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Víctimas de confinamiento por violentos crecieron mil por ciento en cinco años

Desplazamiento forzado también muestra tendencia al alza. En 2023 ya van casi 100 mil víctimas.

El esplazamiento y el confinamiento han generado alarma entre entidades como la Defensoría del Purblo Foto: EL TIEMPO

EDITOR DE UNIDAD DE DATOS21.09.2023 16:24 Actualizado: 21.09.2023 16:35

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En agosto de este año, en Maguí Payán, municipio del Pacífico nariñense, al menos 786 familias se vieron obligadas a quedarse confinadas por culpa de las minas antipersona instaladas por grupos armados ilegales. Un mes antes, en Ituango, Antioquia, la guerra entre disidencias de las Farc y grupos de autodefensa confinó en medio del miedo a 260 grupos familiares.

Además en Chocó, el pasado 23 de junio, voceros de diferentes comunidades aseguraron no soportar más los enfrentamientos armados que para entonces, de acuerdo con la Defensoria del Pueblo, ocasionaron 59 eventos de desplazamiento forzado masivo, los cuales afectaron a 18.755 personas y el confinamiento de 5.825 familias producto de 89 eventos.

Los tres hechos anteriores, ocurridos en un período de tres meses, son el reflejo de una realidad que, si bien pareció ceder con la desmovilización de las Farc y los avances en materia de diálogos con los grupos armados ilegales, ahora muestra una preocupante tendencia al alza: comunidades enteras qe han quedado confinadas en sus territorios o han sido obligadas, una vez más, a desplazarse por culpa de los grupos armados ilegales.

Así lo confirman cifras que abarcan desde 1985 hasta agosto de este año, recopiladas por la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y conocidas por la Unidad de Datos de EL TIEMPO.

El confinamiento es uno de los hechos de violencia que más ha crecido. Éste sucede cuando un grupo armado ilegal somete a control militar, social y político un territorio, impidiendo a sus comunidades movilizarse libremente y obligándolas a reducirse a un espacio para salvaguardar la vida de sus integrantes. Para que se configure esta práctica ilegal deben ser afectados al menos 10 o más hogares o un mínimo de 50 personas.

El drama del confinamiento

Según las estadísticas consultadas, entre los años 2017 y 2022 los registros de confinamiento aumentaron 185 % al pasar de 96 a 274. Pero lo más preocupante es el número de personas afectadas, que en ese mismo lapso mostró un aumento de 1.258 % al pasar de 3.438 a 45.012. Es decir que, prácticamente, los afectados se multiplicaron por 14.

El martes 23 y el jueves 24 de mayo cerca de 800 indígenas de la comunidad Embera Katío retornarán a su territorio en Alto Andágueda, departamento del Chocó, gracias a la articulación de la istración de Medellín con entidades como la Unidad Nacional para las Víctimas. Cabe destacar que los integrantes de esta población indígena indicaron haber sido desplazados por grupos armados ilegales de sus tierras, en Bagadó (Chocó), por lo que se asentaron en Medellín a la espera de poder quedarse en la capital. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Y este año el fenómeno sigue muy vigente. Con corte al mes de agosto de 2023, la Unidad de Víctimas ya reporta un total de 159 casos, que han dejado 10.750 personas afectadas en todo el país.

Y son las comunidades étnicas las que más sufren este flagelo. De acuerdo a los datos oficiales, los indígenas y los afrocolombianos representaron, este año, el 82 % del total de víctimas de confinamiento.

En el primer caso se reportaron 6.495 víctimas hasta agosto de 2023, mientras que en el segundo hubo 2.376 personas confinadas en igual período.

Y lo que muestran los datos históricos, además, es que el confinamiento, o al menos su caracterización como tal, parece ser una tendencia más bien reciente en el conflicto colombiano. Los datos de la Unidad de Víctimas muestran que en 20 años, entre 1995 y 2015, hubo apenas 115 registros que afectaron a 1.857 personas.

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Pero desde 2016 hasta agosto de 2023, es decir en un poco menos de siete años, se contabilizaron 1.495 reportes, con un total de 175.024 afectados, tal como lo muestra este gráfico interactivo.

Desplazamiento también ha crecido

Los datos de la Unidad de Víctimas dan cuenta de que este año, entre enero y agosto, hubo 378 reportes de desplazamiento forzado en el país, que han dejado 97.829 personas que debieron abandonar sus territorios por causa del conflicto armado.

La cifra no está muy lejana a la que se presentó en todo el año 2022, cuando a corte de diciembre se reportaron 485 casos con 280.530 víctimas. De hecho, el año pasado fue el de mayor número de eventos de desplazamiento forzado en los últimos 20 años.

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La cifra solo fue superada por el número de casos ocurridos en el año 2002, en el que el conflicto armado estaba en uno de sus puntos más altos, cuando hubo 487 casos y en el 2007, donde la cifra alcanzó los 497 registros. Este último es el más alto desde 1985, fecha de inicio de la medición de la Unidad de Víctimas.

En este gráfico interactivo se puede ver, en detalle, el comportamiento, en víctimas, año tras año.

Incumplimiento del acuerdo, factor clave

Expertos consultados por este medio señalaron que hay dos factores determinantes en el incremento de los indicadores de violencia en diferentes territorios del país: el incumplimento de los acuerdos de paz y el deseo actual de muchos grupos armados ilegales de llegar con posiciones fuertes a una eventual mesa de diálogos de cara a la ‘Paz Total’.

En el primer caso, la demora y la escasa esfectivdad al avanzar en lo pactado entre el gobierno Santos y las Farc en el 2016 pemitieron que muchos actores ilegales coparan, a punta de violencia, los espacios dejados por el grupo desmovilizado.

“El Estado no hizo presencia en esos territorios, por lo que el narcotráfico y otras economías ilegales aparecieron. Y esto es algo que ni el gobierno anterior ni este pudieron conjurar”, explicó Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

Agregó que la posibilidad de llegar a diálogos, acercamientos o negociaciones con grupos armados motiva, equivocadamente, a estas estructuras a hacer demostraciones de fuerza.

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“Buscan mostrar dominación territorial y poderío militar, lo que afecta gravemente a la población civil. A eso se deben sumar, además, las acciones de respuesta o de ataque de los grupos paramilitares más radicales, que buscan destruir cualquier posibilidad de acuerdo o negociación que conduzca a la búsqueda de la paz”, enfatizó.

En ese mismo sentido opinó Angelika Rettberg, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes: "Se trata de una mezcla entre el recrudecimiento de la disputa por algunos territorios y los esfuerzos de posicionamiento estratégico de algunos grupos de cara a las negociaciones iniciadas o que pretenden iniciar con ellos", dijo.

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

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