Suspensión del parque eólico Windpeshi en La Guajira desata crisis social

El anuncio de Enel Colombia de suspender de manera indefinida la construcción del parque eólico Windpeshi, en zona rural del municipio de Maicao, La Guajira, una de las zonas más pobres y olvidadas de la nación, ha generado una crisis social y divisiones en los guajiros.

La multinacional argumenta que se debe a los retrasos significativos en el cronograma de obra debido a las constantes protestas de las comunidades indígenas wayú, lo que, según la compañía, ha derivado en mayores inversiones.

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Esta decisión tiene una incidencia negativa para el departamento, el cual está proyectado como el epicentro de la transición energética del país, por todo lo que significa en materia de inversión social y generación de empleo.

La medida impactaría inicialmente a unos 540 trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto, de los cuales 350 son guajiros.

La empresa ha anunciado que no hay certeza de cuántos trabajadores continuarán en el proyecto, ya que estos irán saliendo a medida que se desaceleren las labores constructivas. Pues estas deben seguir de cara a los compromisos sociales y ambientales.

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Según Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa Más La Guajira de la ANDI, integrada por varias empresas del sector minero energético, entre ellas Enel Colombia, “hay que tomar cartas en el asunto porque esto puede ser el principio del fin”.

Explica que esto puede desencadenar en que otras empresas tomen la misma decisión y que, en un efecto dominó, comiencen a caerse los proyectos.

“Estamos a tiempo aún de ponernos de acuerdo y trabajar en esos retrasos que tienen los demás proyectos en procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental”, indicó Baquero.

Por su parte, el Gerente de la RAP y exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, indicó que es un pésimo mensaje y un duro revés para la transición energética.

“La Guajira tiene en este y otros proyectos de generación de energía eólica una ventana de oportunidad, que no podemos permitir que cierre y no aprovechemos para el desarrollo económico y social, reportándole un beneficio tangible al pueblo wayú asentado en el área de influencia de los mismos”, dijo Acosta.

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Indicó, además, que pierde el país porque quedan en el limbo 205 MW (288 GWH) de potencia, con compromisos de cargo por confiabilidad, que le fueron asignados a esta empresa en la subasta de 2019, que ha debido entrar a operar e integrarse a la matriz eléctrica a finales del año pasado, pero que debido a los atrasos que ha tenido su ejecución se reprogramó para 2024 - 2025.

Para Acosta, el daño puede ser mayor y aún peores pueden ser las repercusiones, habida cuenta de que los proyectos de los parques eólicos le han abierto a La Guajira la posibilidad de otros desarrollos tales como la producción de hidrógeno verde, y con este el desarrollo de un portafolio de la industria de los fertilizantes, teniendo como insumo el hidrógeno.

La gobernadora de La Guajira, Diala Wilches, convocó una reunión con el Gobierno Nacional, departamental y local, junto a otras autoridades para intentar superar esta noticia que consideró de lamentable.

“La Guajira no puede perder la oportunidad de convertirse en un centro de desarrollo de energías limpias. En nombre del pueblo guajiro les pido a Enel Colombia y al Gobierno que son las partes intervinientes en el contrato, que no dejen al departamento, a Colombia y al mundo sin este sueño”, añadió Wilches.

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Igual posición plantea el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles Julio, tras hacer un llamado “a la concertación y al desarrollo de mesas de trabajo que permitan escuchar y garantizar el bienestar de las comunidades, además de socializar la importancia de estos desarrollos tecnológicos y encontrar las mejores formas para seguir avanzando en el camino de la sostenibilidad".

El alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, indicó que el tema es complejo porque hay un choque entre lo occidental y lo cultural, en el que ha faltado comunicación y conocimiento, pero, no es nada que no se pueda superar, “para eso estamos las entidades territoriales para ser ese garante y ese enlace de los territorios hacia estas empresas”.

La Asociación Shipia Wayú, peticionaria de las medidas cautelares de la CIDH, indicó a través de su cuenta de Twitter que es “una muy buena noticia para nuestro territorio. Se evitará más derramamiento de sangre, además del daño y degradación ambiental que sólo traerá más miseria a las comunidades wayú”.

Por su parte, el representante de la ONG de derechos humanos Nación Wayúu, José Silva, indicó que no tienen ningún bloqueo que le impida a la empresa viabilizar su proyecto.

“Esto tiene más tinte político que otra cosa, como en búsqueda de desestabilizar lo que el Gobierno quiere en el tema de transición energética, el presidente Gustavo Petro ha querido sacar adelante esto y extrañamente Enel busca culpables”, dijo Silva, uno de los más acérrimos opositores al proyecto, quien, además, ha denunciado violaciones a los derechos de consulta previa, enfrentamientos entre clanes y desplazamientos.

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Sostiene que es irresponsable por parte de la empresa decir que es por culpa del pueblo wayú que no quiere el proyecto.

“Cuando ellos son los que han venido engañando y manipulando estos procesos consultivos y deben ser sinceros en decir porque se van y ¿por qué están presionando al Gobierno? Cuando ellos están bien adelantados y las comunidades dijeron que estaba bien y confiaban en la empresa”, afirmó Silva.

En junio de 2020 se había aprobado la inversión para la construcción del proyecto, el cual se planeó que estaría listo para junio de 2022, fecha que fue ampliada a diciembre de 2023. Este año, se estimaba que las obras podrían estar listas en el segundo semestre de 2024 debido a las parálisis.

En 2021 la empresa decidió parar la obra de construcción del parque durante seis meses por algunos problemas internos de las comunidades indígenas, solo se trabajó en la vía de .

Muchos de estos conflictos a juicio de la multinacional no son causados por el proyecto, son propios de las comunidades como conflictos internos y de clanes, problemas de seguridad y orden público.

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En lo que va corrido del año, han tenido tres bloqueos en el parque eólico Windpeshi, que han impedido trabajar de corrido más de 73 días (más del 70 por ciento de las jornadas laborales), el último de ellos lo protagonizaba la comunidad de Wimpeshi y se conjuró el jueves de la semana anterior.

En el caso de la vía Uribia-Wimpeshi, que adecua Enel, se han presentado dos bloqueos en el mismo periodo de tiempo, que en su momento les han impedido laborar durante 29 días (más del 28 por ciento de las jornadas).

El proyecto debía interactuar con 74 comunidades indígenas, de las cuales 35 tuvieron un proceso de consulta previa, pues son las que se encuentran cercanas al parque y a la línea de interconexión.

Las otras 39 comunidades se encuentran ubicadas a lo largo de los 32 kilómetros de vía de que conecta desde el casco urbano de Uribia hasta el parque, con las cuales la empresa tuvo que realizar acuerdos de permisos puntuales para desarrollar dicha actividad.

Eliana Mejia Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha