Control de disidencias en unas zonas de Colombia alcanza niveles jamás vistos: informe

Las disidencias mantienen su actividad en rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, pero en los últimos años también han consolidado una “gobernanza criminal” de tal nivel que en algunos casos tienen centros de “rehabilitación” para consumidores de drogas y personas acusadas de cometer pequeños delitos, en los cuales son sometidos a trabajos físicos y pueden recibir castigos de entre tres meses y un año. 

Uno de estos centros estaría funcionando en Tibú; otro, en Venezuela, y un tercero, en un municipio de la frontera que no ha sido identificado, y los habría establecido el frente 33 de las disidencias, que “ha logrado gobernar a un nivel quizá jamás visto en años en Colombia”.

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Así lo señala el informe ‘Las disidencias de las Farc-EP: dos caminos de una guerra en construcción’, elaborado por la Fundación Conflict Responses (Core), con apoyo de la embajada de Canadá, que analiza el caso del ‘Estado Mayor Central’ (Emc), hoy comandado por ‘Iván Mordisco’, y la ‘Segunda Marquetalia’, bajo el mando de ‘Iván Márquez’.

Otro ejemplo de la gobernanza que están ejerciendo las disidencias es la ambiental, y el informe señala que el grupo que el ‘Estado Mayor Central’ es el que controla quién puede talar árboles en zonas de la Amazonia colombiana.

“Desde comienzos de 2017, con la ‘salida’ de las Farc-EP y sus reglas ambientales, ‘Gentil Duarte’ fue muy flexible con la tala en sus zonas de injerencia en Guaviare, sur del Meta y algunas veredas de San Vicente del Caguán, Caquetá. Aprovechando la absoluta incertidumbre jurídica sobre tierras que antes estaban vedadas por la guerrilla y con la llegada de grandes terratenientes que llegaron a comprar la tierra, 'Duarte' comenzó a permitir que cualquier persona que le pagara un impuesto por cabeza de ganado y hectárea de tierra comprada o vendida pudiera talar. También siguió abriendo trochas clandestinas para ampliar sus corredores estratégicos. Tras la muerte de 'Duarte' en 2022, 'Mordisco' mantuvo algunas regulaciones ambientales, con las que el ‘Emc’ siguió sacando rentas de la tala”, se lee.

Se señala que aunque con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia la disidencia había prohibido la tala en su territorio, “en enero de 2024, según varias fuentes en Caquetá y Guaviare, el ‘Emc’ ha dejado talar, pero hasta un tope, probablemente como una manera de usar la regulación sobre la tala para presionar al gobierno en la mesa de negociación”.

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Kyle Johnson, uno de los investigadores del informe, indicó que en algunas zonas las disidencias controlan con quiénes pueden hablar los habitantes, y tienen una carnetización para regular la movilidad; por ejemplo, se cita el caso de una persona en Argelia (Cauca) que tenía su cédula oficial, otra para la zona de operaciones del frente ‘Carlos Patiño’ del ‘Emc’ y una más para la zona del frente’ Diomer Cortés’, de la ‘Segunda Marquetalia’.

Sobre las diferencias con el control que en su momento ejercían las Farc, el analista dijo que a veces mantienen reglas similares, “pero al tiempo parece que las disidencias hoy en día han llegado a niveles de gobernanza que no se veían tanto, como hacer obras de infraestructura y cedulación”.

El análisis de Core indica que el ‘Emc’ y la ‘Segunda Marquetalia’ han tomado caminos distintos en los últimos tres años: el ‘Emc’, casi ha doblado su número de unidades, pasando de 14, en el 2021, a 26 el año pasado. En contraste, la ‘Segunda Marquetalia’ “ha perdido unidades, no es clara su expansión territorial y ahora la integra una coalición de tres alas en las que quedan muchas dudas sobre el grado de subordinación a ‘Iván Márquez’ ”.

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Sobre el cambio en el orden interno, el informe dice que el ‘Emc’ ha pasado de ser un conjunto de unidades en el nivel local, donde las órdenes de nivel central eran casi nulas, a “crear una jerarquía cada vez más centralizada, sin acabar con la autonomía de las unidades locales a propósito”. Mientras que el grupo de ‘Márquez’ parece una coalición de tres grandes unidades: Farc-Ep, Coordinadora Guerrillera del Pacífico y Comandos de la Frontera, que operan ‘bajo la bandera’ de la ‘Segunda Marquetalia’ y “actúan sin coordinarse ni apoyarse militarmente”.

Pero también hay similitudes. “Ambos grupos sabotean directamente la implementación del acuerdo de paz con las Farc; tienen motivaciones económicas, pero eso no quiere decir que no tengan intereses políticos; ambos tienen excombatientes de las Farc y a ninguno lo ha golpeado el gobierno del presidente Petro con la Paz Total”, dice el informe.

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Sobre el señalamiento de que el Gobierno no las ha golpeado, esto se advierte por el aumento de los secuestros, la extorsión, el reclutamiento forzado, y el hecho de que no se han detenido los asesinatos de excombatientes de las Farc. También dicen que las disputas entre ambos grupos han contribuido a que en los municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) los homicidios aumentaran.

“La seguridad parece peor que nunca”, dice el informe conocido por EL TIEMPO.

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Además, la investigación señala que con la política de ‘paz total’ del Gobierno las disidencias ganan por punta y punta; “en el caso del ‘Emc’, si se paran de la mesa, saldrán más fuertes porque han aprovechado los ceses del fuego para fortalecerse política, económica y militarmente. Si se quedan y firman un acuerdo, van a venderlo como uno ‘mejor’ que el de las Farc”, incluso añadiendo que es improbable que lo último pase, al menos en lo que le queda al gobierno de Gustavo Petro, "porque el grupo no quiere dejar las armas hasta que no se logren las 'transformaciones estructurales', que ni siquiera han concretado en una agenda más allá de términos abstractos".

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Y en cuanto a la ‘Segunda Marquetalia’ se dice que “difícilmente va a lograr un mejor tratamiento que el actual. Pero el hecho de ser una coalición pone al antiguo jefe negociador del acuerdo con las extintas Farc en un difícil balance de poder con los otros líderes de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico”.

Frente a qué hacer al respecto, Johnson señaló que se debe articular la política de ‘paz total’ con la de seguridad, que en el primer año de gobierno “parecían competir”; también dijo que “la política de seguridad del Gobierno actual en papel tiene elementos positivos, pero no se ha implementado de la forma que se dice allí”.

Finalmente, el investigador habló de trabajar con las comunidades y fortalecer la sociedad civil local, así como de trabajar más con las autoridades locales en seguridad y paz: “Son los aliados en el territorio y pueden hacer muchas cosas, pero necesitan un papel claro y apoyo porque muchos municipios son de los más pobres del país”.

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