La ‘paz total’ ralentiza el cumplimiento del Acuerdo de La Habana: Defensoría

Si bien para la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 con la exguerrilla de las Farc tras las negociaciones de La Haban, Cuba, se han destinado importantes recursos, hoy “no hay mayores avances”, según lo reportó el ‘V informe de seguimiento a la implementación’, presentado ayer por la Defensoría del Pueblo.

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Según el informe, de 74 páginas, hay dificultades en distintas etapas de la implementación, y el defensor Carlos Camargo también cuestionó que la ‘paz total’ “lamentablemente está ralentizando el cumplimiento del Acuerdo Final porque mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras”.

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El informe hizo un corte de cuentas en los distintos puntos del acuerdo de paz y encontró, entre otros, sobre el punto 1, el de reforma rural integral, que incluye la entrega de tierras y la formalización de predios, que si bien la Agencia Nacional de Tierras habla de una cifra que superaría los 2 millones de hectáreas adjudicadas, el dato real sería de la mitad de ese número. Frente a la formalización, las entidades reportaron que el balance superaba los 4 millones de hectáreas, pero para la Defensoría habría una doble contabilización.

“Hoy no tenemos certezas sobre avances en términos cuantitativos del a la tierra. Dicho de otra forma, es un punto primordial del Acuerdo sobre el que no hay claridad en lo que a cifras se refiere”, señaló Camargo en la presentación; añadiendo que en restitución de tierras hay un atraso histórico, “las metas propuestas a diciembre del 2023 no alcanzaban el 50 por ciento de su ejecución”.

En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) se reportó que luego de 7 años de implementación, de las 33.007 iniciativas pactadas solo 14.255 tienen una ruta de implementación activa, lo cual representa el 43,18 por ciento del total de iniciativas.

"Preocupa el ritmo de avance si se considera que a 7 años de la implementación del Acuerdo de paz, menos del 50 por ciento de las iniciativas han iniciado un proceso de gestión”, se lee en el informe. En el lado positivo, se reconoció la implementación de la Jurisdicción Agraria.

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Frente al punto 2, de participación política, el informe alerta que permanece una situación de riesgo para defensores de derechos humanos y líderes sociales, y que entre enero y octubre de 2023 hubo 150 homicidios contra esta población.

En el punto 3, de fin del conflicto, se resaltaron los esfuerzos por la reincorporación de excombatientes, como los avances en 2023 para comprar 27 predios para el programa de adjudicación de tierras para reincorporados.

Además, se destacó positivamente el ritmo constante de aprobación de proyectos productivos de excombatientes, y se reportó que con corte al 31 de octubre de 2023 había 131 proyectos colectivos, que beneficiaban a 4.043 personas; y 5.560 proyectos individuales aprobados y desembolsados, que beneficiaron a 6.679 personas.

No obstante, la Defensoría alertó sobre la persistencia de escenarios de riesgo para la población en proceso de reincorporación.

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En cuanto al punto 4, de solución al problema de las drogas, la Defensoría se refirió al atraso que ha tenido el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), “el programa ha experimentado un retraso en la implementación de los proyectos productivos de ciclo corto y largo”.

Y si bien el organismo de Derechos Humanos resaltó la expedición del gobierno de Gustavo Petro de la nueva política de drogas del país, consideró que falta claridad en varios aspectos, como en la definición de metas, indicadores y presupuesto para el ‘Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas’, con el cual el Gobierno “busca romper con la dependencia a las economías ilícitas y disminuir gradualmente los cultivos de uso ilícito”.

La Defensoría también pidió claridad sobre la definición que debe hacer el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de la categoría de “pequeño cultivador”, que “trazará un punto de partida, no solo para la identificación de población beneficiaria del 'Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas', sino también para la implementación de la estrategia de erradicación forzosa que se pretende priorizar en aquellas áreas que no se encuentren inmersas dentro de esta categoría”.

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Sobre el enfoque transversal de género, la Defensoría dice que las mujeres continúan enfrentando barreras para acceder a condiciones de vida dignas.

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Frente a todo esto, el defensor Camargo concluyó diciendo: “Es fundamental la puesta en marcha de un órgano de articulación, porque a la paz le fueron asignados recursos por 50 billones de pesos, lo que amerita garantizar su verdadera consolidación”.

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