Dos presuntos integrantes de la organización criminal el Tren de Aragua fueron judicializados en la ciudad de Ipiales, Nariño, porque según la Fiscalía General de la Nación serían los responsables de extorsionar a comerciantes en la frontera con el vecino país del Ecuador.
La pareja de nacionalidad extranjera de acuerdo con la investigación enviaba a las víctimas vídeos, en los que mostraban armas de fuego y explosivos con el fin de presionar el pago de las extorsiones, acompañadas con amenazas de muerte.
Richard Yonjairo Reañez Cerven, alias JJ, y Orlandys Daniela Sánchez Gómez, alias La Mona, habrían estado extorsionando a es y propietarios de establecimientos comerciales, bares y discotecas de la ciudad fronteriza de Ipiales.
Alias JJ, quien se moviliza en silla de ruedas, y alias La Mona, según la Fiscalía serían presuntos integrantes de la organización criminal El Tren de Aragua, y habrían cometido ataques a sedes comerciales porque sus dueños se negaron a pagar las extorsiones.
Un fiscal especializado les imputó cargos como supuestos coautores de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, extorsión en concurso homogéneo y sucesivo, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
El ente investigador logró asociar nueve eventos de extorsión a propietarios de negocios, los cuales recibían videos con audios en donde se exhibían armas de fuego o granadas de fragmentación, en los que presuntamente alias JJ amenazaba de muerte a las víctimas si no pagaban.
En otras ocasiones el hombre y la mujer enviaban videos de las agresiones armadas a los empleados como una advertencia.
Fue una fuente humana la que entregó detalles a la Fiscalía de dos viviendas en las cuales residían los supuestos del Tren de Aragua y desde donde delinquían, las cuales fueron allanadas por unidades del Gaula Policía y Gaula Militar, coordinados por un fiscal especializado.
En el mismo operativo fueron incautados un fusil seis proveedores, cartuchos, una subametralladora una granada de fragmentación, dos cámaras fotográficas, un computador, seis teléfonos celulares, ocho relojes, anillos y dijes de oro, seis millones de pesos en efectivo, una motocicleta, una tarjeta de crédito y una débito, dosis de marihuana, cocaína y bazuco.
De esta manera la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de varios atentados ocurridos entre los años 2021 y 2022, en los que las víctimas fueron atacadas violentamente con armas de fuego.
Un juez penal de Ipiales dictó medida de aseguramiento contra la pareja en establecimiento carcelario.
MAURICIO DE LA ROSA
PASTO