La posibilidad que abrió el Gobierno para que los colombianos afiliados a
los fondos de cesantías puedan hacer retiros de este ahorro -previsto para situaciones de desempleo- con el fin de enfrentar la reducción de sus ingresos por la crisis del coronavirus, no será exclusiva de quienes tienen depositados sus recursos en los fondos privados.
Así lo señaló un reciente fallo de la Corte Constitucional, en el que declaró ajustadas a la Constitución las medidas dispuestas por el Gobierno en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica, contenidas en el decreto Legislativo 488 del 27 de marzo de 2020, que abrió paso al retiro de estos recursos y aumentó de forma transitoria el dinero del subsidio de desempleo.
Según el fallo, el artículo 3° del decreto legislativo, en lo relacionado con la posibilidad de que los trabajadores puedan retirar sus cesantías, fue declarado exequible, salvo la expresión “de carácter privado, al referirse a las as de Fondos de Cesantias.
Al respecto, la Corte Constitucional encontró que se trata de una medida que irrespeta el principio de igualdad, toda vez que el
Fondo Nacional del Ahorro istra cesantías tanto de servidores públicos como de empleados del sector privado,
y estos últimos podrían encontrase en las mismas circunstancias de afectación de su ingreso, que aquellos que tienen sus cesantías depositadas en en un fondo privado.Es decir, al ser eliminada esta frase, los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro que cumplan con las condiciones, acceder a este retiro parcial de cesantías.
Estos requisitos consisten, puntualmente, en que el trabajador haya presentado una disminución de su ingreso mensual, certificada por su empleador, para retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante.
Según datos del Fondos Nacional del Ahorro, en la actualidad más de 1,64 millones de personas están afiliadas a la entidad por cesantías, de los cuales el 87 por ciento son personas de estratos 1, 2 y 3, aunque la mayoría corresponden a funcionarios públicos.
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