Gobierno Petro radicó nueva reforma tributaria con la que busca 12 billones de pesos: ¿qué cambios busca implementar?

El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso una reforma tributaria por 12 billones de pesos con la que espera financiar el Presupuesto General de la Nación del próximo año y reactivar la economía a través de un paquete de nuevos incentivos tributarios. 

"El objetivo es completar los recursos con los cuales se pueda financiar el Presupuesto del 2025. Esta semana daremos la discusión en el Congreso", aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Los congresistas de las comisiones económicas de Cámara y Senado tienen hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto del Presupuesto por 523 billones de pesos, como propuso el Gobierno, o reducirlo a 511 billones de pesos, es decir quitarle los 12 billones de pesos que serán recaudados a través de esta nueva tributaria. 

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Esta es la segunda tributaria del gobierno de Gustavo Petro. La primera fue la que aprobaron a finales del 2022 y que tuvo la meta más ambiciosa de la historia con la obtención de 20 billones de pesos. 

En la radicación de la reforma, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la tributaria obtendrá alrededor de 6 billones de pesos gracias a nuevos impuestos y que otros 5,6 billones de pesos vendrán de traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025. 

El mayor recaudo vendrá de las modificaciones que se harán en materia de IVA. Al incluir este impuesto en las plataformas de juegos de suerte y azar en línea espera obtener 2 billones de pesos en el 2025 y al subirlo al 19 por ciento en los vehículos híbridos (hoy es de 5 por ciento) tendría otros 37.000 millones de pesos. 

"Identificamos que los vehículos híbridos que se estaban importando y que tienen beneficios tributarios son altamente consumidores de gasolina por lo que no deben tener una tarifa diferente", sostuvo Bonilla. 

Igualmente, dijo que se ampliará el impuesto al carbono. En particular, el Gobierno propone un incremento de la tarifa hasta $75.000 por tonelada de CO2, manteniendo el límite de tres UVT establecido desde el origen del impuesto al carbono en 2016. Gracias a este tributo, obtendría alrededor de 1,3 billones de pesos el próximo año. 

En materia de renta para las personas, la reforma buscará hacerle cambios al impuesto al patrimonio. En concreto, el proyecto radicado busca reducir el umbral de entrada desde 72.000 UVT hasta 40.000 UVT, es decir, de 3.388 millones de pesos a 1.882 millones de pesos y también se buscará gravar los activos improductivos que hoy no están identificados en el impuesto al patrimonio.

"Necesitamos identificar los activos improductivos que deben pagar el impuesto al patrimonio. Esto afectará a los 'superricos' del país", aseveró el ministro Bonilla.

Ello, según el Gobierno, permitiría que 75.341 contribuyentes paguen este tributo, lo que equivale al 1,3 por ciento del total de los declarantes del impuesto sobre la renta.

Adicional a ello, habrá una tarifa marginal de renta más alta para las personas naturales, que pasará del 39 al 41 por ciento y se incrementará la tasa de las ganancias ocasionales del 15 al 20 por ciento y en el caso de las rifas y apuestas pasarla del 20 al 25 por ciento. 

Además, dijo que la Dian entregará estímulos a quien delate a evasores pero castigará a los que lo hagan falsamente. También hará una serie mejoras en la operatividad tributaria con las que el Gobierno espera recaudar 1,6 billones de pesos. Entre otros, hará cambios en la calibración de la retención en la fuente para asalariados con el fin de que esta sea lo más cercana posible al impuesto a pagar por parte del contribuyente, lo que busca reducir los saldos a favor de los contribuyentes.

El ministro explicó que la reforma también tendrá una serie de estímulos para reactivar la economía. Entre ellos, destacó que se buscará reducir de manera gradual la tarifa nominal de renta que pagan hoy en día las empresas y que se ubica en 35 por ciento. 

El Gobierno propone que la tarifa general baje de manera gradual a 30 por ciento, a excepción de las empresas de petróleo y de carbón que mantendrán las condiciones actuales. Adicional a ello, busca que la tasa de las pequeñas y medianas sea de 27 por ciento.

También explicó que habrá otros estímulos para las energías renovables y el desarrollo del turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes, que irán acompañados de otros ya existentes como la exención de IVA en tiquetes aéreos en aeropuertos donde no hay terrestre. 

Igualmente, el proyecto busca prorrogar por cinco años más el beneficio en exención de IVA para la reposición del parque automotor de transporte público y de carga y también incluirá el ascenso tecnológico.

Bonilla mencionó que la reforma incluye la opción tarifaria para que la Nación pueda comprometerse en pagar las deudas de energía de los estratos 1, 2 y 3 o que el Fondo Nacional del Ahorro pueda hacer créditos para mejoramiento de vivienda sin necesidad de incurrir en hipoteca.

La reforma propone adelantar el cumplimiento de la Regla Fiscal del 2026 al 2025, lo que según el Gobierno les permite tener un espacio fiscal de 5,3 billones de pesos, e incorporar el concepto de la Regla Fiscal Verde. 

Según el Ministerio de Hacienda, mantener el régimen de transición de la Regla durante 2025, el cual fue establecido bajo un escenario fiscal y macroeconómico menos favorable, conduciría a realizar un ajuste fiscal mayor al requerido para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por ello, proponer adelantarlo. 

Del lado de la Regla Fiscal Verde, Bonilla explicó que se trata de incorporar la posibilidad de que el gobierno nacional tenga al sistema de crédito que financia proyectos ambientalmente sostenibles y que esos proyectos no entren dentro de la definición de la deuda de la regla fiscal.

Según Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, esta modificación permitiría financiar inversiones verdes por hasta 5,5 billones de pesos anuales (0,3 por ciento del PIB hasta 2030 y 0,15 por ciento del PIB desde 2031 hasta 2035) fuera del espacio de gasto permitido por la regla fiscal. 

"Esto va en contravía del compromiso del gobierno por el estricto cumplimiento de la regla fiscal", asegura.