Masacres casi se cuadruplicaron tras 4 años del acuerdo de paz

Hace cuatro años, el 24 de noviembre del 2016, el Gobierno firmó con la entonces guerrilla de las Farc un acuerdo definitivo que llevó a la desmovilización de ese grupo armado, a su vinculación a la política, y a la puesta en marcha de una serie de compromisos –de lado y lado– para avanzar en la construcción de paz.

El acuerdo tuvo objetivos ambiciosos, como la transformación del campo, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reincorporación de los excombatientes, entre otras garantías para buscar cambios sociales, así como terminar la violencia que ha azotado al país desde hace más de 70 años.

Pero lejos de desactivar el conflicto armado en Colombia, en el que hay múltiples actores y causas estructurales, la violencia se está recrudeciendo. Así lo expone un informe revelado ayer por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que da cuenta de cómo ha cambiado el fenómeno de la violencia organizada en estos cuatro años.

El informe expone que mientras entre octubre del 2015 y septiembre del 2016 (el año en el que se firmó el pacto de paz) hubo 192 acciones de grupos armados, para el periodo de octubre del 2019 y septiembre del 2020, es decir, en el cuarto año del posacuerdo, esas acciones se elevaron a 318, lo cual significa que crecieron en un 65 por ciento.

Con la desaparición de las Farc como guerrilla, la aparición en escena de sus disidencias, y el fortalecimiento del Eln, cambió la configuración de la violencia ejercida por los grupos armados. Así, expone la investigación, antes del cese al fuego de las Farc (entre octubre del 2014 y septiembre del 2015), el 78 por ciento de las acciones armadas eran responsabilidad de las Farc, mientras que al Eln se le sindicaba de un 16 por ciento.

En cambio, en el último año el 38 por ciento de las acciones vinieron del Eln, y otro 34 por ciento de las disidencias. En ese panorama de violencia también aparecen el Clan del Golfo, con un 15 por ciento; y con una menor participación, ‘los Pelusos’ o Epl.

Según la FIP, estas cifras muestran que “el conflicto armado con esta guerrilla (las Farc) terminó. Sin embargo, la violencia organizada continúa y en los años recientes se ha hecho más intensa”.

Esa violencia latente también se ve reflejada en los asesinatos que afectan a los ciudadanos. Si bien es cierto que los homicidios han disminuido en términos generales, no ha sucedido lo mismo en los 170 municipios que habían sido priorizados por el acuerdo para implementar los Planes de Desarrollo Territorial (Pdet).

Así, entre el 2016 y este año, los homicidios en esos territorios Pdet pasaron de 2.117 a 2.953. En cambio, en el resto del país, los asesinatos variaron de 10.424 casos para el 2016 a 9.165 para este año. Así las cosas, mientras en el resto del país los asesinatos bajaron un 12 por ciento, en los municipios Pdet el aumento fue del 39 por ciento, zonas en las que hoy vive el 13 por ciento de la población de Colombia, pero concentran el 24 por ciento de los homicidios.

Lo que sucede en estas regiones es preocupante, teniendo en cuenta que precisamente fueron priorizadas por ser las más afectadas por el conflicto armado, pero también por la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

En esos territorios, asegura la FIP, durante la negociación de los acuerdos de paz hubo una “baja notable” de los asesinatos, pues la tasa estaba en 62 en el 2012 y bajó a 32.1 en el 2016. Sin embargo, tras esa negociación de paz, hoy la tasa está en niveles más altos, con un 54.5 casos.

También preocupa que el número de víctimas de masacres (asesinatos con más de cuatro víctimas) casi se ha cuadruplicado. Entre octubre del 2015 y septiembre del 2016 murieron 43 personas en masacres. En cambio, entre octubre del 2019 y septiembre de este año la cifra estaba en 126, según datos de la FIP, tomados del Ministerio de Defensa.

Tampoco paran los homicidios de líderes sociales, pasando de 82 antes de la firma del acuerdo de paz a 128 en el último año. “A pesar de los anuncios de planes, medidas y los persistentes llamados a priorizar la protección de los líderes, esta tragedia no cede, con profundas repercusiones para los procesos de participación y el tejido social”, dice el estudio.

También se mantienen los asesinatos de excombatientes, con 233 casos verificados por la Misión de las Naciones Unidas desde el 2017 hasta noviembre del 2020, siendo el 2019 el peor año con 78 casos. Los desmovilizados también han afrontado 55 tentativas de homicidio y 20 desapariciones forzadas.

Los eventos de desplazamiento forzado casi se duplicaron en el 2018, el segundo año de la implementación del acuerdo, con 206 casos. Este año, afirma la fundación, ha habido 135. Aunque estos desplazamientos forzados han bajado, sí han aumentado los confinamientos pasando de 5 casos en el primer año de la implementación del acuerdo a 24, este año.

Y aunque las víctimas de minas antipersonales se habían reducido antes y durante de la firma de la paz con 48 casos en el primer año de implementación, para el siguiente año (el 2018) ya habían crecido a 144 y esa cifra se ha mantenido año tras año, hasta la fecha.

La Fundación también plantea que los combates de la Fuerza Pública contra los grupos armados casi se triplicaron luego de la firma del acuerdo de paz, pasando de 71 en el 2016 a 193, este año. A su vez, los enfrentamientos entre estas organizaciones ilegales se multiplicaron seis veces, pasando de 10 en el 2016 a 61 en el 2020.

El grupo con el que más han crecido los combates, con un 30 por ciento, es el Eln, organización que, asegura la Fundación Ideas para la Paz, tiene hoy una mayor influencia binacional en el país y en Venezuela.

En el caso de los enfrentamientos de la Fuerza Pública contra las disidencias, que aparecen después del 2016, han crecido un 18 por ciento.

Dentro de este panorama, la FIP asegura que el conflicto ha cambiado en diferentes factores. Por ejemplo, hoy hay una mayor descentralización y fragmentación de los grupos armados ilegales. Además, se pasó de tener una guerrilla que tenía un “orden nacional”, como lo eran las Farc, a tener “múltiples conflictos en lo local”. También asegura que persisten las disputas por el poder en los territorios, con un interés “en economías ilícitas, mientras que la ideología se debilita”.

En todo esto preocupa que las fórmulas para contrarrestar esa violencia no parecen estar funcionando, y en la actualidad, asegura, hay “altos niveles de desconfianza en la Fuerza Pública” y se han visto “intentos de legitimidad fallida por parte del Estado”.

La FIP también plantea que la capacidad de los líderes y de las comunidades para desactivar la violencia hoy es menor.

Lo que sí ha disminuido y se mantiene en cifras más bajas, dice la investigación, es el número de militares y policías muertos en actos de servicio. Para el 2015 los de la Fuerza Pública asesinados en el ejercicio de su función eran 219, mientras que a septiembre de este año se contabilizaban 97 muertes, una cifra similar a la de los últimos cuatro años.

La Fundación encontró, además, que hay una nueva dinámica operacional frente al crimen organizado y los grupos al margen de la ley. Las muertes de de grupos armados disminuyeron, pasando de 91 a 26 en los últimos cinco años. En cambio, las de integrantes de organizaciones de crimen organizado –como bandas criminales– subieron al pasar de 56 a 128 en ese mismo periodo de tiempo.

REDACCIÓN JUSTICIA

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