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¿Qué va a pasar con la concesión para la vía que une al Eje Cafetero y que se contrataría en 2026? Esto se sabe sobre la nueva propuesta

La ANI analiza la propuesta que se socializaría con la comunidad el noviembre próximo. En la región esperan cambios sustanciales.

Desde hace casi tres décadas, la vía ha estado a cargo del concesionario Autopistas del Café. El corredor inicia en Caldas y termina en límites entre Quindío y Valle del Cauca.

Desde hace casi tres décadas, la vía ha estado a cargo del concesionario Autopistas del Café. El corredor inicia en Caldas y termina en límites entre Quindío y Valle del Cauca. Foto: Laura Sepúlveda

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La concesión para la vía que une al Eje Cafetero y que se contrataría en 2026 tiene enfrentados desde hace meses a la dirigencia política de la región. En esta ocasión el escenario del debate fue la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde se tuvo una sesión de control político para conocer los estudios previos y la propuesta realizada por el grupo Odinsa para esta carretera y que fueron entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
En medio de la sesión se conoció que el pasado lunes 16 de septiembre, Odinsa como originador de la propuesta, la modificó y le habría incluido algunas de las peticiones de las comunidades, sobre todo de Caldas y Risaralda, generando una nueva iniciativa que ya fue radicada ante la ANI.

¿Qué se sabe de la nueva propuesta?

El presidente de la ANI, Francisco Ospina, dijo que el originador de la propuesta tomó en cuenta las propuestas de las comunidades.
“El originador nos presentó una modificación de su propuesta, eso significa que adoptó y adaptó gran parte de las peticiones que hicieron en las diferentes mesas de trabajo en la región. No la hemos analizado, pero vamos a socializarla en la primera quincena de noviembre”, dijo el funcionario.
El originador nos presentó una modificación de su propuesta, eso significa que adoptó y adaptó gran parte de las peticiones que hicieron en las diferentes mesas de trabajo en la región.
Inicialmente, el proyecto tenía un monto de 5,2 billones de pesos, pero tras la modificación pasaría a costar 6,4 billones de pesos.
“En general, las inversiones en operación, mantenimiento, grúas y demás sobre los 204 kilómetros de la vía son casi la mitad del recaudo de peajes, es decir se reinvierte de manera directa. Son varios billones más de lo que estaba inicialmente en el proyecto”, añadió Ospina.
Según datos revelados por la ANI en la Cámara de Representantes, la nueva propuesta incluye nuevas obras y se incrementa la inversión en 481.000 millones de pesos.
Para Caldas se incluye el mejoramiento para rectificar puntos críticos entre Trinidad y La Uribe (12 kilómetros), construcción de 4 kilómetros de segunda calzada en sector de La Manuela – La Trinidad y la construcción de la intersección en La Trinidad (retornos norte y sur). Para Risaralda incluye la construcción de 4 kilómetros de segunda calzada y 4 kilómetros de cicloruta entre Altagracia y Consotá, las intersecciones en Batará y Alcalá y la operación y mantenimiento de la variante La Romelia – El Pollo durante el periodo de la concesión. Además, aparece un fondeo de subcuenta de 115.000 millones de pesos para proyectos en la región durante 5 años.
El peaje Corozal es el último de la concesión y está ubicado entre Quindío y Valle del Cauca.

El peaje Corozal es el último de la concesión y está ubicado entre Quindío y Valle del Cauca. Foto:Laura Sepúlveda

“Se hizo un inventario de todas las peticiones que se hicieron en las audiencias lideradas por el originador pero que eran acompañadas por la ANI. Por ejemplo, nos llamó mucho la atención en el tramo de La Romelia - El Pollo, que hace parte del proyecto Vías del Samán (iniciativa pública) y pedían que se incluyera la operación y mantenimiento en el programa público privado”, dijo el presidente de la ANI.

Líderes piden información clara y abierta sobre la nueva propuesta

Además de estos cambios, se mantiene la obra que causó controversia y que es la construcción de la segunda calzada entre Calarcá, en Quindío y La Paila, Valle del Cauca, que tendría un total de 58,8 kilómetros de longitud y la construcción de una variante en Calarcá.
El presidente de la ANI afirmó que hasta el momento no se han tomado decisiones frente a la nueva concesión de la vía. “Todas las posibilidades pueden analizarse y discutirse”.
El representante a la Cámara por Quindío, Jhon Edgar Pérez, dijo que la conexión más importante para la vía es la que está pendiente de hacerse y es la doble calzada entre Quindío y Valle. “Aquí lo que hay es una puja entre la dirigencia política de los tres departamentos, en quién se queda con la mayor parte de las inversiones y con todo respeto de la gente de Risaralda y Caldas, han sido ustedes los mayores beneficiados con la concesión durante 30 años y hoy se quieren oponer a que haya un poco más de equilibrio hacia el Quindío y que se pueda terminar con un corredor que es importante para todo el país”.
No obstante, quedaron dudas entre los parlamentarios pues no se aclaró si se mantenían los siete peajes que hay actualmente entre Quindío y Caldas o si se reducían o aumentaban.
“Uno se pregunta qué va a pasar con las tarifas, sin van a quitar o a poner más peajes, si van a separar los corredores viales, el tramo Armenia, Pereira y Manizales del tramo Calarcá – La Paila Esto debe servir más para conectar más al Eje Cafetero y no para desconectarlo, queremos que el Gobierno Nacional aporte para la vía nacional y no nos la carguen a la región”, expresó el representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García.
En el debate de esta semana también hicieron presencia líderes regionales como diputados y concejales, quienes, no solo insistieron en sus ya conocidas posturas, sino que pidieron información clara y abierta sobre la nueva propuesta, algo que – a su juicio- no sucedió con la anterior propuesta.
“En todas las respuestas que enviaron a esta comisión aparece la frase reserva legal, o sea, que no pueden mostrar; sin embargo, todos nos imaginamos y hacemos cálculos, qué bueno que encontráramos la manera de que las concesiones fueran transparentes en a la información”, señaló el diputado de Caldas, Luis Alberto Giraldo.
Giraldo, quien es ingeniero civil y fue secretario de Infraestructura del departamento por cinco años, afirmó que –aunque no conocen la nueva propuesta- piden al Gobierno Nacional reducir el número de peajes: pasar de 7 a 3, esto considerando que 4 de estos están en dicho departamento.
“La propuesta es que quitemos 3 de los 7 peajes, dejemos uno importante entre cada uno de los tres departamentos. (dos en Caldas por las casetas paralelas) así eso implique cambiar los valores. Con ese recaudo hagamos las obras que más alcancen y que cada territorio necesite. Y, claro, valoremos la obra de La Paila, es importante, pero debe hacerse con recursos que este proyecto le deja al Quindío y al Valle y no con los que se recogen kilómetros arriba donde también se necesitan intervenciones”, agregó el diputado.
Desde Caldas viajaron varios líderes políticos, quienes manifestaron que hicieron la ruta Manizales –Bogotá por vía terrestre y solo pagaron 1 peaje, en un recorrido de aproximadamente 293 kilómetros. Mientras que el tramo de la concesión actual del Eje Cafetero tiene 7 en 247 kilómetros.
“No podemos hablar de equidad cuando quieren que paguemos otros 30 años las mismas obras y cuando vemos que hay familias que tienen que pagar peajes para ir al médico, para trabajar o estudiar. Nuestro llamado es a que se socialice la nueva propuesta y a que no se acepte si contiene los mismos peajes intermunicipales. Nosotros, igual que este Gobierno, creemos en la movilización social y por eso nos estamos organizando con las comunidades para hacerlo en caso de que la respuesta del Gobierno, que dice ser el cambio, sea contraria a nuestra solicitud”, expresó el concejal de Manizales, Juan Camilo Muñoz.
Durante la sesión en la Cámara, el presidente de la ANI, señaló que en abril del 2025 se deben tener los resultados finales de la evaluación hecha por el originador y el proceso de selección de la iniciativa inicia en un año, en octubre de 2025. La nueva concesión entrará en vigencia en 2027.
“Si nadie más quiere participar en esta puja por el contrato se adjudicaría en enero de 2026 pero si hay otros interesados sería en junio de 2026. El Gobierno debe hacer un análisis, pero es el originador de la iniciativa privada, quien debe poner los temas en la mesa para análisis del Estado”, dijo Ospina.

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