad, afirma que uno de los problemas es que no hay personal de la Policía fluvial capacitado y acreditado como motoristas, una situación que se está solucionando gracias a un convenio con el Sena, donde ya hay más de 200 inscritos.

Sobre la vigilancia, el encargado de Gestión del Riesgo explica que, por más rápida que sea la reacción, es muy complejo rescatar con vida a las personas que ya caen al embalse y no salen, debido a los tiempos en los que se informa el caso y en los que se llega al lugar.

Por los lados de la alcaldía, aseguran que se consiguió una lancha rápida para las autoridades vigilantes, así como el incremento de personal de apoyo por parte de Gestión del Riesgo y MinTransporte durante los fines de semana de mayor afluencia.

Sin embargo, esto no es suficiente si no hay corresponsabilidad.

“El problema que tenemos es que todo el mundo quiere que estemos en el lugar de los hechos cuando ocurre algo y es muy complejo, en especial cuando la situación tiene lugar en un lugar alejado y se demoran en dar aviso, como ha ocurrido en varios casos”, dice el funcionario.

Además de labores de educación y pedagogía, entre los planes de manejo seguro del embalse está la construcción de un muelle único para controlar el zarpe, el cual está en obra, el cual permitirá controlar, regular e identificar las personas y embarcaciones que salgan hacia el embalse.

Esta iniciativa tiene un costo de $8.000 millones y estaría listo este año, de acuerdo con la alcaldía municipal.

ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10