Nuevo cobro en la factura de energía, entre los puntos clave en decretos para Guajira

Un modelo de salud propio, subsidio para familias con hijos desnutridos o en riesgo de desnutrición, un aporte que llegará en la factura de energía, exenciones de impuestos y la creación de una universidad indigena, son algunos de los aspectos relevantes de los 11 decretos publicados por el Gobierno para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada el pasado 2 de julio en el departamento de La Guajira.

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El paquete  fue firmado este 31 de julio, tal como lo anunció por redes sociales el presidente Gustavo Petro. "En consejo de ministros se expiden todos los decretos de emergencia para La Guajira", afirmó en su cuenta de Twitter.

Los 11 decretos tienen que ver con cada uno de los sectores que fuero priorizados en la declaratoria: modelo de salud propio e intercultural, agua y saneamiento básico, priorización del uso del recurso hídrico, cobertura y calidad educativa, subsidios en materia de energía, ampliación de infraestructura aérea, tributos e inversiones, atención a familias con niños en primera infancia, tecnologías de la información y medidas presupuestales, planeación y contratación.

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Una de las medidas más esperada era la que abarca el funcionamiento del sistema de salud en el Departamento de La Guajira. Al respecto, el ministro del ramo, Guillermo Alfonso Jaramillo, había señalado que se aplicarían algunos aspectos de la polémica reforma de la salud que busca aprobar el Gobierno en el Congreso.

Y en efecto, el decreto 1270, que usted puede consultar aquí, establece entre otras, giros directos para la atención primaria en salud que prestarán Centros de Atención Primaria en Salud- CAPS provenientes de la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

El Ministerio y la Adres, señala el documento, definirán “el valor del financiamiento de los servicios de la estrategia de Atención Primaria en Salud realizada a través de los Centros de Atención Primaria en Salud- CAPS (…) y realizará el reconocimiento y pago de manera directa con esta proporción, a través de un presupuesto per cápita para el financiamiento de la Atención Primaria en Salud”.

Además de ello, se establece la creación de un “modelo de salud propio e intercultural” en el departamento, el cual debe contar con la participación del Ministerio, la Secretaría de Salud y “las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo al pueblo Wayuu; afrodescendientes y Rrom, que habitan en el departamento”.

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El modelo, afirma el decreto, integra como principios “la interculturalidad, la igualdad, la no discriminación y la dignidad, bajo un ordenamiento territorial, diferencial que tenga en cuenta condiciones geográficas, epidemiológicas, organizativas y culturales”. Para eso, todos los actores del sistema de salud podran “ser transformados, reorganizados o adecuados istrativa, técnica y financieramente”.

Esa adaptación incluirá una condiciones a las EPS para que puedan permanecer en el territorio, lo que implica una “reorientación de su rol en el departamento de la Guajira”, según la reglamentación que expida el Ministerio. Además, se anuncia la creación de Instituciones de Salud del Estado cuyo objeto “será la prestación de servicios de salud, con carácter social, como un servicio público esencial a cargo del Estado”. Tendrán autonomía presupuestal y personería jurídica.

“Las Instituciones de Salud del Estado - ISE son Centros de Atención Primaria en Salud - CAPS en el nivel primario y en el nivel complementario de mediana y alta complejidad. Los Centros de Atención Primaria en Salud - CAPS serán financiados por oferta con base en un presupuesto que considere costos y gastos de operación según reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social”, añade el decreto.

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Otra medida que contemplan los decreto es la creación de una ‘transferencia no condicionada’ para atender a familias con niños y niñas en estadio de desnutrición o riesgo de estarlo. Se trata de girarle recursos a las familias que los requieran, en un programa similar en funcionamiento al del Colombia Mayor o ingreso Solidario.

El monto que se entregará por familia, luego de que se hagan las respectivas consultas y priorizaciones en diferentes bases de datos públicas y privadas, será de $500.000 pesos por familia beneficaria, tal como se lee en el decreto 1272, que podrá ver aquí.

El decreto señala también que será un único giro que deberá ser alistado “durante el término de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”.

Otro de los puntos llamativos de los decretos para atender la emergencia social y económica en La Guajira es el que tiene que ver el al servicio de energía eléctrica, particularmente para las zonas más alejadas. Además de crear planes para aumentar la infraestructura, se tomarán dos medidas en particular: establecimiento de tarifas diferenciales y la creación de un aporte que deberán pagar los colombianos en el recibo de energía.

Sobre esto último, el decreto 1276 afirma que “desde el mes siguiente a la expedición del presente decreto legislativo y hasta el término de seis meses o por un término mayor que determine el Congreso dentro del año siguiente” se establecerá en las facturas de luz del país un aporte de $1.000 pesos obligatorios para los estratos 4, 5 y 6 y de $5.000 para s comerciales e industriales destinado “a contar con recursos para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento”.

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Esta contribución se verá reflejada como” Aporte Departamento de la Guajira" y no pagarlo “tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio”.

En cuanto a las tarifas en el departamento, el Gobierno estableció que el Ministerio de Minas y Energía deberá definir la creación de “un régimen tarifario especial transitorio” para el departamento que deberá hacerse teniendo “como criterio principal la vulnerabilidad de las áreas que por sus condiciones especiales tienen necesidades de atención de demanda inmediata de energía eléctrica”.

Otro de los decretos emitidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ver con la creación de una nueva institución de educación superior de caracter público, que tendrá como énfasis la promoción de la cultura y los valores tradicionales Wayuú.

Según el decreto 1274, será una” institución de educación superior indígena

propia del pueblo Wayúu de La Guajira”, cuyo objeto será “la formación integral y la investigación en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, y contribuir al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del pueblo Wayúu y de todas y

todos los colombianos”.

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La institución, si bien estará ubicada en Territorio Indígena, permitirá el ”a todos los bachilleres que deseen ingresar, sin distinción de su pertencia étnica”: Inicialmente, señala el decreto, “se priorizará la creación de la facultad de ciencias de la salud y programas tales como ingenierías en energías limpias. ingenierías en aguas y istración turística”.

Otra de las entidades que se crean con los decretos será el Instituto del Agua, encargada de contratar, istrar y seguir todos los planes y proyectos que busquen aumentar la calidad y cobertura de este servicio básico en todo el departamento. Será una entidad con un director, nómina y presupuestos propios, según el decreto 1250.

Además, en su consejo directivo tendrán que hacer presencia representantes de comunidades indígenas, negras, raizales, afrodescendientes, Rrom y palenqueras del departamento, así como un miembro del sector privado.

Esta entidad tendrá autonomía para hacer contratación estatal directa sin necesidad de que se haga por mínima cuantía.

Precisamente sobre el tema de contratación, el decreto 1250 establece que se permitirán contrataciones directas (es decir sin procesos de selección o licitaciones) “destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para la garantía de al agua y saneamiento básico, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los hechos que originaron la declaración de emergencia y/o conjurar sus efectos”.

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Además se deberá, para estos contratos, priorizar y realizar acuerdos “con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente” a la situación en el departamento.

En cuanto al sector turismo, una de las medidas más destacadas será la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los establecimientos comerciales que estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo.

Señala el decreto 1268 que se tratará de una exención temporal que regirá desde la fecha y hasta el 31 de diciembre del año 2030. Agrega el documento que esta medida no aplicará para los municipios de Maicao, Manaure y Uribia, a los cuales ya se les aplica por ser zonas de régimen aduanero especial, según lo señala el Estatuto Tributario.

Igualmente, a las empresas que presten servicios turísticos se les suspende la obligación de pago de contribuciones parafiscales correspondientes al tercer trimestre de este año, “sin perjuicio de presentar oportunamente la respectiva declaración”.

En otros decretos también queda establecido que el departamento podrá usar los recursos provenientes de regalías para atender los proyectos que surjan como declaratoria de la emergencia social y económica, sin importar si están o no previamente incluídos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, será obligatorio destinar el 30 % de los recursos que por esta vía reciba el departamento para las iniciativas que tengan que ver con esta declaratoria.

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Además, se establece que, para garantizar el derecho a la alimentación, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, podrá realizar compra directa de sus cosechas a los pequeños productores del departamento.

Además, el Ministerio deberá “ejecutar las políticas y planes de fortalecimiento productivo, agro logística, agro comercialización y mercadeo, comprar las cosechas necesarias, importar insumos agrícolas para superar las graves situaciones de desabastecimiento o fallas del mercado, apoyar o realizar la distribución minorista de productos básicos en zonas marginales para la seguridadalimentaria departamental, municipal y en los territorios étnicos en el departamento de La Guajira”.

Igualmente, estará en obligación de “conservar existencias mínimas de seguridad de algunos alimentos e insumos básicos, para atender circunstancias extremas de desabastecimiento que no puedan ser superadas de inmediato en el mercado interno o con importaciones”

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi