El duro informe del Cerac en el que alerta que oleada de homicidios por el conflicto no se veía desde hace 13 años

Con un país en alerta en diversas regiones como Norte de Santander y Cauca debido al incremento de ataques terroristas por parte de grupos armados ilegales, un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) indica que se está ante una deteriorada situación de orden público que no se veía hace 12 años, cuando iniciaron los diálogos exploratorios para llegar a la paz con las extintas Farc.  

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En su último informe, que monitorea los riesgos de seguridad a nivel nacional, el Cerac documentó que los homicidios asociados al conflicto armado interno alcanzaron en el último año, entre marzo de 2024 y el mes pasado, 1.446 casos.

Ese dato contiene cientos de historias de familias en luto por seres queridos masacrados, maltratados y asesinados, escenario que viene dejando un incremento desde abril de 2017, cuando se contabilizaron 398 muertes. "Desde entonces, la cifra de muertes ha presentado un ascenso casi continuo, excepto por dos breves reducciones, entre julio de 2018 y septiembre de 2019 y entre enero y agosto de 2024, esta última cuando estuvo vigente el cese el fuego bilateral con el Eln", se lee en el monitoreo.

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Precisamente, contra esa guerrilla el gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido tomando acciones militares y aéreas con mayor fuerza en los últimos días en departamentos como Norte de Santander y regiones como el Cañón del Micay y el Catatumbo, donde desde enero se han tenido que desplazar a la fuerza 61.000 habitantes por combates entre disidencias y Eln.

Para ahondar en qué conclusiones deja la nueva entrega, este diario habló con Jorge Restrepo, director del Cerac. Según él, lo que reflejan sus reportes es que estamos ante un "agravamiento" del conflicto armado interno: "esto muestra que no se logró contener, después de la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, un conflicto interno". 

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Y es que el mayor daño de estas disputas por el control territorial que les permite a disidencias de las Farc, Eln, 'clan del Golfo' y otros actores armados quedarse con las rentas ilegales del narcotráfico y la extorsión en regiones como Cauca y el Catatumbo, se lo sigue llevando la población civil. 

El monitoreo del Cerac permite ver que la ciudadanía sigue siendo la más afectada por la violencia asociada al conflicto, lo que significa que sigue sin revertirse la estadística de 2014, cuando los grupos ilegales y los integrantes de las fuerzas armadas del Estado eran los más perjudicados. No obstante, tanto 2024 como 2025 vienen cerrando con datos similares, con 842 y 858 muertes anuales respectivamente. 

Ante ello, Restrepo comentó que "Colombia tiene un reto histórico de una dimensión que en términos de reducción de la violencia, es nueva. Todos teníamos claro que había un enorme riesgo de que el crimen organizado, si no se contenía en los primeros años, después de la firma del acuerdo, podía dejarle a Colombia una situación de inseguridad tan grave como la que estamos viendo ahora".

Al discriminar quiénes han estado detrás de los hostigamientos ilegales sin intercambio de fuego en los últimos meses del año, el Cerac retrató que el 'clan del Golfo' es el mayor dinamizador de la violencia en el país, y a renglón seguido están las disidencias y el Eln, grupos que en medio de esta transformación del conflicto ejecutan ataques con explosivos y masacres sin después entrar a reconocerlas. 

Caso contrario cuando se trata de acciones que incluyen intercambio de fuego, en las que disidencias y Eln han llegado a sus picos más altos de violencia en los últimos 14 años. Ligado a esto, Jorge Restrepo enfatizó que los combates con la Fuerza Pública (78 en lo corrido de 2025) se han aumentado porque, en el caso del Eln, hubo un cese del fuego durante un año que "le permitió rearmarse, y eso he llevado a que puedan desplegar las operaciones que han hecho en el Catatumbo, Arauca y algo de Cauca".

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Sobre si la política de 'paz total' ha incidido en el deterioro reflejado en estas cifras, el director del Cerac afirmó que si bien repercute, los vacíos en la iniciativa gubernamental no son lo único. "Hay algunos como la baja efectividad en el aparato de justicia criminal, tanto en términos de lo que hace la Fiscalía, de las responsabilidades de la Judicatura y las de investigación de la Policía Nacional, que son los principales responsables de esta situación", respondió el analista.

Por eso, concluyó con que si bien es moralmente correcto buscar la paz y reducir la violencia, "esa proposición cuando no se logra con una sincronía completa, para todos los grupos, termina privilegiando a unos frente a otros, en particular cuando hay ceses del fuego parciales, ese es el principal limitante".

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]