Las otras regiones en las que se puede desatar una crisis como la del Catatumbo

La olla a presión que estalló la semana pasada en el Catatumbo era una tragedia anunciada. Los enfrentamientos entre los grupos armados que hacen presencia en la región y que se disputan a sangre y fuego el control de las rentas ilegales habían sido advertidos por la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de alertas tempranas, sin que el Gobierno tomara las medidas necesarias para prevenirlo.

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El pasado 15 de noviembre fue emitida la alerta temprana de inminencia número 26 que vaticinaba una escalada de violencia en los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y La Playa de Belén, en Norte de Santander, producto de los combates ente el Eln y una facción de las disidencias de alias Calarcá, tal como sucedió. 

La circular informaba sobre "la existencia de una disidencia de las Farc fortalecida y expandida, y una eventual confrontación entre esta y el ELN, que conducirían la región a una crisis desproporcionada y de elevados costos humanitarios".

Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso. "No todas las recomendaciones fueron abordadas a fondo y no se tomaron medidas extraordinarias", aseguró la defensora Iris Marín frente a la situación que, hasta el momento, ha dejado un saldo de alrededor de 60 personas asesinadas, 16 mil desplazadas y mil confinadas en más de siete municipios de Norte de Santander.

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Siguiendo estas "banderas rojas" que ha fijado la Defensoría y que predicen dolorosas realidades, en otras regiones del país se estaría cocinando una tragedia de proporciones similares, según las últimas seis alertas tempranas.

La alerta temprana de inminencia número 25 cobija los municipios de Tuluá, Bugalagrande, Caicedonia, Sevilla y Andalucía, en el Valle del Cauca, y prende las alarmas por un "eventual escenario de disputa armada entre dos grupos residuales de las disidencias: el 'frente 57' de las Farc-Ep y el 'frente Adán Izquierdo' del Bloque Isaías Pardo de 'Mordisco'. 

Este balance es el resultado de una observación en la que se evidenció un inusitado incremento de las acciones armadas contra la población civil rural y urbana, así como contra las comunidades indígenas que habitan en estos municipios, "a través de atentados, amenazas, secuestros y extorsiones, conductas que han provocado desplazamientos forzados individuales y que podrían generar mayores impactos humanitarios".

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El Bajo Caguán, en el departamento del Caquetá, específicamente el área que abarca Remolinos del Caguán y 27 veredas de este municipio, también está bajo un riesgo inminente de una escalada del conflicto armado entre el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias ‘Calarcá', y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, otra facción de las disidencias comandada por 'Mordisco'.

El cronómetro empezó a correr en agosto de 2024, cuando Unidades del Frente 'Carolina Ramírez', de las disidencias de 'Mordisco', irrumpieron en el territorio que desde abril del 2024 se encontraba bajo control hegemónico del Frente 'Jorge Suárez Briceño'.

"La avanzada territorial realizada por el Frente Carolina Ramírez y la contención a su ingreso por parte del Frente Jorge Suárez Briceño han estado acompañadas de un repertorio de acusaciones directas e indirectas sobre la población civil, por su supuesta simpatía respecto de uno u otro bando (...) Su ánimo de instrumentalizar a las comunidades en la obtención de ventaja militar respecto de la otra facción podría derivar en infracciones al DIH en perjuicio de personas y bienes civiles", se lee en el documento.

Seis comunas de la zona urbana de Quibdó, Chocó, también están enfrentando una situación de violencia y afectación a los derechos humanos "crítica", que, si las autoridades no intervienen de inmediato, "podría agravarse".

En los últimos meses, la Defensoría observó una reconfiguración y exacerbación del accionar violento de los grupos de crimen organizado que se autodenominan como Los Loko Yam, Los Mexicanos, RPS y Los Zetas y el fortalecimiento del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

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"Esta problemática se agudizó con la reciente suspensión del espacio de diálogo socio-jurídico con los grupos ilegales antes mencionados, creando un entorno de disputa territorial entre el EGC y la criminalidad organizada que vulnera el ejercicio de los derechos fundamentales", dicta la alerta. 

El deterioro se ha reflejado en el aumento de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos, confinamientos intraurbanos, así como en las violencias basadas en género, torturas, reclutamiento, uso y explotación de menores en las zonas delimitadas por el Ministerio Público en el informe.

Nuevamente, devolviendo el foco a Norte de Santander, en agosto del año pasado, la Defensoría también había advertido sobre graves perturbaciones al orden público, en la zona fronteriza con Cesar, por la expansión territorial del Frente 33 de las Farc-EP (actualmente en disputa con el Eln en el Catatumbo), en la región que abarca los municipios de La Esperanza, en ese departamento, y los corregimientos de Trinidad y Fundación, en San Alberto, Cesar.

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La alerta de inminencia se elevó debido a la situación de riesgo a la que está expuesta la población civil en esta región, por las amenazas y los ataques de este brazo de las disidencias de 'Calarcá', que atenta contra sus derechos fundamentales.

Desde junio del año pasado, la Defensoría emitió una alerta sobre el resguardo indígena Caño Mochuelo, ubicado en Hato Corozal y Paz de Ariporo, en Casanare. 

Su territorio ancestral ha sido invadido por células disidentes de las antiguas Farc, específicamente por el Frente 'José María Córdoba', perteneciente al Comando Conjunto de Oriente. Su presencia, se advierte en el documento, "ha endurecido las represalias que se evidencia en los mecanismos de control sobre la población indígena", que abarca más de 10 pueblos. Cuatro de ellos son sedentarios y seis mantienen sus prácticas nómadas, lo que los convierte en los únicos del mundo, y sobre los cuales se ha evidenciado una grave reducción poblacional.

Finalmente, otra de las ollas a presión que fue anunciada por la Defensoría es la región del norte del Cauca, en los municipios de Miranda, Caloto, Toribío y Jambaló, en donde también se disputa otro conflicto entre grupos armados que dejan en medio del fuego cruzado a la población civil.

Se trata de las dos grupos disidentes: el 'Frente 57, Yahir Bermudez' y el frente 'Dagoberto Ramos', que venía ejerciendo dominio hegemónico sobre el territorio y las rentas ilegales, de las cuales ahora el otro bloque quiere tener partida. 

Todas las alertas incluyen un manual de acción para que tanto el Gobierno como las autoridades locales puedan prevenir estallidos de violencia como el ocurrido en el Catatumbo, el cual incluso motivó la decisión del Presidente de declarar el estado de conmoción interior y emergencia económica para enfrentarlo.

Redacción Justicia