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Primera demanda contra la ANI por congelar las tarifas de los peajes

Si no le pagan el dinero pendiente, la concesión Vías del Nus está dispuesta a liquidar el contrato.

PERIODISTA ECONÓMICA20.06.2023 17:09 Actualizado: 23.06.2023 07:10

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Aunque el congelamiento de las tarifas de 30 peajes del Invías y de 113 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es un alivio para las finanzas de los colombianos ante el alto costo de vida en el país, para el Estado puede significar una "lluvia de demandas".

Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación el pasado 2 de junio y ya se conoce la primera demanda contra la ANI, que puede ser un precedente para varias que pueden instaurar las concesiones de Iniciativa Privada (IP).

(Lea también: Congelamiento de peajes generaría una 'contingencia fiscal' por $ 13,8 billones).

Este primer pleito viene de la concesión Vías del Nus, una vía 4G de 157,4 kilómetros entre los municipios de Bello y Maceo en el departamento de Antioquia. Está en operación desde el 4 de diciembre de 2021 y en su recorrido se pueden encontrar cuatro peajes: Cisneros, Trapiche, Cabildo y Pandequeso.

Esta concesión es una IP, esto significa que no puede recibir recursos públicos porque así lo prohíbe la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) y hasta el momento no existe ninguna viabilidad jurídica en Colombia para que el Estado le pueda reponer el dinero que dejará de recibir por el congelamiento de los peajes.

Por lo tanto, así el Gobierno Nacional haya asegurado 500.000 millones de pesos en la adición presupuestal para hacer estos pagos, aún es incierto cómo y cuándo los hará, ya que la ley le impide entregarle recursos a las IP y actualmente hay otras nueve concesiones bajo esta modalidad que tampoco pudieron incrementar las tarifas de los peajes.

(Lea también: Pese a promesa del Gobierno, estos 39 peajes subirían sus tarifas en el 2023).

Esta es la razón principal por la cual se instauró la primera demanda contra la ANI ante la Cámara de Comercio de Bogotá (aunque aún está pendiente su isión), y en diálogo con EL TIEMPO, Ricardo López, gerente de Vías del Nus, detalló las afectaciones que le ha traído a la concesión la decisión que tomó el Gobierno en enero pasado.

Dice que la actualización de las tarifas con el dato de inflación es necesaria porque, de lo contrario, se crea un descalce financiero importante cada mes, ya que la operación y mantenimiento de la vía requiere insumos, mano de obra y servicios públicos que han subido sus precios, incluso, por encima de la inflación. Además, estos proyectos tienen créditos bancarios que también están indexados a la inflación.

Desde enero a la fecha, el descuadre financiero de la concesión Vías del Nus asciende a 14.000 millones de pesos aproximadamente y para diciembre de 2024 podría llegar hasta los 80.000 millones de pesos, ya que, contrario a lo que ha dicho el Gobierno públicamente, en el Decreto 050 de 2023 el congelamiento de peajes está proyectado para dos años.

Entre más se deje pasar el tiempo, más se va a agrandar el problema

En la demanda, la concesión plantea dos salidas para solucionar este pleito. La primera es que el Estado le pague la suma de dinero que dejará de recaudar por la no actualización de las tarifas de los peajes entre el 16 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

De no lograrse este pago, Ricardo López aseguró que están dispuestos a liquidar el contrato, lo cual le puede llegar a costar al Estado 2,3 billones de pesos. "O buscamos una manera de parar esto ya para no agrandar el problema, o se busca una forma jurídica para pagar o se liquida el contrato. Entre más se deje pasar el tiempo, más se va a agrandar el problema", dijo.

Mientras el Gobierno encuentra el camino para pagarles o se resuelve la demanda, Vías del Nus está gestionando varias alternativas para contar con los recursos que se requieren para el mantenimiento y operación de la vía.

(Lea también: Peaje Papiros: Cámara Colombiana de Infraestructura pide ampliar estudios).

Confiaron en las normas y en los mecanismos y arriesgaron su patrimonio

Entre ellas están que los dueños de la concesión tengan que aportar dinero nuevamente o renegociar los créditos con los bancos. "Ambas cosas son supremamente onerosas porque las altas tasas de interés en Colombia perjudicarían gravemente a los propietarios de la concesión", manifestó el gerente.

Además, asegura que la incertidumbre actual y la inestabilidad jurídica perjudican a los inversionistas que le apostaron a este proyecto desde hace nueve años, "confiaron en las normas y en los mecanismos y arriesgaron su patrimonio. Esto desestimula a los inversionistas".

Pero también se verán afectados los bancos que financiaron el proyecto y que "ahora están en un limbo por la problemática que les puede traer el no pago oportuno de los costos financieros".