Dos miradas distintas en propuestas a la Cámara por Bogotá

Gabriel Santos, actual representante a la Cámara y candidato nuevamente por el Centro Democrático, y Alirio Uribe, defensor de derechos humanos y aspirante a la Cámara por el Pacto Histórico, tienen miradas diferentes sobre lo que quieren llegar a hacer al Congreso.

Santos, por su parte, está empeñado en lo que llama “agenda antiprivilegios del Congreso” y en legalizar plataformas de transporte, y Uribe, por el otro lado, propone reformar la estructura de la Policía, eliminar el servicio militar obligatorio y profesionalizar el Ejército.

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Aunque los dos militan en orillas ideológicas diferentes, es posible que, si son elegidos, lleguen a tener algunos puntos en común y otros en los que, definitivamente, jamás se pondrán de acuerdo. EL TIEMPO habló con los dos candidatos a la Cámara por Bogotá.

Lo primero es legalizar las plataformas de transporte. Los ingresos de más de 200.000 bogotanos dependen de esto y hay una persecución infame en su contra. Es una forma novedosa de relacionarse con la economía que le permite a mucha gente tener ingresos.

Parte de nuestro trabajo es la agenda antiprivilegios del Congreso. Esta agenda es reducción de las vacaciones de los congresistas, de sus salarios y de sus equipos de trabajo, en los que volveremos a insistir. Y también límites a la reelección de legisladores, en el que también insistiremos. El Congreso hoy goza de una de las peores crisis de legitimidad ante la ciudadanía.

Otra de las partes de nuestro trabajo fue la defensa de las libertades individuales, lo cual tiene sus complejidades y sus bondades, y pasa por defender, incluso, aquellas que son las más dolorosas para la sociedad, es decir la eutanasia, el consumo de cannabis y defender el aborto.

Pues vamos a seguir siendo muy independientes y vamos a seguir criticando los errores de quienes sean. Eso fue una promesa de la campaña pasada y lo seguiremos haciendo en esta. Cuando el Gobierno pretenda instituir en ciertas prácticas o en entregarles las entidades a los politiqueros, lo vamos a seguir denunciando. No vamos a ocultar los errores por afinidades partidistas. Cuando haya un error, sea de quien sea, de corrupción o de clientelismo, lo vamos a criticar.

Estamos proponiendo una reforma estructural a la Policía para que sea un órgano civil y se apliquen las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queremos también profesionalizar el Ejército eliminando el servicio militar obligatorio y creando un servicio social para la paz.

Sería para que los jóvenes que no quieran tomar las armas ni prestar el servicio militar en la Policía o en el Ejército lo hagan a través de un servicio social, que puede ser en temas ambientales, en salud o educación de adultos, entre otros.

Hemos tenido más de 70 reformas al Código Penal y las del Código de Policía y de manera absurda se ha expedido una nueva ley de seguridad ciudadana. Nos parece que esta ley es bastante lesiva para los derechos humanos, porque genera una serie de normas para criminalizar la protesta, promueve que la gente se arme y haga justicia por su propia mano a partir de lo que llaman la defensa legítima o presunta, utilizando fuerza letal. Presentamos una demanda con otras organizaciones.

Detectamos en las elecciones de 2018 hubo votaciones atípicas y otras irregularidades en por lo menos 40.000 mesas de votación. El problema fue que nos enteramos después. Lo que estamos haciendo es un plan que tiene acciones como reunirnos con misiones de observación electoral, en coordinación con la MOE. Hay un descrédito hacia la Registraduría por la politización, por la forma como se está haciendo la contratación de quienes van a estar monitoreando las elecciones. Estamos haciendo un llamado para exigir que haya transparencia.

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