Estos son los cambios que traería la reforma laboral que se alista para su tercer debate en el Congreso

A la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro le quedan dos debates en el Congreso para convertirse en ley: el primero se espera que comience en dos semanas en la Comisión VII del Senado y el último ‘round’ tendría que pasar antes del 20 de junio en la plenaria. De lo contrario, al Ejecutivo se le podría hundir esta reforma que, tras la salida de la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, comandará su reemplazo Antonio Sanguino.

“Vamos a avanzar en una concertación que ponga al país a tono con las normas y los estándares internacionales democráticos”, manifestó el recién nombrado ministro.

La ponencia positiva de 83 artículos tiene la firma de los senadores Ferney Silva, Martha Peralta y Wilson Arias, del Pacto Histórico, así como la de Omar de Jesús Restrepo, de Comunes.

“Estamos realizando audiencias públicas en diferentes ciudades para socializar el proyecto de ley y esperamos empezar a debatir el 11 de marzo. Si bien no hay mayoría, el ambiente es positivo”, señaló Silva, quien aseguró que la bancada del Gobierno se reunió con Sanguino para estar alineados de cara a la discusión.

Sin embargo, también está pendiente que se terminen de realizar las audiencias públicas para la radicación de una ponencia negativa al proyecto. Entre los congresistas de la Comisión VII del Senado más reacios al proyecto están Alirio Barrera y Honorio Henríquez.

La última ponencia mantiene dos de los artículos clave iniciales: el que adelanta la jornada nocturna de las 9 a las 7 de la noche, con lo cual trabajar después de esa hora tendría un recargo del 25 por ciento, y el que eleva el recargo del día de descanso obligatorio o fiesta del 75 al 100 por ciento.

Su implementación sería gradual de la siguiente manera: a partir de julio de 2025 se incrementaría el recargo a 80 por ciento; en julio de 2026 se elevaría a 90 por ciento; y en julio del 2027 se llegaría al 100 por ciento.

El proyecto también conserva los artículos que indican que el contrato de aprendizaje es laboral y a término fijo. Igualmente, que el aprendiz recibirá de la empresa una remuneración del 60 por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente en la etapa lectiva y de un mínimo en la práctica.

Adicional a ello, establece que las empresas obligadas a cumplir la cuota de aprendizaje tendrán que cancelar al Sena un valor mensual que corresponderá a 1,8 salarios mínimos por cada aprendiz que no contraten.

Igualmente, se establece que la licencia de paternidad en Colombia debe aumentar de manera progresiva hasta llegar a cuatro semanas en el 2026, así: en el 2025 subirá a tres semanas y en el 2026 llegará a cuatro semanas.

Precisamente, estos son algunos de los puntos que los empresarios ven con malos ojos debido a que se incrementarían los costos laborales, en especial, los de las empresas que trabajan en la noche.

“Incrementar los costos generará una menor contratación de personal en las franjas de trabajo en jornada nocturna. Además, esta medida podrá generar un incremento de la siniestralidad en riesgos laborales debido a que habrá una menor cantidad de trabajadores realizando las mismas tareas y con alto riesgo”, se puede leer en un documento que el Consejo Gremial conformado por los 32 gremios más representativos del sector empresarial, le envió al Congreso en septiembre.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, el aumento “desproporcionado” de 9,53 por ciento del salario mínimo del 2025 es otra razón para votar de manera negativa el proyecto.

“Los costos para las empresas serían insostenibles. Por ejemplo, el recargo nocturno a partir de las 7 p.m. sería del 8,95 por ciento, el aumento de la remuneración en día de descanso obligatorio implica un incremento de 25 por ciento y se cargará con más de 3,5 de billones de pesos al año al sector privado por cuenta de la laboralización del contrato de aprendizaje Sena. “Con este aumento y si prospera la reforma laboral, las empresas en Colombia colapsarán”, sentenció.

Respecto a las plataformas tipo Rappi, la iniciativa indica que las relaciones podrán ser de carácter dependiente y subordinado o de carácter independiente y autónomo.

De un lado, cuando el trabajador digital en servicios de reparto tenga la calidad de dependiente y subordinado, la empresa deberá realizar los pagos correspondientes al sistema integral de seguridad social en las proporciones definidas en las normas vigentes. Podrán realizarse cotizaciones a tiempo parcial.

Del otro, si se trata de trabajadores independientes y autónomos, la empresa concurrirá en el pago de aportes a salud y pensión en 60 por ciento, frente a un 40 por ciento a cargo de la persona trabajadora.

Ante ello, José Daniel López, director ejecutivo del gremio de las aplicaciones Alianza In, dijo que se trata de una regulación “muy positiva” y “consensuada” con el Gobierno, el Congreso y los sectores mayoritarios de los repartidores para protegerlos.

Si bien en el último debate en la Cámara de Representantes se cayeron los artículos que proponían crear un contrato agropecuario, algo que celebraron gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) debido a que no reflejaba “la realidad del campo”, el nuevo texto de la ponencia positiva vuelve a incluir dos que hablan de la contratación en este sector.

Según la representante Mafe Carrascal, la formalización de los trabajadores de plataformas digitales no debería basarse en crear un contrato a la medida de las empresas, sino en cobijarlos bajo el derecho laboral, atendiendo sus particularidades. "Siempre he defendido esta postura y seguiré haciéndolo", recalcó. 

Además, Carrascal dijo que la reforma debería ser más clara al señalar que, para evitar la tercerización ilegal, las empresas que prestan servicios de tercerización deben contar con una organización empresarial especializada en las funciones que las compañías contratantes buscan suplir. "En términos de derecho colectivo nunca ha estado de acuerdo con la supresión que la oposición logró incluir en la Cámara", sostuvo. 

En los debates anteriores de la reforma se incluyeron nuevas licencias para los trabajadores. Por ejemplo, que el empleador también deberá conceder licencias remuneradas a las personas que necesiten asistir a las obligaciones escolares de sus hijos, atender asuntos judiciales o legales relacionados con violencias basadas en género de las que sean víctimas o acudir a citas médicas programadas o de urgencia.

En este último punto se incluyen los casos en los que la mujer trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación, asociados a endometriosis ya diagnosticada.

Adicional a ello, en la ponencia está la nueva licencia remunerada de tres días hábiles por casarse.