Estos son los principales proyectos económicos que marcarán el nuevo periodo legislativo

En medio de un contexto fiscal que todavía luce apretado, el paquete de medidas económicas que planea presentar el Gobierno en esta nueva legislatura será crucial para lograr reactivar la economía. 

El Ministerio de Hacienda no solo prepara una reforma tributaria que le permita obtener recursos de cara al 2025, sino que también baraja modificar el instrumento de las vigencias futuras y aplicar inversiones forzosas en el sector financiero. 

Si bien en un principio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que presentarían un proyecto de ley para reducir de manera gradual la tarifa nominal de renta que pagan hoy en día las empresas y que se ubica en 35 por ciento, hace unos días declaró que también sacarán adelante una ley de financiamiento para obtener recursos adicionales.

“Dado que tenemos que incrementar el pago de la deuda de cara al 2025, tenemos que buscar recursos para garantizar un nivel de inversión. Ya estamos pensando en una ley de financiamiento que implique que tenemos que ir a buscar recursos adicionales”, afirmó el líder de la cartera de Hacienda.

Esta nueva reforma se presentaría después de radicado el Presupuesto General de la Nación el próximo 29 de julio. Sin embargo, todavía no hay certeza de qué nuevos impuestos traería.

Bonilla afirmó hace unos días que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sigue siendo una línea roja y que el Gobierno no lo tocará. Al contrario, dijo que están barajando obtener recursos a través de herramientas que permitan a la Dian combatir de una vez por todas la evasión y la elusión.

“Todavía estamos en el proceso de construcción del proyecto. Lo que sabemos seguro es que queremos combatir la evasión y la elusión, pero de una manera efectiva y no como la cuña de siempre”, señaló.

Esta sería la segunda tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Hay que recordar que a finales del 2022 se aprobó una liderada por el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y que logró recaudar 20 billones de pesos, la meta más ambiciosa de la historia.

Sin embargo, las mayores presiones de gasto se la ‘comieron’, como ha expresado el propio Bonilla. “El déficit de combustibles se ‘comió’ la última reforma y estamos utilizando remanentes para los gastos sociales”, aseguró el representante de la cartera de Hacienda a finales del año pasado.

En concreto, el centro de estudios económicos Anif calcula que durante los últimos dos años el costo del subsidio a los combustibles en las cuentas del Gobierno llegó a los 49 billones de pesos.

Estos mayores gastos sumados al menor recaudo tributario derivado de la desaceleración de la economía y a la posibilidad de recibir menores ingresos a los esperados este año deterioraron la situación fiscal.

Por ejemplo, el Gobierno ya no contará con los 10 billones de pesos que se iban a recaudar este año por cuenta del arbitramento de litigios en la Dian debido, según el exdirector de la entidad y actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, a que no se presentó una ley para solucionar este tipo de conflictos de manera más rápida, a través de árbitros especializados. A ello hay que sumarle el fallo de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías por el que la Nación dejará de recibir unos 6,7 billones de pesos.

Debido a esta situación y a una ejecución rezagada en algunos sectores, el Gobierno anunció hace unas semanas un recorte de 20 billones de pesos para este año, lo que según Bonilla les permitirá cumplir con la regla fiscal e incluso que la economía crezca 1,7 por ciento en este 2024. 

Otro de los proyectos que se presentarán en esta legislatura será uno que permita adelantar la aplicación de la regla fiscal del 2026 al 2025 para poder cumplir con los compromisos de deuda sin afectar las políticas sociales ni la inversión.

Igualmente, se prepara una propuesta para modificar las normas de prestación de servicios públicos domiciliarios en el país. De momento, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se vienen adelantando seis ejes temáticos en los que girará el proyecto: justicia tarifaria, universalización en la prestación del servicio, como el centro de la regulación, fortalecimiento institucional y gobernanza, focalización de subsidios y participación comunitaria en la prestación del servicio.

“Han sido acciones concretas las que hemos llevado a cabo junto con el ministro de Minas, Andrés Camacho, para que en el Congreso sea discutida próximamente la reforma de los servicios públicos que hoy dejan por fuera de la cobertura a los sectores populares y más vulnerables del país”, dice Alexander López Maya, director del DNP.

Respecto a este proyecto, el propio Bonilla dijo que necesitan crear un instrumento con el que puedan desarrollar el compromiso que adquirió el Gobierno de asumir los costos de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3.

Como parte del paquete de reactivación, el Gobierno también está pensado en hacerle cambios al instrumento de las vigencias futuras para poder destinar el dinero que ya estaba comprometido principalmente para obras de infraestructura en otras iniciativas del Gobierno.

Según el ministro de Hacienda, están haciendo una evaluación de las obras que actualmente se ejecutan en el país con el fin de analizar en qué van los contratos y cuáles no avanzan. Hay que recordar que las vigencias futuras son un mecanismo que permiten garantizar que una obra no se detenga y tenga garantizados los recursos en el tiempo.

También estaría pendiente la reforma laboral, que ya pasó su primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. Entre lo aprobado están los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche y no desde las 9, como son hoy en día, y el pago gradual de los dominicales con recargo del 100 por ciento (hoy es del 75 por ciento).

Igualmente, está pendiente continuar el debate del proyecto que le pondría topes al impuesto predial para evitar que se dispare, situación que ya ha ocurrido recientemente en municipios de Cundinamarca.

Para el año de entrada en vigencia de la actualización catastral, los municipios solo podrían hacer un incremento de hasta del 30 por ciento del monto del predial el año anterior en los predios urbanos de 135 salarios mínimos o menos, es decir, unos 175,5 millones de pesos. 

En el marco de la reactivación económica, el Gobierno también ha adelantado reuniones con diferentes sectores empresariales. En concreto, ya hay avances con el sector financiero. “Estas mesas ya están dando frutos. Los bancos están reduciendo la tasa de interés a una velocidad mayor a la del Emisor en los créditos de vivienda. No se trata de una ‘guerra’ de tasas sino de un proceso de reactivación”, manifestó Bonilla.

En ese sentido, destaca que entidades como Bancolombia, Davivienda, Grupo Aval, BBVA Colombia, Banco Caja Social y de Occidente anunciaron en los últimos días que redujeron su tasa de interés para las líneas de crédito hipotecario.

Otro tema que están evaluando con el sector bancario es el de las inversiones forzosas anunciadas por el presidente Petro. Según el ministro, están discutiendo la posibilidad de llegar a unos acuerdos. “El sector ha propuesto construir un paquete de 35 billones de pesos en inversiones dirigidas hacia programas de interés de la reactivación. Lo que dicen es: no lo hagamos con inversión forzosa, sino que nos comprometemos con estos recursos”, aseguró.