'La minería y la coca son las razones de esta guerra en Catatumbo': disidente que se entregó al Ejército

En medio de las trágicas cifras de la escalada de violencia en el Catatumbo, que, según la Defensoría, ha dejado 41 muertes confirmadas y más de 36 mil personas desplazadas en los municipios afectados de Norte de Santander, hay un indicador positivo. Se trata de los disidentes que, en medio del plan de retoma de la fuerza pública, han entregado sus armas y se han sometido a la justicia. El Ejército informó que hasta ahora son 35 los desmovilizados.

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Como parte de la Operación Catatumbo, con la que se busca recuperar el control estatal del territorio que está siendo disputado por el Eln y la estructura 33 de las disidencias, comandadas por 'Calarcá', se ha desplegado un arsenal de más de 5.500 uniformados de todas las especialidades para resguardar a la población civil y someter a los ilegales. 

La intervención militar ha logrado replegar las tropas de los grupos ilegales y, después de una semana del estallido de la crisis de orden público, poco a poco se ha recobrado la tranquilidad en los municipios que estuvieron bajo fuego: Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego.

Otro logro es la desmovilización de algunos de los alzados en armas. El 21 de enero, el Ejército reportó el sometimiento de 14 integrantes de la estructura 33 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias, entre ellos un menor de edad que había sido reclutado, y en los últimos días otros 21 disidentes entregaron su fusil.

"El fortalecimiento operacional en la región de El Catatumbo deja al momento, 35 integrantes de grupo armado residual estructura 33 sometidos a la justicia. En horas de la madrugada se presentó una nueva extracción de seis individuos que decidieron someterse a la justicia y entregar sus armas al Ejército Nacional en zona rural del municipio de Las Mercedes", informó el Ejército.

Dos de los desmovilizados hablaron con del Ejército sobre las razones de la guerra en el Catatumbo, que se venía cocinando a fuego lento. La masacre en Tibú, ocurrida el 17 de enero, en la que murieron tres de una misma familia, entre ellos un bebé de nueve meses, crimen que se le atribuye a las disidencias, destapó la olla a presión que, debido a la magnitud de la emergencia humanitaria, motivó al presidente Gustavo Petro a declarar la conmoción interior.

"Nosotros llegamos caminando (a la guarnición militar) por culpa del conflicto que hay en esa área por culpa de los 'elenos'. Llegamos a un sitio y nos comunicamos con el Ejército y pedimos apoyo para que nos sacara", dijo uno de los sometidos. 

Y agregó: "El conflicto se desató con el Eln por el asunto de la plata... mucha coca y la minería".

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Un mujer desmovilizada también le contó a las tropas militares las horas de terror que vivió a costa de "una guerra que desataron los compañeros del Eln contra las disidencias". Contó que temió por su vida y que buscó amparo con el Ejército. 

Estos testimonios confirman la tragedia anunciada por la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de alertas tempranas: la creciente presencia de disidentes de las Farc amenazaba un pacto de no agresión que mantenían con el Eln en la región y que finalmente se rompió debido al control de las rentas ilegales que inundan el Catatumbo: la minería ilegal, el narcotráfico y las rentas de migrantes por el paso fronterizo con Venezuela.

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Redacción Justicia