Indígena fue empalado por negarse a dar información de sus hijos para reclutamiento forzado en Caldas

Esta semana, se registró un hecho lamentable en contra de la integridad de uno de los habitantes de un resguardo en Caldas por parte de integrantes de una organización delincuencial. El hombre fue empalado por negarse a dar información sobre si tenía hijos. 

Los resguardos indígenas en Colombia están expuestos a varias amenazas. Entre ellas, la injerencia de grupos armados en las zonas aledañas. Esta influencia de ilegales y la petición que le hicieron al hombre estaría ligada a casos de reclutamiento forzado en el sector de Riosucio. 

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El hecho sucedió en el resguardo San Lorenzo, el pasado sábado, 11 de enero. Según la denuncia, hecha por Andrés Felipe Lasso Ledesma, coordinador nacional y abogado de la ONG Colombia visible, siete hombres, uniformados y armados, llegaron a la casa de la víctima para hacerle preguntas. 

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Según la víctima, en declaraciones recogidas por el denunciante, los hombres lo sometieron, lo amordazaron y lo empalaron torturándolo por varios minutos. Además, tiraron al piso alimentos que tenía en su residencia. 

Posterior a la agresión, el hombre fue llevado al hospital San Juan de Dios en esa municipalidad. Sin embargo, tuvo que ser remitido a otro centro médico de mayor complejidad, en Manizales. Según reporta el periódico La Patria, el personero Daimer Moreno, de Riosucio, confirmó el ataque y las denuncias respectivas.

Por otra parte, anunciaron un consejo de seguridad que se llevará a cabo desde este miércoles en el que se tratará este caso con especial atención. Esta denuncia, por parte de la Organización, agudiza la preocupación por la posible presencia de grupos armados ilegales en este territorio. 

Según Lasso Ledesma, en diciembre se reportó la presencia de personas ajenas a los resguardos de Escoptera y Pirza, en el mismo territorio, que amenazaron habitantes y obligaron al desplazamiento de muchos de ellos. 

"Agrava la situación de terror y la zozobra en toda la comunidad. Es imperativo que las autoridades asuman con urgencia su deber constitucional y legal de proteger la vida, los derechos humanos y la seguridad en toda la región", denunció el representante. 

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Por otra parte, la Policía reportó que se activaron protocolos de seguridad desprendidos de este lamentable hecho. Liliana Jiménez, comandante de la Policía de Caldas declaró, para el medio citado, que no se reportan grupos armados en la zona a pesar de las denuncias pero que, a nombre de la entidad, "igual activamos toda nuestra burbuja jurídica y especialmente investigativa para determinar si hay algún tipo de persona sospechosa en la jurisdicción".

Por ahora, avanzan las investigaciones en este caso de agresión a una población vulnerable. Mientras tanto, el denunciante también reveló que está siendo amenazado por estas acciones y que, desde el 3 de enero, no tiene acompañamiento gracias al desmonte de su esquema de seguridad asignado por la UNP desde el año pasado. 

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.