Mercurio: el químico en la mira por afectaciones en silencio a la salud

El uso del mercurio para la minería es ilegal en Colombia, así quedó plasmado en la Ley 1658 de 2013. Esa ley dio cinco años (2018) para su prohibición en toda actividad extractiva, y para 2023 se espera que se elimine su uso en todo proceso industrial.

Hoy, este elemento químico se sigue usando en la extracción ilícita de yacimientos mineros bajo el proceso de amalgamación del oro. Luego de este es inevitable que caiga al río, lo que de acuerdo con un informe de la Dirección de Carabineros de la Policía, “al estar en o con microorganismos presentes en el aire, suelo y agua, se convierte en metilmercurio, que es el compuesto de mercurio orgánico más común encontrado en el medioambiente”.

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Explica el documento conocido por EL TIEMPO que esto ocurre cuando el mercurio es asimilado por organismos microscópicos y lo transfieren a través de la cadena alimenticia de una especie a otra, especialmente en peces.

Señala Carabineros que la primera reacción del medioambiente por la presencia del mercurio es que se registra erosión en el margen de los ríos, lo que lleva a que “se reduzca la capa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales”.

Por la minería ilegal, los ríos más afectados por contaminación con mercurio son Guainía, Negro, Atabapo, Apaporis, Yarí, Puré, Putumayo, Cotuhé, Cauca y Nechí, lo que de acuerdo con la Policía se convierte en una “bomba de tiempo”, ya que en muchas circunstancias las aguas contaminadas llegan para consumo de los seres humanos, lo que con grandes exposiciones de metilmercurio puede llevar a cuadros de hidrargirismo (intoxicación crónica), o mercurialismo (envenenamiento), causando déficits orgánicos, neurológicos y cognitivos. Cuadros clínicos que se presentan con alguna frecuencia en los mineros.

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El mercurio produce efectos neurológicos, cardiacos (relacionados con el consumo de pescado), en las mujeres embarazadas puede afectar al feto y en casos extremos el metilmercurio se considera un posible agente cancerígeno.

Entre sus facultades, la Policía de Carabineros tiene como objetivo afectar la minería ilegal y, así, el tráfico de mercurio, por lo que por medio de un trabajo investigativo ha identificado las rutas y modalidades del químico al país.

Una de sus conclusiones es que por la reducción de los cupos de importación, la prohibición y regulación del mercurio, mediante la aplicación y ejecución normativa, se estableció un mercado de vendedores informales a través de redes sociales y plataformas. De acuerdo con Carabineros, los países desde donde se estaría ingresando el mercurio al territorio nacional son Ecuador, Perú, Brasil, Panamá y Venezuela.

Precisamente, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), trabaja para hacer frente a la los impactos de la contaminación por mercurio en la Amazonía de los países del programa Amazon Sustainable Landscapes Program (ASL) Brasil, Perú y Colombia.

Su finalidad es “realizar una investigación integral sobre la problemática de la minería de oro y la utilización del mercurio, con el objetivo de aportar elementos claves que unan esfuerzos y permitan la apropiación del tema a gobiernos, institutos de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, y así trazar una estrategia que mitigue esta problemática”.

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Según la Corporación, se busca un trabajo en conjunto con los tres países para tejer un panorama de la problemática y buscar posibles soluciones y encontrar “los puntos en común e identificar estos elementos como la base para discusiones a nivel regional y nacional”.

Es así como en diciembre de 2021 se reunieron en Leticia (Colombia) y definieron un plan piloto por desarrollar sobre el sector Yaguas-Cotuhé y Río Puré, que comparten los países en mención. En esa línea, la Procuraduría General lanzó una alerta en febrero de este año sobre el nivel de contaminación del río Suratá, en Santander.

En el informe publicado por EL TIEMPO se advierte que 2 microgramos por litro es el máximo de mercurio en el agua permitido por la normativa colombiana, pero que en los últimos años se han detectado 163 microgramos en ese río como consecuencia de la minería ilegal que se desarrolla en inmediaciones del municipio de California.

Ese tipo de situaciones son las que las autoridades pretenden frenar, porque en este momento las aguas del río Suratá surten varios acueductos de la región; de hecho, la primera alerta la lanzó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), que en 2017 detectó los altos niveles del químico y el año pasado prendió las alarmas por tres episodios similares, sobre la salvedad de que el agua sigue siendo apta para el consumo humano.

Alicia Liliana Méndez

Redacción Justicia

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