Los sectores inconformes con la tributaria que llega a su final en el Congreso

Después de casi tres meses de discusión, la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro llega esta semana a su recta final en el Congreso. La cita en las plenarias de Cámara y Senado para aprobar el proyecto que pretende recaudar 20 billones de pesos, 5 billones de pesos menos que lo esperado inicialmente, será entre el miércoles y el jueves.

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No obstante los cambios que ha tenido el proyecto desde que se presentó el pasado 8 de agosto, todavía hay algunos sectores que están inconformes con los nuevos impuestos que tendrían que pagar. Desde los petroleros hasta los tenderos, la industria plástica, del textil, del cacao o los empresarios estadounidenses han mostrado en las últimas semanas su oposición a algunos puntos de la reforma.

Con los cambios que se le hicieron al proyecto para segundo debate, los petroleros y los mineros van a tener que pagar una sobretasa de renta que varíe en función del precio internacional del crudo de los últimos 20 años, con lo que llegaría a entre 10 y 15 puntos. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías.

Según la Asociación Colombiana del Petróleo (A), gremio liderado por Francisco Lloreda, esta propuesta es 115 por ciento más gravosa para las empresas que la inicialmente radicada por el Gobierno. Por ello, afirma que es probable que además de comprometer proyectos de contratos existentes, se pongan en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción.

En lo mismo concuerda Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien dice que 10 puntos es desproporcionado e inequitativo en relación con otros sectores, razón por la cual el sector minero ha propuesto una sobretasa de 5 puntos. Además, asegura que la no deducibilidad de las regalías va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y de la dinámica mundial alrededor de la industria minera.

“La prohibición de deducir las regalías genera una renta ficticia que puede ahogar al sector en circunstancias de precios normales que, combinado con una sobretasa en renta, le resta competitividad y, por ende, viabilidad en el largo plazo. Esto sin contar que Colombia sería el único país en el mundo donde las regalías no se pueden deducir”, sentenció.

En el mismo sentido, Nelson Castañeda –presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol)–, asegura que más de 100.000 empleos de 22 departamentos del país están en riesgo. Dice que el texto actual de la reforma implica una reducción significativa en el flujo de caja y la capacidad de inversión de las compañías petroleras, lo cual, en un marco global de competencia por capitales, afectará la competitividad del país para atraer inversión y, como consecuencia, diferentes impactos en los departamentos que dependen de esta actividad.

Habrá un aumento del costo de vida para los colombianos, pues se incrementarán las tarifas de servicios públicos como el gas y de otros combustibles como la gasolina, lo que aumentará los niveles actuales de inflación”, afirma.

Por último, asegura que habrá una drástica disminución en los flujos de entrada de inversión extranjera directa (el sector da cuenta del 23 por ciento del total promedio en la última década) y se impactarán negativamente los niveles de exportaciones de crudo y derivado que han representado en la última década alrededor del 42 por ciento de las ventas externas totales del país.

Los tenderos, la mayoría en estratos 1, 2 y 3, también se encuentran preocupados por los efectos que en sus ingresos tendrá la reforma tributaria, pues con los nuevos impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, Fenaltiendas asegura que los precios de los productos que tienen mayor rotación se incrementarían de manera sustancial, habría una disminución del consumo y, por ende, sus ingresos se afectarían. En total, temen perder hasta 1,8 millones de empleos y dicen que están en riesgo de desaparecer hasta 250.000 tiendas de barrio formales.

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“Tienen que pensar si prefieren 450.000 tiendas formalizadas pagando un impuesto único con seguridad social o 250.000 negocios cerrados y 1,8 millones de pesos en subsidios más”, dice Ligia Gil, vocera de los tenderos.

El gremio que reúne a las empresas de las cadenas productivas del plástico también ha mostrado su inconformidad con el proyecto que les pone un impuesto a los plásticos de un solo uso que se utilicen para envasar, embalar o empacar bienes por una única vez.

“La tarifa equivale aproximadamente a un impuesto del 20-25 por ciento sobre el producto plástico, lo que, a su vez, representará un incremento en el precio del alimento, bebida o producto de aseo o limpieza que viene empacado o envasado, que puede llegar a ser de entre 1 y 6 por ciento. Hay que tener en cuenta que, para la mayoría de los casos, no existen sustitutos al plástico y, si los hay, estos tienen precios 2, 3 y hasta 20 veces mayores”, aseguró Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos.

Desde el gremio aseguran que en la discusión se excluyeron algunos productos de la canasta básica familiar, pero seguirán gravados, a través del impuesto al empaque plástico, productos como avena molida, arroz integral, fécula de maíz, cebada, pan integral, leches saborizadas o jabón líquido para manos, entre otros.

Tampoco están conformes las empresas que producen y venden chocolates, pues estos estarían dentro de la lista de los alimentos ultraprocesados que se gravarían. “Es necesario que el chocolate real con contenido de cacao por encima del 70 por ciento, que no esté compuesto por aditivos, ni colorantes ni modificatorios en textura, sea excluido”, asegura Alberto Henao, gerente de la compañía Lök Foods.

Igualmente, han mostrado su oposición por el tema del IVA en las plataformas de comercio electrónico como Amazon los comerciantes colombianos. Si bien en el proyecto inicial se estableció que solo podrían tener la exención los productos de menos de 200 dólares que llegan a Colombia de Estados Unidos y que realmente se fabriquen allí, finalmente este artículo se quitó en primer debate. Por ello, Fenalco, la Cámara Colombiana de la Confección y Acecolombia aseguran que no sería coherente que mientras se suben los impuestos a las personas naturales y a las empresas para cubrir las altas necesidades sociales se mantengan exenciones a las plataformas de comercio electrónico transfronterizo.

Justo lo contrario opinan diferentes empresarios de Estados Unidos, quienes le enviaron una carta al Gobierno de ese país advirtiendo “serias preocupaciones” por el reciente proyecto de ley que contiene nuevos requisitos para las empresas que invierten y exportan a Colombia.

Según ellos, no es adecuado que se elimine el tratamiento especial para los pagos del IVA en las importaciones de 200 dólares o menos. Igualmente, no están de acuerdo con el hecho de que las compañías extranjeras vayan a tener que pagar en Colombia si tienen una cierta cantidad de ingresos brutos o una serie de s o con los requisitos de rendimiento para las ventajas fiscales en las zonas francas.

De acuerdo con Angélica Peña, directora de la Cámara de s de Zonas Francas de la Andi, cuando se fue dando el texto para la ponencia para primer debate encontraron que la tarifa diferencial de renta del 20 por ciento para zonas francas estaba amarrada al cumplimiento de unos umbrales de ingresos máximos por operaciones con el territorio aduanero nacional del 60, 40 y 20 por ciento, que no se pueden cumplir.

Entre los puntos polémicos también han estado la posibilidad de que las iglesias empiecen a tributar cuando realicen otro tipo de actividades que no sean religiosas y el tema de los dividendos que finalmente quedaron con una tasa que irá entre el 0 y el 20 por ciento. “Mantenemos la esperanza de que durante las deliberaciones y votaciones el Congreso corrija esta preocupante situación; de lo contrario, estaremos llevando a la economía a una pérdida de competitividad”, advirtió la Andi, liderada por Bruce Mac Master.

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