La guerra jurídica por una joya arquitectónica de Cartagena

El edificio Pombo, una joya Republicana del Centro Histórico de Cartagena, es actualmente el escenario de una guerra jurídica entre un grupo de propietarios legales y varias familias de poseedores.

Los primeros abandonaron la hermosa edificación a su suerte cuando nadie daba un peso por el predio y uno de los patios centrales acumulaba una montaña de basura que alcanzó los tres metros y las grietas amenazaban con tirar abajo la casi centenaria obra arquitectónica.

Los segundos lo habitan desde hace dos décadas y han mantenido en pie la edificación, pero son señalados de falsificar documentos y recurrir a la violencia para asentar su posesión sobre el predio.

Pero además, este pulso judicial que involucra a más de 40 familias, ha revelado la incompetencia del Distrito de Cartagena que no tiene normas claras sobre el uso de suelo en la ciudad, y un cartel de jueces que dilatan los procesos indefinidamente.

A comienzos de los años 20, dos casas coloniales ubicadas en la calle del Cuartel fueron demolidas para dar paso al hermoso edificio que ocupa 1.400 metros cuadrados, prácticamente una manzana entera, y que fue construido por la Sociedad Pombo Hermanos.

La obra fue finalizada en el año de 1929 y para la época fue una de las más cotizadas de la ciudad.

En 1949 el predio pasó a manos de la Sociedad de los hermanos Pedro y Matilda Ganem, de origen libanés, pero en 1966 fue vendido como propiedad horizontal.

Durante las décadas de los 70, 80 y 90, a falta de gerencia el predio cayó en desgracia y fue tierra de nadie.

“Nadie pagaba istración, algunas oficinas fueron abandonadas y poco a poco se fueron perdiendo los servicios públicos. Ante la falta de dolientes el edificio se vino a pique”, dice el abogado Jorge Rodrigo Manotas Trujillo, que aún mantiene una propiedad allí, pero que fue invadida por un tercero.

Mientras el edificio Pombo con sus tres plantas de corredores amplios, con balcones elegantes y sus dos jardines centrales acumulaban basuras y la indigencia se apoderaba de sus rincones, otras obras icónicas del Corralito de Piedra como el Claustro de la Monjas Clarisas en el barrio San Diego y el edificio de las monjas Carmelitas, donde hoy opera el hotel Santa Teresa, brillaban y se transformaban en joyas arquitectónicas.

La edificación, ubicada en la esquina de las calles del Cuartel y la Estrella, tiene seis locales comerciales y 37 oficinas que fueron convertidas en apartamentos por las familias de poseedoras que llegaron a imponer orden, según ellos, cuando nadie daba un peso por el predio.

“Arbitrariamente rompieron paredes para ampliar apartamentos y montaron conexiones hechizas de electricidad, y montaron una anarquía en la cual incluso habitantes de calle se hicieron a predios dentro del edificio”, denuncia Patricia Nieto, una de las propietarias.

Electo Caliz Fernández, líder de los poseedores y sobre quien pesan una docena de demandas penales por parte de los propietarios legales, recibe al visitante en su oficina del segundo piso, escoltado por varios hombre y un amigable perro Pitbull.

“Lo que he hecho, en más de 20 años, es mantener en pie el edificio que abandonaron, sacar basuras, alejar a los delincuentes, tapar grietas y vencer inundaciones. Hoy, cuando el edificio ha cobrado su valor, me viene a señalar de invasor”, responde Caliz Fernández, quien es acusado de imponer la violencia para expulsar por la fuerza y bajo amenazas a otros poseedores.

Según el abogado Manotas Trujillo, Caliz Fernández se apoderó de al menos de seis apartamentos, incluidas propiedades suyas.

“Acá incluso quiso meterse a la fuerza la esposa del alcalde menor número 2 de la ciudad”, asegura Caliz Fernández.

Fraude procesal, falsedad en documento público, ocupación ilegal y lesiones personales, son entre otras las denuncias que pesan sobre Caliz Fernández.

Pero la joya de esta obra arquitectónica está precisamente en la azotea: un espacio de 1.000 metros cuadrados donde Electo Caliz organizó masivas fiestas de música electrónica, durante cuatro años, que incluyeron carteles de lujo como Bomba Estéreo. Todo frente a los ojos de las autoridades de Cartagena que frenaron las fiestas el año pasado. Hoy, según el propio Caliz Fernández hasta bandas criminales han intentado tomarse la privilegiada terraza.

Milton Pereira, asesora jurídico de la alcaldía, asegura que no es competencia del Distrito definir la legalidad de la posesión del predio. No obstante, en su despacho se sigue un proceso por la elección del representante legal del consejo de istración del predio que tiene divididos a los dos grupos.

La última palabra sobre este pulso por la privilegiada propiedad, en uno de los epicentros más cotizados del país como es el Centro Histórico de la Ciudad Heroica, lo tiene la juez tercera, Muriel del Rosario Rodríguez, a quien los propietarios señalan de dilatar los procesos.

Pero algunos de los propietarios legales van más allá y aseguran que atrás del grupo de 30 familias de poseedores hay una poderosa firma que quiere hacerse al predio para el montaje de un hotel.

En la Ciudad Amurallada el edificio Pombo no es el único predio en manos de ocupas. Según la División de Patrimonio de la ciudad, hay varios predios que a falta de propietarios, son invadidos por ocupantes que no solo los toman para vivienda sino que además montan negocios, como es el caso de edificio Mainero en Getsemaní, que fue objeto de un fuerte operativo de desalojo durante el segundo semestre del año pasado. Hoy, va en camino a convertirse en un hotel.

JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARTAGENA