Coca, grupos armados y un vecino cómplice: las señales de alerta que incubaron la ‘tormenta perfecta’ en el Catatumbo

Colombia ha vivido en los últimos días la crisis humanitaria más grave que se haya registrado en los últimos años por causa de la violencia armada: 80 muertos, más de 38.000 desplazados, 2000 confinados, decena de heridos y una veintena de desaparecidos es el balance que entregan las autoridades de la confrontación armada que protagonizan los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental del Eln y las disidencias de Farc, con su frente 33, en la convulsa región del Catatumbo.

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Está zona del país que limita con Venezuela, posee más de 44 mil hectáreas de mata de coca, uno de los detonantes de confrontación por cuenta de los actores armados que buscan asumir el control total de los más de 4.800 kilómetros cuadrados que comprende esa región rica en diversidad climática y suelos en los que se encuentran petróleo, carbón y el uranio.

De acuerdo con la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento(Codhes), esta guerra en la región es uno de los 8 conflictos armados no internacionales vigentes en Colombia y el sistema de información se esa ONG da cuentas que, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, en Catatumbo se han presentado al menos “111 eventos de desplazamiento y más de 65.446 víctimas”.

Ramiro de Jesús, un hombre que tiene más de 18 años viviendo sobre el kilómetro 25 de la vía que conecta a La Gabarra con Tibú, Norte de Santander, cree tener certeza de los hechos que desataron la reciente ola de violencia que afecta a esa zona del país: “uno de los grupos se cansó de que el otro le estuviera quitando la atención de las personas”.

Es media mañana del 22 de enero en Tibú -municipio epicentro de esta nueva guerra que se libra en la región-, y Ramiro está sobre una moto parqueada al frente de la alcaldía observado detenidamente cada carro que pasa por la zona. Su postura es serena, aunque sus sentidos de oído y vista están en alerta.

“Hoy hay más movimiento que los días anteriores”, asegura el hombre de 58 años al ver que los comercios han levantado sus esteras y los vehículos transitan por las calles del municipio, un escenario totalmente distinto al registrado desde el pasado 16 de enero, cuando el eco de las balas y “la búsqueda de personas casa a casa, con lista en mano, por integrantes de los grupos armados infundió el temor en la población que prefirió salir de Tibú y sus vecinos Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra, El Tarra y San Calixto, en busca de refugio y alimentos.

Ramiro afirma que fue uno de los pocos campesinos de la zona a los que la guerrilla no le pidió abandonar la región. “Las personas que en algún momento le colaboraron a un grupo tuvieron que salir ante la amenaza de que los matarían, a esos no les dieron tiempo, tuvieron que salir con lo que tenían puesto”, dice.

“Acá la gente sabe quién es quién, no es algo que se oiga, es que se ve, por ejemplo, de grupos armados caminan con sus fusiles e insignias por las calles. Acá manda es esa gente, ellos saben cómo se mueve el narcotráfico y muchas personas saben que es ley colaborarles con ese negocio, sino son consideradas enemigas”, explica Ramiro y añade que en la mayoría de los municipios de la región hay locales como farmacias, panaderías y tiendas cuyos dueños son cabecillas locales de esos actores en armas.

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El Catatumbo está conformado por 10 municipios de categorías 6, lo que indica que la cantidad de presupuesto que tienen para ejecutar inversión social es mínima. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) respalda la percepción que tiene Ramiro del territorio al indicar que, precisamente, la falta de recursos pone en desventaja a la autoridad civil en un territorio tan complejo, lo que da paso para que “un grupo armado pueda empezar a suplantar o a ejercer funciones de control territorial, de resolución de conflictos, dar órdenes e incluso imponen reglas de comportamiento como ha sido históricamente”.

Javier Montiel es un comerciante de Tibú quien asegura tener más de 60 años habitando el territorio, “cuando el pueblo sabía lo que era vivir en paz“ y sus tierras estaban destinas para abastecer de alimentos a toda la región, e incluso, a varios municipios del estado Zulia, en Venezuela.

“Tibú era ganadero, El Tarra agrícola y La Gabarra era fuerte en la pesca. Yo recuerdo que eso duró muchos años hasta que un día a alguien se le ocurrió sembrar esa mata (coca), creyendo que sería la bendición, pero fue todo lo contrario, comenzaron a darle mal uso y el resultado de ese revuelto es lo que nos tiene hoy así”, cuenta el hombre quien está ubicado detrás del mostrador de un local.

Parte de la percepción que refleja Montiel la tiene *Juan, de 67 años, un campesino que llegó desplazado a Cúcuta, tras la reciente ola de violencia. Cuenta que la tranquilidad de la zona se vio realmente interrumpida cuando los ‘elenos’ llegaron a la zona y montaron “su sistema de mando sobre la población”.

“Ellos llegaron desde hace años a controlar la droga. Las recientes generaciones se han acostumbrado a eso, no han vivido algo distinto y creen que la manera de vivir en paz es ayudándoles con sus requerimiento”, manifestó Juan, que ante la pregunta ¿cuáles requerimientos? Respondió: “Ay, el de moverles la droga más allá de la frontera, llevarla a Cúcuta, venderla y hasta sacarla a otros municipios”.

En un recorrido que hizo un equipo periodístico de esta casa editorial por Tibú, habló con varios comerciante y habitantes de la zona, quienes solicitaron reservas de sus identidades, y manifestaron que en los últimos 4 años la región había vivido en una “tensa calma”, pues sabían que aunque el Eln había permitido la llegada de otro actor armado a la zona (disidencia de las Farc) está realidad “no sería para siempre”.

“Tras la salida del Epl del territorio en 2018, el Eln quedó reinando en esta zona controlando el área y las rentas criminales, después llegaron las disidencias, a las que esta guerrilla les permitió estar en esta zona, ejerciendo una especie de alianza para evitar la entrada del ‘clan del Golfo’”, señaló un líder de la región, que pidió no ser identificado y quien además expuso que desde entonces, en las familias de la región, inició una “coexistencia” entre los grupos armados. “En una misma familia puede haber dos hermanos y uno de ellos apoya al Eln y otro a la guerrilla, es por ello que no había agresión”.

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Pero esa especie de pacto entre esto actores armados, según fuentes de inteligencia, generó unas dinámicas que comenzaron a incomodar al Eln. “Las disidencias comenzaron a ganar simpatía entre las comunidades, ya que estos regalaban mercados y ropa, pavimentaron calles y hasta pusieron servicio de energía, es decir, a nivel social estaba ganando terreno, algo que se entrelazó con el poder militar y político que fue adquiriendo. Todos esos factores desataron la reciente guerra”, afirmo el líder.

Expertos consultados por este diario afirman que esta última confrontación armada deja entrever el poder que Eln ha adquirido en los últimos años en la región. “Es importante considerar que la subida de alias Pablito (Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia) al Catatumbo, como parte del Comando Central, y el gran peso que asume la ‘Domingo Laín’ da muestras de que ese grupo armado tomó una decisión de entrar en confrontación abierta, lo que implica que vamos a tener más reclutamientos, más confinamientos, que probablemente se reflejará en un incremento del control territorial, para tener una población civil más obediente”, resaltó Bonilla de Pares.

Este escenario del recrudecimiento de la violencia de parte del Eln devela, según Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que no “ha cambiado la inoperancia del Estado” para contener este tipo de situaciones, incluso a pesar de que han sido advertidas con antelación.

“Las disputas que generan altos impactos humanitarios en el país no son escenarios nuevos, por ejemplo, desde el año pasado se vive una situación muy crítica en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, y tanto en ese núcleo de disputa como en otros, la respuesta del gobierno no revierte ni mitiga esas situaciones, por el contrario, ha creado espacios para que los grupos puedan fortalecerse”, advierte Tobo.

Para la experta esta situación también desnuda que la política de ‘paz total’ falló en sus intentos por mejorar la situación de seguridad del país, incluso a pesar de que a través de ella se intentó persuadir a los actores armados a no atentar contra la población civil. “El gobierno se permitió cegarse ante la acumulación de violencia armada en el país, en parte, por esta política. En el Catatumbo, en particular, mientras se negociaba contra ambos actores armados, emergieron alertas por sus acciones”.

A toda esta convergencia de factores que causaron esta mega crisis se le suma una que quizás es la más importante: el poder militar de los grupos armados frente al que hoy tiene la Fuerza Pública. “Estos grupos están adquiriendo una fuerte capacidad estratégica que en parte, se debe a los cientos de kilómetros de frontera que comparte Colombia con Venezuela, donde el país vecino se convierte en una retaguardia clave para el Eln y le da la opción recuperar oxígeno con la complicidad del Estado venezolano”, sostiene César Niño, experto en conflicto.

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Lo anterior quedó demostrado con el periplo que desde agosto pasado comenzó a realizar la guerrilla del Eln, desde Arauca, atravesando por Venezuela para orquestar ‘la toma’ del Catatumbo. “Esto más allá de ser una ‘tormenta perfecta’ de droga, grupos armados y país vecino, es el resultado de una ‘paz total’ en la que no se contempló el sometimiento de las fuerzas criminales al imperio de la ley y aunque esto no se resuelve con tropas, tanques y aviones, -que ayudaría a pacificar la región-, el problema se resuelve con otras estrategias”.

Ahora bien, en términos de seguridad, la crisis refleja un debilitamiento de las capacidades de inteligencia y operación de la Fuerza Pública, así como el abandono de programas clave como la desmovilización y sometimiento. Gerson Arias, del grupo de investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) considera que “la falta de un cambio en la correlación de fuerzas —seguridad, justicia y presencia institucional— dificulta generar incentivos para que los grupos armados se comprometan seriamente con los procesos de paz”.

Para el investigador, esta situación se incubó durante años y estuvo acompañada de señales de alerta que no fueron atendidas ni gestionadas adecuadamente. “Las causas de esta crisis tienen raíces profundas desde 2020 y se relacionan con acuerdos en narcotráfico, extorsión desmedida, cooptación social. Las tensiones entre el Eln y las disidencias, agravadas por dinámicas internas y externas, explotaron con detonantes recientes”.

Los cambios en la estructura de poder dentro de los grupos armados, específicamente el Eln, junto con la compleja relación con el gobierno venezolano, se interponen como lastre para la gestión de la crisis, en la que debe anteponerse la necesidad de actuar con prudencia e inteligencia en este contexto.

Jesús Blanquicet - Redacción Justicia