Ojo, empresarios: estos son los cambios que trae la ley para que compañías entren en proceso de insolvencia

La aprobación del Proyecto de Ley 106 de 2023 Senado y 365 de 2024 de Cámara, el Congreso de la República dio luz verde a varios cambios para el proceso de insolvencia empresarial en Colombia.

La propuesta liderada por la Superintendencia de Sociedades buscaba  y logró que  se declaran permanentes los Decretos 560 y 772 de 2020, que fueron lo que apoyaron a las empresas en las dificultades que sufrieron durante la pandemia y que facilitarían el proceso. Además de brindar estabilidad a las compañías en entornos económicos desafiantes.

Entre las medidas aprobadas está el a mecanismos simplificados  que puedan  facilitar la reorganización empresarial, con  plazos de pago flexibles y alivios financieros, además se fomentan las iniciativas para la financiación del deudor y se establecen mecanismos de rescate para empresas al borde de la liquidación, previniendo su desaparición y protegiendo su viabilidad.

La modificiación al  también conocido como régimen de insolvencia empresarial, tiene como objetivo "la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo".

Para cumplir con ese cometido los empresarios pueden acogerse a  dos procesos: la reorganización y la liquidación judicial.

El primero tiene como fin preservar la viabilidad del negocio, al mismo tiempo que este normaliza sus relaciones comerciales y crediticias, a través de su reestructuración operacional, istrativa, de activos o pasivos.

Por su parte, el segundo persigue un proceso de liquidación ordenado, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.

Con el cambio se implementan marcos sólidos para guiar la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación, priorizando la cobertura y la atención a los deudores, asegurando soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.

En el caso de la  Insolvencia se establecen directrices claras, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas e implementando mecanismos robustos para proteger las empresas y los empleos, salvaguardando el tejido empresarial y el bienestar de los trabajadores.

Sobre el tema de los procesos de liquidación,  con el cambio se priorizan estrategias efectivas para la recuperación de valor en los procesos de liquidación, se enfatiza en la adjudicación en bloque o como unidad productiva y se busca  maximizar el retorno de activos y minimizando las pérdidas para acreedores y deudores.

Para los procesos expeditos de reorganización y liquidación Judicial simplificada hay procedimientos  que buscan agilizar la resolución de casos de insolvencia  para las empresas de menor tamaño al igual que se establece la aplicación subsidiaria de la Ley 1116 de 2006 para los procesos de reorganización expedita y liquidación judicial simplificada, brindando un marco legal sólido y coherente para este tipo de procedimientos.

El cambio incluye un  fortalecimiento a los  auxiliares de la justicia para atender de manera eficaz el creciente volumen de procedimientos de insolvencia, garantizando una atención oportuna y especializada a las empresas y con la modificiación Colombia se alinea con los estándares internacionales en materia de insolvencia, asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales del país y promoviendo la integración del marco legal nacional con las mejores prácticas globales.

Para atender las necesidades particulares de las pequeñas empresas, se modifican los  mecanismos  para que sean menos intervencionistas y que facilitan la búsqueda de soluciones justas y equitativas entre acreedores y deudores.

En  los procedimientos concursales, se establecen regulaciones para fortalecer la economía popular, especialmente las pequeñas y microempresas.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señalo  que recogiendo las bondades

de los Decretos 560 y 772 de 2020, que apoyaron a las empresas en las dificultades que sufrieron durante la pandemia se  permite construir sobre lo construido.

"Fortaleciendo el ecosistema empresarial colombiano y el impulso a la recuperación económica. Al aprobar la adopción permanente de las medidas establecidas en los Decretos Leyes 560 y 772 de 2020, se protegen  y salvan las empresas,  se preservan empleos y se  salvaguarda el crédito”, destacó.