Es necesario avanzar en una acción fronteriza en contra del narcotráfico, dice la ONU

Los resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilíctos, Simci, para el año 2022 indican que hay  230.000 hectáreas sembradas con matas de coca, lo cual es 12,7 por ciento más que las registradas en 2021, que fueron 204.000.

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EL TIEMPO entrevistó a Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (ONUDC), sobre las implicaciones del informe, las zonas que necesitan atención, la política de antidrogas del Gobierno de Gustavo Petro y las medidas que deben tomarse, entre otros.

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Se detectó que el incremento del área sembrada con coca en 2022 fue del 13 por ciento, reportándose 230.000 hectáreas. Cabe mencionar que el ritmo del aumento desaceleró, pues en 2021 el incremento fue del 43 por ciento. En todo caso, es una cifra histórica. Por otro lado, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína aumentó un 24 por ciento, la causa es que los lotes están en edades más productivas, principalmente aquellos sembrados entre 2020 y 2021. También hay una aplicación de mejores prácticas de agricultura y se optimizó el uso de sustancias químicas. El cultivo de coca se está reorganizando. Estamos frente a una geografía estratégica de la coca, que son las zonas en las que se ubica el cultivo, en las que se reconocen dos tipos de lugares que se deben tener presentes para generar estrategias de intervención.

Las de concentración, que es donde hay mejores condiciones para el tráfico, como zonas de frontera. Son territorios donde hay condiciones de vulnerabilidad para la comunidad, donde el interés por parte de los grupos armados ilegales persiste y se cuenta con un mayor número de personas dependientes económicamente, ya sea que cultiven o no. Y son zonas en donde se han implementado mejoras en la producción que redundan en la obtención de más cocaína. Por otra parte, están las zonas de desconcentración, donde la tendencia a la reducción del cultivo de coca es significativa. No obstante, persisten las condiciones de vulnerabilidad que los hacen propensos a que otras actividades ilegales se configuren.

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Este es un proceso que se viene consolidando en los últimos años tanto en la frontera suroccidental con Ecuador y Perú como en la frontera oriental con Venezuela. Estas zonas son seleccionadas por sus facilidades para el tráfico tanto de salida como de entrada de insumos y mano de obra. En particular, este año se realizó una alerta en la frontera sur, sobre el río Putumayo, pues la coca que se expande en el departamento empieza a unirse con el sector cocalero de Loreto en Perú. En estas zonas se evidencia que el modelo de transformación, las variedades y algunos grupos armados ilegales son los mismos. Es decir, estamos frente a una dinámica transnacional que requiere una atención prioritaria.

En esto hay que ser cuidadosos pues aún no tenemos las evidencias suficientes, sino aproximaciones. Algunas de las hipótesis son la amenaza y presión por parte de los grupos armados ilegales para promover la siembra y expansión en nuevas zonas del departamento, la cercanía con las rutas de tránsito hacia afuera del continente, entre otras. Consideramos que se requiere profundizar en algunos de ellos para tener una mayor certeza.

Es importante indicar que el fenómeno de las drogas, en este caso la cocaína, debe tener respuestas a nivel global. Es clave hacer énfasis en la situación actual de consumo: el Reporte Mundial de Drogas 2023 informó que el consumo global de cocaína estaría alrededor de 22 millones de personas en 2021. Esta situación tiene implicaciones en la fase del cultivo y su transformación que deben ser atendidas globalmente para una solución. Por esta razón, urgen las acciones equilibradas que permitan dar oportunidades a las comunidades para el a economías lícitas, así como reducir la demanda de drogas, o sea el consumo; pero también urgen las medidas para abordar de manera efectiva el crimen organizado y los delitos conexos al narcotráfico, como la corrupción y el lavado de activos que necesitan cooperación nacional, regional e internacional.

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Un primer punto para resaltar es que es una política a diez años, eso implica que se tiene posibilidad de generar cambios en los territorios más allá de un gobierno y las acciones implementadas pueden tener sostenibilidad y seguimiento. Por otro lado, desarrolla varios enfoques que nos parecen interesantes y necesarios: un enfoque participativo, en el cual se involucra a la comunidad desde la identificación del problema hasta el diseño de estrategias desde el territorio. Un enfoque territorial que generará acciones integrales y particulares según el territorio, basado en diez principios que contarán particularmente con la voluntad comunitaria y el desarrollo rural. Dos temas que hemos mencionado como primordiales en la lucha contra el narcotráfico, y que se articulan de manera adecuada con los retos identificados para las zonas de concentración y desconcentración, respectivamente. Asimismo, resaltaría las dos líneas estratégicas que el Gobierno llama ‘oxígeno’ y ‘asfixia’, lo que entendemos como la aproximación equilibrada. El ‘oxígeno’ se refiere a los esfuerzos en desarrollo rural para los campesinos y la prevención del consumo relacionado con la salud pública. Y la ‘asfixia’ se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Aún es muy pronto para mencionar esto, solamente hacemos un llamado a avanzar con prioridad en la implementación del plan de acción de la política y así atender a estos territorios vulnerables antes que otras economías ilícitas ganen terreno.

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El uso legal de la hoja de coca para la fabricación de distintos productos de consumo ya es una realidad en el país. Potencializar esta línea de acción es otra de las apuestas del Gobierno que busca reconocer los usos alternativos de esta planta y abonar acciones para contrarrestar el uso ilícito de esta hoja para fines del narcotráfico. Es importante recordar que Colombia, así como los demás Estados de la ONU, se ha adherido y ha ratificado las convenciones que marcan nuestro mandato en el tema de drogas y que se tratan en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El compromiso con las convenciones se reafirmó en la declaración conjunta de los países que hicieron parte de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, llevada a cabo la semana pasada en Cali. El próximo año, la comisión de estupefacientes en Austria tendrá un énfasis en la revisión de todos los acuerdos internacionales y es en este espacio donde los países podrán encontrar oportunidades para discutir sobre estos temas. También cabe mencionar que las mismas convenciones permiten avanzar en temas de investigación que favorezcan la generación de estrategias para la reducción de la producción de clorhidrato de cocaína y hemos conversado con el Gobierno para manifestar nuestra disposición en el acompañamiento de estas iniciativas.

Tenemos evidencia de que la erradicación voluntaria tiene una mayor sostenibilidad en los territorios que son intervenidos. Los datos de resiembra muestran menores niveles que en la erradicación forzosa. Estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en la implementación de mecanismos de monitoreo y nuevos indicadores asociados a la transformación territorial. No obstante, y como se mencionó en los hallazgos del documento, existen territorios donde las comunidades, por la actual dinámica social y de seguridad, no pueden comprometerse a avanzar de manera voluntaria y seguramente requerirán de apoyo del Estado para poder hacer el tránsito a las economías legales.

En primer lugar, debemos tener presente que el problema de la producción de cocaína no es solo de Colombia. Si bien junto con Perú y Bolivia concentran el área sembrada con coca, hemos evidenciado que el proceso de transformación e incluso focos incipientes de cultivos de coca están llegando a otros países de la región y del mundo. Es por esto que, desde nuestra experiencia, hemos podido identificar que la implementación de estrategias de desarrollo rural sostenible es un elemento crucial en la reducción de los cultivos y de la pobreza en las comunidades afectadas por este problema. El desarrollo alternativo y la erradicación voluntaria deben ser uno de los pilares de la lucha contra el narcotráfico. Así mismo, entendiendo la geografía estratégica de la coca, es necesario avanzar en la consolidación del tránsito a otros cultivos o actividades productivas en aquellos territorios que se consideran de desconcentración.

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Quisiera resaltar dos puntos: el primero es que es necesario avanzar en una acción fronteriza que incluya un mejoramiento de las capacidades locales para afrontar el fenómeno del narcotráfico, en la que se articulen los países vecinos y los demás de la región. Sin articulación efectiva entre los Estados de la región, el crimen organizado encuentra oportunidades para actuar. Se debe avanzar la perspectiva hacia un sistema de monitoreo integral, que permita contar con información oportuna para medir los cambios no solo relacionados con la producción de cocaína, sino con todos aquellos elementos económicos, sociales y de seguridad que se evidencian en estos territorios.

Desde 2019 hemos identificado y avanzado en el análisis de estos territorios, que han sido definidos como aquellas zonas que han presentado una concentración de cultivos de coca altamente significativa (hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado) y la persistencia del fenómeno ha sido superior a cuatro años de los cinco analizados. Para 2022, se registra la presencia de 15 enclaves productivos, incluyendo el recién consolidado Timba-Jamundí-Buenos Aires. Es importante tener presente que los enclaves productivos se localizan en zonas donde prevalecen unas condiciones de seguridad complejas y por tal razón las intervenciones deben estar acordes con dicha situación. Según los registros disponibles, en algunos de ellos se han realizado acciones de erradicación manual forzosa. Para tener una mejor evidencia de lo que sucede en estos territorios, es necesario que todas las acciones de intervención de reducción de la oferta cuenten con un sistema de registro confiable.

No se puede afirmar que hay una situación de reemplazo. Precisamente las cifras están evidenciando una gran diversificación en la que las drogas no están compitiendo por mercado, sino que lo están complementando. De otro lado, cuando se habla de nuevas sustancias psicoactivas, se debe tener en cuenta que se trata de 15 grupos químicos de los que se han detectado 1.230 drogas diferentes con efectos diferentes (estimulantes, depresores o alucinógenos). La cocaína tiene su mercado propio y, en general, no compite con otras drogas.

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Históricamente, Colombia ha contado con el apoyo de varios países y la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Dos acciones se deben continuar y reforzar en este ejercicio de corresponsabilidad. En primer lugar, avanzar en los programas de prevención y reducción del consumo en países no productores puede favorecer la disminución de la siembra de cultivos en los países productores. En segundo lugar, es necesario ampliar el apoyo de la cooperación internacional, incluyendo la articulación operacional en las zonas de frontera, el intercambio de inteligencia, la asistencia judicial, entre otros, para afrontar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el lavado de dinero, y la corrupción. En tercer lugar, es necesario invertir en programas enfocados en el desarrollo alternativo que permitan tener una mayor cobertura en los países productores de la región y continuar el apoyo a los sistemas de monitoreo actuales que favorezcan la ampliación de indicaciones en torno a la problemática de drogas. En este punto insistiría en la necesidad de la creación de sistemas de monitoreo en países no tradicionales donde se han generado alertas de presencia de cultivos de coca, así como de los cultivos de amapola y de marihuana.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ GÓMEZ-SUBEDITORA DE JUSTICIA

@AyitoMendez