Gobierno tiene el desafío de evitar que sigan matando a los ex-Farc

Pese a que el acuerdo de paz con las Farc incluyó un capítulo expresamente dedicado a establecer las medidas que pondría en marcha el Estado para garantizar la seguridad de los exguerrilleros y evitar que se repitiera la historia de exterminio de la Unión Patriótica (UP), la violencia contra los integrantes del hoy partido político Farc ha sido constante.

Los dos últimos asesinatos ocurrieron en Nariño y Cauca el lunes pasado mientras el presidente Iván Duque estaba en Londres, donde manifestantes aprovecharon su presencia en esa ciudad para protestar por los crímenes de líderes sociales y excombatientes en Colombia.

Según los registros del partido Farc, los exguerrilleros asesinados desde la firma de la paz, el 24 de noviembre del 2016, suman 133, así como 34 de sus familiares. Además, dice la Farc, se han reportado 11 desapariciones de excombatientes.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa, que toma las cifras de la Fiscalía y la Policía, afirma que los muertos son 115. Más allá de la cifra total, este año han sido asesinados ya 12 excombatientes.

Las dos muertes del lunes provocaron un llamado del presidente de la Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, a la comunidad internacional para que intervenga frente a lo que llamó “pasividad” del presidente Duque ante la situación. Timochenko, además, convocó a los otros dirigentes de la Farc a una reunión de urgencia que se llevó a cabo entre el viernes y el sábado.

Desde Europa, el presidente Duque anunció que a su llegada a Colombia va a convocar de emergencia a los funcionarios y organismos responsables de la seguridad de los exguerrilleros para tomar medidas adicionales de protección.

Sobre la situación, el senador de la Farc Carlos Antonio Lozada dice que están “muy preocupados porque no para la racha de asesinatos. Todo se da en medio de la indiferencia del Gobierno”. Asegura que se está repitiendo la historia de la Unión Patriótica.

Este sábado, Lozada manifestó que existe una “campaña de estigmatización” lanzada contra su partido, “sus militantes y dirigentes”, según él, por parte del Centro Democrático y de “el propio presidente”. Añadió que hay un “recrudecimiento” de la situación con motivo de las elecciones regionales.

El senador ha dicho que llevarán el tema a las instancias como la ONU, cuya misión en Colombia tiene entre sus funciones verificar las garantías de seguridad de los exguerrilleros.

Sobre la violencia contra los excombatientes, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, le dijo a EL TIEMPO que los asesinatos ocurren “ a pesar” de que han hecho “absolutamente todo lo posible para protegerlos”. Archila no cree que pueda hablarse de asesinatos sistemáticos, como en el caso de la UP. “La información que yo tengo es que por ahora no hay un patrón común ni una motivación política. Cuando se miran las cifras de la Fiscalía, uno encuentra que la gran mayoría de los asesinatos han venido de las disidencias y de grupos armados dedicados al narcotráfico”, anota.

el más reciente informe de la Fiscalía sobre ataques a los excombatientes, se han esclarecido 87 de 168 hechos de violencia contra los exguerrilleros y sus familias (incluidos homicidios, atentados y desapariciones forzadas), y en 43 por ciento de los casos se halló que fueron cometidos por disidencias de las Farc. Otro 18 por ciento, por el Clan del Golfo, el 15 por ciento por otras bandas criminales; el 12 por ciento, por el Eln; el 10 por ciento, por el grupo residual del Epl y el 1 por ciento, por la banda ‘los Caparrapos’.

El mismo informe indica que ya hay personas pagando penas por 12 de los casos, y que otras están en juicio por 19 ataques más contra exguerrilleros y sus familias.

Uno de los compromisos que asumió el Estado en el acuerdo de paz para garantizar la seguridad de los exintegrantes de las Farc fue llegar con la Fuerza Pública a los espacios que antes controlaba la exguerrilla para impedir que fueran ocupados por otros grupos armados, algo que no se ha logrado. La autoría de los atentados, según los datos de la Fiscalía, así lo evidencia.

Cada zona de reincorporación, donde hay alrededor de 3.500 exguerrilleros, está custodiada por un batallón del Ejército. También existe una mesa técnica con la Unidad Nacional de Protección que define esquemas de seguridad para los de mayor riesgo. Existen 200 de estos esquemas en la actualidad.

Pero, como dice Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), “a medida que avanza el proceso de reincorporación, los excombatientes tienen mayor movilidad a otras zonas y mayor exposición a los riesgos, por lo que deben ajustarse las medidas de seguridad”.

De hecho, según la Defensoría del Pueblo, entre diciembre del año pasado y lo que va de este año ha emitido 28 alertas tempranas sobre riesgos para los exguerrilleros en 51 municipios de 17 departamentos.

Tras el llamado del presidente Duque desde Europa, hubo una primera reunión del Gobierno y los organismos de seguridad y se acordó, entre otras medidas, poner al día tanto las solicitudes de protección que han hecho excombatientes como la ejecución de órdenes de captura pendientes por homicidios de exguerrilleros.

PAZ

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