Entre el riesgo y la incertidumbre / Análisis de Ricardo Ávila

No faltaron ayer las quejas entre los conductores que se acercaron a las estaciones de servicio con el fin de repostar combustible. La razón fue el reajuste de 150 pesos en el valor del galón, el cual quedó en 9.180 pesos, en el caso de la gasolina, y en 9.018 para el diésel. “Todo sigue subiendo”, señaló el taxista Álvaro Martínez mientras esperaba su turno para llenar el tanque en Bogotá.

Y ese escalón apenas sería el comienzo de una larga seguidilla de incrementos mensuales, cuyo objetivo es acercar gradualmente los precios de los carburantes a su nivel de paridad internacional. Según el Ministerio de Minas, la gasolina corriente debería costar unos 6.500 pesos más que su nivel actual, mientras que el AM está en menos de la mitad del punto de equilibrio.

Aun con las alzas programadas, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles –creado en 2007 para atenuar las fluctuaciones en las cotizaciones globales– muestra un déficit que tan solo este año ascendería a 25,4 billones de pesos. La suma definitiva dependerá de que el nuevo gobierne acepte seguir por la senda de los aumentos, que serían del orden de 400 pesos mensuales a partir de septiembre, para la gasolina.

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Más allá del argumento válido, referente a que los motoristas colombianos pagan mucho menos que sus pares en América Latina o en otras latitudes, es indudable que la istración entrante se encuentra entre la espada y la pared. Si aplaza el apretón, aumentará una cuantiosa deuda por pagar, pero si lo cumple se expondrá a las protestas de la ciudadanía y de los transportadores, justo cuando la inflación se encuentra en un punto elevado.

Aparte de que dejar contento a todo el mundo será imposible, el caso pone de presente el tamaño de los desafíos que recibirán a Gustavo Petro y su equipo. Comenzar a cumplir las promesas de campaña, mientras el Congreso debate las ambiciosas reformas anunciadas y el panorama económico internacional se oscurece, exige definir prioridades y evitar la creación de problemas adicionales.

Si bien por ahora el crecimiento de la producción nacional es muy vigoroso y las cifras de empleo muestran que el número de personas ocupadas volvió a ser equivalente al que existía antes de la pandemia, los expertos vaticinan una importante desaceleración en este semestre. Las tasas de interés en ascenso acabarán afectando la demanda interna, motivo por el cual vale la pena cuidar las actividades que atraen inversión, aportan ingresos al fisco y generan divisas.

Para múltiples analistas ese es el caso del sector de los hidrocarburos, cuya importancia estratégica es mayor ahora, por cuenta de la guerra en Ucrania. Incluso aceptando que viene un frenazo en el hemisferio norte, los cálculos de la Opep y la Agencia Internacional de Energía hablan de un consumo global al alza en 2022, que coincidirá con una estrechez en la oferta derivada de las sanciones en contra de Rusia. Bajo dicho escenario, el precio del petróleo se mantendría por encima de los 110 dólares el barril durante un buen tiempo.

Sin embargo, esas previsiones que resultan alentadoras para cualquier exportador de crudo se asoman a un enorme signo de interrogación en Colombia. La razón no es otra que el conocido planteamiento de Gustavo Petro, según el cual hay que alejarse del extractivismo y concentrarse en un modelo de crecimiento más verde y sostenible, el cual pasa por el turismo y el desarrollo agropecuario.

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De tal manera, el presidente electo anunció siendo candidato la suspensión en la firma de nuevos contratos de exploración, con lo cual comenzaría un proceso calculado en 15 años, al cabo de los cuales la economía nacional abandonaría su dependencia de los combustibles fósiles. En el entretanto el país comenzaría a volverse una potencia energética, acelerando un proceso de transición que le permitiría generar electricidad proveniente de fuentes limpias y no convencionales o convertirse en un gran vendedor de hidrógeno, cuya huella ambiental es casi nula.

En varios pronunciamientos hechos después del 19 de junio el mandatario entrante ha insistido en que el cambio será gradual. Para comenzar –sostiene– existen cerca de 190 contratos de exploración firmados y en etapa de desarrollo, lo cual garantizaría la labor de búsqueda de nuevos yacimientos. Aparte de lo anterior, las exportaciones se moderarían con fin de prolongar la autosuficiencia.

Los planteamientos hechos ocasionaron sentimientos de ansiedad en dos frentes. La posibilidad de que bajen los ingresos externos, en caso de que el primer renglón de las exportaciones entre en barrena, probablemente contribuyó a que el dólar franqueara la barrera de los 4.200 pesos el viernes, sin desconocer que el billete verde se fortaleció en general ante las monedas de las naciones emergentes.

Por otra parte, la acción de Ecopetrol todavía no se repone plenamente de un descenso significativo. En comparación con el nivel alcanzado a comienzos de junio, el título de la compañía petrolera todavía está casi mil pesos por debajo, pues el primero de julio se negoció en 2.320 pesos. El retroceso es mucho más fuerte que el registrado por empresas comparables como Petrobras, Chevron o Shell.

Lo anterior quiere decir que hay que hacer un análisis más fundamentado con el fin de trazar la ruta de los próximos cuatro años. Más allá del discurso electoral, es indispensable examinar la conveniencia de acelerar de manera explícita el declive paulatino en la producción de hidrocarburos, cuyo aporte a la estabilidad macroeconómica es imposible de remplazar en un periodo de tiempo corto.

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, sostiene que “la industria del petróleo y gas está llamada a continuar siendo un apalancador del desarrollo sostenible, de una transición energética responsable y de la transformación productiva del país”. Y agrega: “la solución no es empequeñecer la torta, sino impulsar otros sectores”.

Sin desconocer que la lucha contra el cambio climático es indispensable, de poco servirá un sacrificio individual si los grandes emisores de gases de efecto invernadero –como China, Estados Unidos o la Unión Europea– no hacen lo que les corresponde para disminuir la contaminación de la atmósfera. Pero incluso si los más desarrollados cumplen con la tarea, las proyecciones muestran que para mediados de siglo el petróleo será todavía una fuente de energía importante.

En consecuencia, Colombia asumiría riesgos que le pueden salir muy caros. Quienes saben de este asunto señalan que el número de contratos de exploración pendientes de desarrollar es realmente de algo más de un centenar, pues 42 de los suscritos en años pasados no podrán avanzar por causas de fuerza mayor como el orden público, mientras que otro tanto se vencerá en cuestión de meses.

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Ello quiere decir que el ritmo de perforaciones con el inventario actual probablemente será insuficiente para evitar el declive de la producción nacional de hidrocarburos, que cae en cerca de un 15 por ciento anual. La experiencia muestra que por cada contrato se perforan dos pozos y que, en promedio, apenas uno de cada siete pozos es exitoso.

Puesto de otra manera, en un negocio en el cual se aplica aquella máxima según la cual “el que busca, encuentra”, Colombia necesitaría perforar unos 140 pozos anuales para remplazar lo que extrae. Llegar a ese nivel será imposible si no se firman más contratos de exploración para subir a una masa crítica de entre 200 y 300, por lo cual el cálculo es que para 2028 apenas habrá petróleo para el consumo local y no quedarán excedentes de exportación.

En lo que atañe al gas natural la perspectiva es todavía más preocupante, pues diez millones de hogares lo usan diariamente. De ser necesario importarlo a partir de 2026, tendría que ser al precio externo que hoy en día duplica el interno, una diferencia que la asumirían los s o las finanzas estatales.

Como si eso no fuera suficiente, los efectos macroeconómicos serían notorios. Un ejercicio hecho por Corficolombiana muestra que la tasa de cambio subiría un 44 por ciento, en 2027, frente al escenario de mantener la política vigente. Y en lo que atañe al déficit comercial, este se dispararía, haciendo más grande el desequilibrio de las cuentas externas.

A su vez, la Asociación Colombiana del Petróleo calcula que la pérdida de aportes con destino a la nación y las regiones ascendería a 18 billones de pesos, mientras que la reducción de inversiones sumaría unos 21 billones adicionales. Como resultado, la salud fiscal sufriría un deterioro significativo, junto con las oportunidades de empleo y progreso en numerosos puntos de la geografía.

Junto a lo anterior, hay que preguntarse lo que puede pasar con Ecopetrol, el activo individual más valioso del patrimonio público. Como todas las compañías del ramo, la empresa tiene dentro de su estrategia de largo plazo disminuir su dependencia de los hidrocarburos, convirtiéndose en una proveedora de energía a partir de distintas fuentes.

Es indudable que la compra de ISA sirve mucho en ese propósito, anotando que las normas locales no le permiten estar en el negocio de la generación en Colombia, sino en el de la distribución. Para suplir sus necesidades internas, el conglomerado cuenta con grandes parques de es solares y avanza en el propósito de llegar a ser carbono neutral en 2050.

No menos importante es que esa labor se realiza de manera competitiva y rentable. Con un margen de ganancia antes de intereses, impuestos y depreciación del 49 por ciento, la firma es un referente mundial dentro de las de propiedad estatal.

Basta recordar que en 2021 la suma de sus contribuciones superó los 26 billones de pesos, mientras que este año ha pagado 18,4 billones en dividendos. Tales números seguramente serán superados ahora, pues Ecopetrol viene de registrar el mejor trimestre de su historia, con ingresos que entre enero y marzo superaron los 32,5 billones de pesos y utilidades por 6,6 billones.

Conservar el que es un excelente negocio requiere un manejo profesional y técnico. Es de prever que la istración Petro desmontará las decisiones que prolongaron el periodo de la junta directiva actual, pero ese deseo de tener voz y participar en el debate sobre la senda de largo plazo de la sociedad no puede conducir a errores que impliquen un detrimento patrimonial.

Y eventuales equivocaciones no solo se traducirían en una pérdida de valor, sino que disminuirían los resultados financieros que son fundamentales en un escenario de aguda necesidad de recursos. Paliar el incremento en los precios de la gasolina o contar con recursos para apoyar a los segmentos más vulnerables de la población también depende de que en este caso también se pueda mantener la casa en orden.

Reconociendo que es encomiable el propósito de buscar la diversificación productiva y disminuir la dependencia de los sectores primarios, vale la pena recordar el refrán según el cual “del afán, no queda sino el cansancio”. Al respecto, Francisco Lloreda dice que “renunciar de manera apresurada y sin necesidad a los aportes de esta industria no tiene lógica”.

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Por tal motivo, son tranquilizadoras las declaraciones de José Antonio Ocampo, el recién designado ministro de Hacienda, quien reconoció la importancia de mantener la labor exploratoria y las exportaciones de hidrocarburos. Es de imaginar que, en la medida en que se acerque el 7 de agosto, Gustavo Petro podrá escuchar a su equipo y adaptar sus políticas a lo que muestra la realidad.

Así como ha dado muestras de pragmatismo y moderación en otras áreas, es factible que el mandatario recuerde que la política es el arte de lo posible. Y que esa aproximación también se puede extender a la política petrolera.

RICARDO ÁVILA PINTO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@ravilapinto