Gobierno solo ha comprado el 1,6 % de las tierras ofertadas de la reforma agraria

Ya sea porque las tierras ofertadas no están en los terrenos más productivos, no pasan los controles necesarios o no hay información catastral, la reforma agraria va lenta. De hecho, esa tardanza fue la que propició la sombra de la expropiación hace unos meses y la que llevó a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a confesar que la meta de comprar tres millones de hectáreas es virtualmente imposible.

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En total, en lo que va de gobierno las personas han ofertado más de 1,6 millones de hectáreas a nivel nacional. De ese total, la tercera parte proviene de los afiliados a Fedegán, gremio de los ganaderos con el que el presidente Gustavo Petro firmó un acuerdo de compra directa.

Estos han ofertado un total de 541.472 hectáreas, y la mayor parte de ellas está en los departamentos de Arauca (171.734) y Meta (130.221), y ya de lejos en Bolívar (40.377), Cesar (32.895), Vichada (31.963) y Magdalena (20.905).

El resto de las ofertas se dan a través de organizaciones sociales como la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) y la Asociación Nacional de s Campesinos (Anuc), entidades del Estado como la SAE y el Fondo de Reparación de Víctimas, o a través de la línea de atención directa vía WhatsApp.

El problema es que de las 1,6 millones ofertadas, solo hay hasta el momento 25.700 hectáreas compradas, es decir, solo el 1,6 por ciento de la tierra ofertada ha pasado los controles y el Gobierno decidió adquirirla para repartirla en medio de la reforma agraria.

“Se han comprado 25.700 hectáreas de tierras y tenemos proyectado de aquí a agosto adquirir cerca de 40.000 hectáreas adicionales. Con ello, ya utilizaríamos todo nuestro presupuesto de compra y los recursos de la adición presupuestal serían para aumentar las áreas en el segundo semestre del año”, señaló la ministra Mojica.

Son varias las razones que explican el rezago del Gobierno en la compra de las tierras ofertadas. Sin embargo, la principal causa por la que no están pasando los controles de viabilidad técnica y jurídica obedece a motivos catastrales.

“La mitad se está descartando porque no hay información de polígonos, y la otra es porque están reclamadas en restitución de tierras. Además, hay otras que no podemos comprar porque no son productivas o porque están en zonas de desastre y son inundables”, señaló la ministra.

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), también explicó que algunas no están avanzando por cuestiones de avalúo, por organización de equipos y contratación de las empresas que hacen los procedimientos.

Adicionalmente, también hay un rezago entre que la ANT adquiere los predios y se reparten entre las comunidades. “Nos falta por entregar aproximadamente un 30 por ciento de las tierras compradas en total”, dijo Vega.

De ese total, el Gobierno ha repartido a las comunidades étnicas. Por ejemplo, en Casanare, en Putumayo, en Huila y en Risaralda. Y a campesinos de diferentes departamentos del país. Algunas de ellas están en Antioquia, Sucre, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, entre otros departamentos.

Lo primero que se hace es identificar el predio, ya sea con la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) o de los gestores catastrales. En el caso de que no se pueda ubicar en las bases, se requiere al propietario para que suministre la información que permita ubicarlo. Y si nada de eso es posible, se acaba el análisis del predio.

Los predios que sí son ubicados catastralmente pasan a una segunda fase de análisis de restitución de tierras. Este se realiza por cruce de capas espaciales, tomando como fuente las capas dispuestas por la Unidad istrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT). Después de ello, los predios que no presenten solicitud de restitución de tierras son analizados técnica y jurídicamente para determinar su viabilidad.

En primer lugar, se les hace un análisis jurídico en el que se mira que el predio sea de naturaleza jurídica privada, que esté saneado, que el propietario no tenga antecedentes penales, que la posesión esté en manos de sus propietarios y que el predio no tenga un proceso agrario.

Y posteriormente viene un análisis técnico en el cual se mira que no sea un predio urbano o que cumpla con las disposiciones ambientales, agrarias y ecológicas, de acuerdo con métodos indirectos y fuentes secundarias disponibles.

Igualmente, antes de proceder a formalizar los documentos necesarios para la compra se revisan propietarios y oferentes en las listas restrictivas disponibles y en las escrituras públicas.

La ANT denunció ayer que están usando su nombre para estafar a quienes ofertan tierras del Estado en medio de la reforma agraria.

Según la entidad, el pasado 4 de julio le llegaron audios que develaron la existencia de una red criminal de presuntos estafadores, quienes, aprovechando el proceso de compra de tierras, les cobran dinero a propietarios privados por la supuesta venta de sus predios.

Los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía el 5 de julio, bajo los delitos de falsedad personal, calumnia e injuria, concierto para delinquir y estafa, contenidos en los artículos 296, 220, 221, 340 y 246 del Código Penal de Colombia.

En lo corrido de este año, la ANT ha hecho más de 7 denuncias públicas por casos de presuntos estafadores, quienes usan el nombre de la entidad para engañar a campesinos. Los casos han ocurrido en departamentos como Bolívar, Sucre, Cesar, Risaralda, Santander, Tolima y Antioquia.