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Exgobernador de Sucre fue acusado por presuntas irregularidades con el PAE: contratos de 18.983 a 27.387 millones

- Fiscalía acusa a Édgar Enrique Martínez Romero del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

el contrato fue celebrado sin tener en cuenta las fallas presentadas en la fase de planeación. Foto: REDES SOCIALES/FISCALÍA

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Danna Valeria Figueroa Rueda

16.05.2025 12:07 Actualizado: 16.05.2025 13:00

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La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra el exgobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, por presuntas irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) que pasó de un valor inicial de 18.983 millones de pesos a 27.387 millones.

Martínez Romero es señalado de haber autorizado sin una planeación adecuada un proceso que presentaba inconsistencias desde un inicio y que terminó encareciendo el programa de alimentación de los estudiantes de los 25 municipios del departamento.

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¿Qué establecía ese contrato con el PAE?

El contrato se suscribió el 5 de junio de 2017 con el fin de proveer complementos alimenticios a niños matriculados en colegios oficiales de Sucre. La Fiscalía sostiene que el proceso avanzó sin estudios previos serios y con un pliego de condiciones que favoreció a un oferente que incumplía requisitos básicos.

la Fiscalía acusó al exmandatario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Foto:Gobernación de Sucre

Estas fallas no fueron corregidas antes de la firma del contrato, lo que derivó en una ampliación del plazo de ejecución de 104 a 146 días y en un aumento de los costos asociados a istración, personal de apoyo e interventoría. Así fue que el presupuesto pasó de 18.983 millones a 27.387 millones de pesos, según la acusación.

Además, el contrato fue liquidado en marzo de 2018 sin las firmas del supervisor designado ni la del entonces gobernador, lo que, para la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, demuestra la falta de rigurosidad en el seguimiento y la conclusión del proceso.

Por esas razones, la Fiscalía acusa a Martínez Romero del delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, que en la práctica implica la omisión de pasos esenciales para garantizar la transparencia y el uso adecuado de recursos públicos.

El valor inicial del contrato fue de 18.983 millones de pesos. Foto:Archivo/EL TIEMPO

Martínez Romero tenía antecedentes disciplinarios

Esta no es la primera vez que el exgobernador enfrenta cuestionamientos por contratación pública. En mayo de 2024, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Martínez Romero con suspensión de nueve meses por irregularidades en la contratación de una consultoría para estudios y diseños de comedores escolares y baterías sanitarias.

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En ese caso, la Procuraduría determinó que el pliego de condiciones había sido redactado con factores habilitantes que restringían la participación de interesados, al exigir experiencia exclusiva con entidades públicas y en instituciones educativas, lo cual limitó la competencia.

De igual forma, el entonces secretario de Infraestructura, Antonio Carlos Peralta Sánchez, fue suspendido por ocho meses por fallas en la elaboración de los estudios previos que servían de base al concurso de méritos CM-004-2019.

Sin embargo, ambas sanciones disciplinarias quedaron consolidadas en salarios devengados. Los investigados ya habían cesado en sus funciones y no fue posible ejecutar la suspensión. Actualmente, la Procuraduría afronta los recursos de apelación presentados ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

se estableció que el contrato fue liquidado en marzo de 2018, sin las firmas del supervisor y del entonces gobernador. — El contrato fue liquidado en marzo de 2018, sin las firmas del supervisor y del entonces gobernador. Foto:Alcaldía

Siguientes pasos en el proceso judicial

Con la formulación de cargos, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si acepta la acusación y abre juicio contra Martínez Romero. En caso de avanzar, el exgobernador podrá presentar pruebas y defenderse ante el alto tribunal.

Hasta el momento, no se conocen ni declaraciones de la defensa ni solicitudes de versiones libres por parte del exmandatario. Tampoco se registran, hasta el momento, medidas cautelares por parte de los entes de control.

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La investigación de la Fiscalía se centra en establecer si hubo dolo o simple negligencia en la contratación del PAE. La acusación mantiene que la serie de omisiones y la falta de controles constituyen una vulneración al procedimiento que regula el uso de los recursos destinados a la alimentación de niños y niñas en edad escolar.

Finalmente, la Corte Suprema tendría la última palabra sobre el posible juicio y las sanciones que, de demostrarse la responsabilidad, podrían imponerse a Martínez Romero.

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