Sigue la pugna entre JEP y EPM por restos óseos cerca de Hidroituango

Ha pasado casi un año desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó a EPM toda la documentación que sustentara la razón del traslado istrativo de cuerpos inhumados de los cementerios de Orobajo, Sabanalarga; Barbacoas, Peque, y La Fortuna, Buriticá, ubicados en zona de influencia de Hidroituango, proceso necesario para hacer el llenado de la represa.

Y es que según las víctimas de la zona, quienes instauraron una medida cautelar, en ese lugar hay “sitios de enterramiento, legales e ilegales”.

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El último plazo venció el pasado 29 de julio y la empresa no solo no entregó la documentación exigida, sino que –según la Sección de Ausencia de Reconocimiento– tampoco envió justificación sobre el incumplimiento, por lo cual la JEP abrió el incidente en contra del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón.

"La SAR concederá un término adicional de 10 días, contabilizados a partir de la comunicación y entrega del expediente, para que, una vez haya tenido a este, se ejerza el derecho de contradicción y defensa de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, cumpla con lo ordenado en los Autos de marras y envíe a esta Sección la información requerida", dice el Auto de la Jurisdicción.

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Según el representante legal de EPM, las condiciones sanitarias no han permitido a EPM realizar la revisión física o digital del expediente para poder corroborar que la Fiscalía General de la Nación, la sociedad Integral y la Universidad de Antioquia hicieron entrega de toda la información requerida.

Asimismo, indicó que "no ha podido ingresar a las instalaciones de la JEP para verificar si en el expediente obran las respuestas, anexos, documentos, bases de datos y demás elementos probatorios aportados, tanto por la Fiscalía, la firma Integral y la Universidad de Antioquia, lo que conlleva a que no se haya logrado una plena certeza de su existencia".

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Otras razones expuestas por EPM es una confusión en los términos y fechas, al igual que la imposibilidad de acceder a las grabaciones de las audiencias previas, algo que criticó la JEP.

Para la JEP, la renuencia de EPM a entregar dicha información afecta la istración de justicia, pero ante todo los derechos de las víctimas, por lo que la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) advirtió las posibles consecuencias de ley que podrían derivarse de estos incumplimientos.

"En consecuencia, no se trata solamente del incumplimiento de una orden judicial, lo que está sobre la mesa es la posible vulneración de derechos fundamentales de las víctimas como consecuencia del incumplimiento de lo ordenado por los jueces, se trata de un incumplimiento agravado e inisible del deber de cooperación con la istración de justicia", dice el Auto.

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Por su parte, Alirio Uribe Muñoz, representante de las víctimas que impusieron las medidas cautelares, dijo que "hay conductas que pueden rayar con el código penal, porque estamos hablando de variación de las escenas de los crímenes, tomarse atribuciones casi que para hacer funciones de Policía Judicial. El problema es definir si lo que hicieron con esos restos fue legal o fue ilegal. Cuando hicimos la audiencia en octubre del 2019, lo que quedó claro fue que ellos hicieron actividades que realmente tienen que hacerlas las entidades judiciales y no una empresa particular", opinó Uribe.

El abogado también recordó que EPM aseguró en dicha audiencia que tenía las actas de las prospecciones y todos los documentos para soportar dicha intervención "y eso es lo que no han querido entregar".

En 2017, EPM contrató a Integral para hacer un traslado istrativo de restos óseos de cementerios rurales ubicados en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, para lo cual dicha firma le pide a la Universidad de Antioquia realizar el mencionado proceso.

Sin embargo, la Fiscalía le advirtió a EPM que en caso de hallar cuerpos con signos de muerte violenta debería informarlo, pues en esa situación el proceso pasaría de ser un traslado istrativo de restos óseos a un proceso judicial forense.

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La polémica surgió tras la aprobación de las medidas cautelares por parte de la JEP, que al revisar los restos óseos que estaban en el laboratorio de Osteología de la universidad halló dos que sí tenían dichos signos de muerte violenta.

Fue entonces que se le solicitó a EPM toda la información de este proceso, para determinar dónde estuvo el error.

Sobre qué podría pasar con EPM si continúa dilatando el proceso, el abogado explicó que lo más leve es un fraude a resolución judicial, el cual podría acarrear sanciones disciplinarias o multas.

"Pero nosotros no estamos interesados en perjudicar ni a la Universidad de Antioquia ni a EPM, lo que quieren las víctimas es saber qué pasó con esos desaparecidos y cómo fue el proceso", señaló el vocero de las víctimas.

ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO en Medellín