A través de un video, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, dio a conocer que, tras la captura el 23 de octubre de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del 'clan del Golfo', este jueves siete integrantes de esa organización se sometieron a la fuerza pública.
Molano Aponte sentenció que con la caída de 'Otoniel' se acaba el 'clan del Golfo' y que se iniciará un programa del Gobierno y el Ministerio de Defensa llamado 'Ruta de la Legalidad' para el sometimiento de los de esta banda.
"El mensaje es contundente, o se someten o serán capturados como 'Otoniel'", explicó el ministro antes de hablar del programa.
Anunció que todos aquellos que quieran vincularse al lado de la legalidad, tendrán la posibilidad de entrar al programa en tres fases: una fase suministrando información, otra, colaborando con la justicia, y la tercera fase, con apoyo económico y oportunidades.
"Todos aquellos que están aún en esas estructuras criminales en los diferentes rincones del país, tienen esta oportunidad de estar de este lado, del lado de la legalidad", concluyó Molano.
Por su parte, el comisionado de paz Juan Camilo Restrepo dijo que los grupos de organizaciones ilegales se podrán acercar a cualquier unidad militar de policía o a las autoridades civiles y manifestar su intención de abandonar sus actividades ilegales.
La 'Ruta de la Legalidad' se lanzó en Caucasia y beneficiará al Eln, las disidencias de las Farc y grupos armados organizados como el ‘clan del Golfo’.
De acuerdo con la explicación, un comité de sometimiento recibirá a las personas que se acerquen y allí empezarán sus procesos para abandonar las armas. Por los elementos de guerra entregados pueden recibir una compensación además de alimento, alojamiento y un kit de aseo.
Luego de ese primer momento, la persona que se somete será entrevistada por las autoridades y su proceso pasará a la Fiscalía, en donde se abrirá una noticia criminal (investigación), posteriormente la persona será trasladada a un hogar de paso y empezará a recibir beneficios en educación y salud.
Habría otra entrevista y, al término de ese proceso, se definirá si es certificado como exintegrante de una organización ilegal accediendo a nuevos beneficios. Todo ese proceso tomaría 90 días.
Restrepo indicó que cada caso se analizará individualmente y será la Fiscalía la encargada de definir los beneficios que pueda recibir.
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