Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de ley que busca adicionar 16,9 billones de pesos a los más de 405,6 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación de este 2023.
Los congresistas aprobaron el texto como venía en la ponencia y los artículos nuevos que propusieron quedaron como constancia para el segundo debate, que se surtiría de aquí al próximo martes que se acaba la legislatura.
La adición, que viene del recaudo derivado de la reforma tributaria que se aprobó a finales del año pasado, se distribuirá en 9,1 billones de pesos de inversión, 7,3 billones de pesos de funcionamiento y 500.000 millones de pesos de servicio de la deuda.
En palabras del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la estrategia es que lo aprobado se ejecute de manera eficiente y efectiva y que lo que se adicione se encamine a la reactivación económica.
Los mayores recursos de la adición presupuestal se irían para los rubros de la Educación (2,2 billones de pesos), la Salud y Protección Social (2,02 billones de pesos), Hacienda (1,82 billones de pesos) y Vivienda, Ciudad y Territorio (1,50 billones de pesos).
Para el Transporte irían 1,44 billones de pesos adicionales, para Minas y Energía otros 1,40 billones de pesos y Agricultura y Desarrollo Rural recibiría 1,31 billones de pesos.
También el rubro de la Defensa y Policía tendría 940.000 millones de pesos adicionales, Trabajo otros 928.000 millones de pesos y la Inclusión Social 624.000 millones de pesos.
Una de las críticas más repetidas por los congresistas fue si realmente es necesario aprobar nuevos recursos si algunos sectores no han ejecutado todavía los que tienen.
“Nada sacamos aprobando esta adición presupuestal si somos malos ejecutores", aseguró la representante Sandra Bibiana Aristizábal.
Y es que al cierre de mayo de 2023, los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda revelan que las apropiaciones vigentes del Presupuesto General de la Nación sumaron 405,9 billones de pesos; de las cuales se habían ejecutado, a nivel de obligaciones, 32 por ciento.
Sin servicio de deuda se había ejecutado 27 por ciento de los recursos; siendo este el
porcentaje más bajo de ejecución registrado desde 2001 para igual acumulado del año.
El mayor retraso se observa en inversión, donde se obligó 21,3 por ciento del total apropiado; indicador que llegó a 28,7 por ciento en funcionamiento y a 54 por ciento en servicio de deuda.
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