Aumento en los costos de seguridad privada: Fedeseguridad lanza alerta por reforma laboral

El pasado 28 de mayo de 2025, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, con ponencia mayoritaria de la senadora Angélica Lozano. La iniciativa plantea, entre otros cambios, el recargo dominical y festivo al 100 por ciento y la ampliación de la jornada nocturna, que comenzaría a las 7:00 de la noche.

En este contexto, gremios empresariales y sectores productivos han comenzado a pronunciarse sobre las implicaciones económicas que tendrían las nuevas disposiciones, especialmente en sectores con alta demanda de trabajo en horarios extendidos y fines de semana, como la vigilancia privada.

Uno de los gremios que expresó preocupación por la reforma laboral fue la Federación Colombiana de Empresas de Seguridad (Fedeseguridad). Su presidente ejecutivo, Nicolás Botero, expuso los principales impactos que la propuesta legislativa tendría sobre el sector.

“Las empresas de vigilancia y seguridad estamos procurando un equilibrio entre pagar lo de ley a los trabajadores, pero también un equilibrio con los s, con quien paga el servicio de seguridad, porque sin clientes tampoco hay vigilancia”, declaró Botero, al explicar las tensiones financieras que podrían surgir con la implementación de los nuevos recargos.

Botero señaló que, de acuerdo con los cálculos del gremio, el costo por trabajador aumentará un 18 por ciento de aquí a julio de 2026. Este incremento se atribuye directamente a los cambios en la legislación laboral que implican un mayor gasto por concepto de horas extras, recargos dominicales y nocturnos.

“Ese es un impacto muy duro, es un escenario preocupante porque podemos prever contracción en el servicio y migración a otros servicios”, dijo el directivo gremial, en referencia a una posible reducción de la demanda por servicios de vigilancia física debido al alza de los costos laborales.

Botero también hizo referencia a una transformación estructural que podría darse en el modelo de prestación de servicios de seguridad en el país. Indicó que mientras la media mundial en este sector es de 50 por ciento  de servicios prestados por personal humano y 50 por ciento mediante tecnología (como control de o cámaras), en Colombia la proporción actual es de 75 por ciento en personas y 25  por ciento en tecnología.

Esa diferencia, según explicó, responde a las condiciones particulares de seguridad en el país, pero la tendencia es hacia una automatización progresiva del servicio. “Hacia allá irá el servicio”, afirmó, al advertir que una parte significativa del personal podría ser reemplazada por tecnologías si los costos laborales hacen inviable la operación de empresas de vigilancia.

Entre los datos más relevantes entregados por Fedeseguridad, se encuentra la proyección de pérdida de empleos. Según Nicolás Botero, si la reforma laboral es aprobada tal como está planteada actualmente, se estima que cerca de 18.000 empleos del sector podrían desaparecer.

Esta reducción afectaría principalmente a los trabajadores que prestan servicios de vigilancia física en copropiedades, industrias y comercios, donde el modelo actual depende de la presencia continua de personal. 

“Posiblemente vamos a tener una reducción de la vigilancia privada física, que es un servicio que tiene 50 años en el país”, indicó Botero.

Frente al panorama descrito, algunas empresas del sector ya estarían considerando alternativas para reorganizar sus servicios. Esto incluiría la adopción acelerada de tecnologías de seguridad, la renegociación de contratos con clientes, y ajustes en la cantidad de turnos operativos.

El gremio ha hecho un llamado a los legisladores a revisar los impactos específicos de la reforma en sectores intensivos en mano de obra y con dinámicas laborales atípicas, como es el caso de la vigilancia y la seguridad privada.

Fedeseguridad, en representación del sector, continuará participando en los espacios de diálogo legislativo con el objetivo de aportar cifras, análisis y propuestas que permitan equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad económica de las empresas de seguridad.