Disparada de cultivos de coca en Nariño prende alerta de seguridad nacional

A los 30 años se aferra a la vida. Una esquirla de granada golpeó su cabeza y lo tuvo por varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, del Hospital de la Policía Nacional, en Bogotá.

El patrullero, cuya identidad se mantiene en reserva por su solicitud, hace parte del grupo de Comandos Jungla de la Policía Antinarcóticos que fueron atacados el 20 de agosto con ráfagas de fusil y granadas cuando pretendían entrar a destruir un laboratorio para el procesamiento de base de coca y cocaína ubicado en el sector de Brisas del Mira, en Mataje, zona rural de Tumaco, Nariño.

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Los hombres que atacaron a los uniformados hacen parte de las disidencias que se hacen llamar frente ‘Óliver Sinisterra’, al mando de alias Allende.

Las operaciones de interdicción, como la destrucción de laboratorios, se incrementaron en Nariño dentro de las acciones para afectar la cadena relacionada con la  producción de cocaína, que de acuerdo al ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, se fortaleció en esta zona del país luego de un fallo de tutela que desde mayo frenó las operaciones de erradicación forzada, es decir, de arrancar las matas de coca por parte del Ejército y la Policía.

El funcionario le aseguró a EL TIEMPO que lo que sucede en Nariño es de gran preocupación para el Gobierno: “Es un caso de seguridad nacional”.

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En una sentencia de tutela del mes de mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto protegió el derecho a la consulta previa de comunidades de Nariño y ordenó suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense. 

En particular, en los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.

En la tutela, las comunidades denunciaron que pese a que desde 2017 más de 17.235 familias accedieron a erradicar cultivos ilegales, solamente 1.035 de ellas han recibido los pagos prometidos en el Plan de Atención Inmediata (PAI). 

Además, contaron que se han producido enfrentamientos directos entre la Fuerza Pública y campesinos, que se incrementaron en 2020 en medio de la pandemia de covid-19.

El ministro Molano enfatizó que acatan y respetan todos los fallos judiciales, pero que en este caso quedó en evidencia que “decisiones judiciales tienen impacto en violaciones de derechos humanos”.

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Señaló el ministro que el hecho de que esta tutela “niegue en 10 municipios de Nariño la posibilidad de desarrollar la erradicación manual tiene efectos en el incremento de homicidios y en el aumento de desplazamientos forzados en esa zona”.

En Nariño, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas, en 2020 fueron detectadas 30.751 hectáreas con matas de coca.

Para el jefe de la cartera castrense se ha evidenciado que en el departamento se fortalecieron dos de los cuatro grupos que delinquían "porque los grupos armados al ver que puede cultivarse coca a diestra y siniestra en esos 10 municipios, sobre todo en consejos comunitarios, buscan el control total, y hoy tenemos una disputa entre las disidencias de las Farc y la ‘Segunda Marquetalia' ".

Para el ministro, esa disputa territorial por el control de los cultivos de matas de coca es la que ha generado la crisis en el Triángulo de Telembí, donde más de 12.000 personas han sido desplazadas.

Molano señaló que las decisiones judiciales pueden tener graves consecuencias “cuando no se considera lo que implica para una región el control de los cultivos ilícitos, el control de toda la cadena del narcotráfico en una zona como Nariño”, puntualizó.

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Afirma la Policía Antinarcóticos que dando cumplimiento al fallo se han dejado de erradicar en Nariño cerca de 4.850 hectáreas sembradas con matas de coca. En promedio, al día se arrancaban 50 hectáreas.

De acuerdo a Simci, de Naciones Unidas, en los resguardos indígenas ubicados en Nariño se concentra el 55 por ciento del total de los cultivos de coca en el país de dichas comunidades. Es decir, que de las 11.575 hectáreas sembradas con matas de coca en los diferentes resguardos a nivel nacional, 6.403 se concentran solo en Nariño.

Un informe de inteligencia conocido por este diario señala que emisarios del otrora frente 48 de las Farc, que hoy se hacen llamar 'Comandos de la Frontera', al mando de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, han sido trasladados desde su base de operaciones, el Bajo Putumayo, a Nariño, para buscar alianzas con otras disidencias a fin de fortalecer la producción de cocaína.

Este grupo es aliado de 'Iván Márquez' y su 'Segunda Marquetalia' y estaría apoyando la guerra territorial con los históricos en Nariño: disidencias como el 'Frente Óliver Sinisterra' y las 'Guerrillas Unidas del Pacífico'.

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"Buscan controlar los sembradíos de coca y la producción. Aquí todos tienen un aliado mexicano, de un cartel, a eso me refiero", le aseguró a este diario un vocero de la Iglesia que conoce la región.

"Los cultivos de coca están disparados, pero es que aquí es herencia cultural. O cultiva coca o cultiva coca, no hay más. Esa es la herencia que nos dejaron las Farc. Ellos la trajeron hace décadas", puntualizó la fuente.

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Para él, Nariño se "acabó de joder con esa entrega de armas de los muchachos que hacían parte de las milicias de las Farc hace 5 o 6 años. No les cumplieron y terminaron minando a Tumaco con la llegada de las llamadas disidencias", puntualizó.

Voceros oficiales señalaron que uno de los logros de la Fuerza Pública en Nariño fue la reducción sostenida de los cultivos de matas de coca entre 2018 y 2020, que se tradujo en 11.152 hectáreas exterminadas a través de la erradicación forzada, tal y como lo confirmó Simci. En 2018 había en Nariño 41.903 hectáreas de narcocultivos; en 2019, 36.964 hectáreas, y en 2020, 30.751.

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Añadieron que el trabajo de la Fuerza Pública y la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito por parte de los campesinos llevaron a que Tumaco dejara de ser la región del mundo con la mayor concentración de cultivos de mata de coca. Hoy ese puesto lo tiene la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

En este departamento, de acuerdo con Simci, se reportaron 40.084 hectáreas sembradas con matas de coca.

El subsecretario de Gobierno de Nariño y gestor de Paz y Derechos Humanos, Amilcar Pantoja, reconoce que se registró una reducción de los cultivos de coca, pero la atribuyó en gran parte al compromiso de los campesinos que aceptaron la erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

"Aquí el problema no son los cultivos de coca, aquí el problema es la falta de oportunidades para sacar los cultivos; aquí en Nariño no tenemos conectividad vial", aseguró Pantoja.

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Para el gestor de Paz, la problemática del departamento no es el narcotráfico, sino la falta de acciones del Gobierno y Estado para brindar una opción, "en esta región tenemos el mejor cacao, aguacates, pero no tenemos vías, no se puede ser productivo", reiteró Pantoja, al señalar que la reducción sostenida que se dio en los cultivos de coca por la "sustitución voluntaria fue más evidente que años de aspersión".

En igual sentido se pronunció uno de los líderes de la Organización de Juntas Comunales La Cordillera –que agrupa a municipios como: Policarpa, Rosario y Cumbitará–. "El problema no es el narcotráfico, la situación es histórica en Nariño. Este es un callejón sin salida, y la ruta de la Costa hacia el Valle del Cauca", señaló el representante de la organización, que pidió mantener su nombre en reserva.

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Afirmó que quienes siembran coca están de acuerdo con la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, "llevamos casi 26 años de negociación con los gobiernos de turno y no hemos logrado vías para sacar productos lícitos. No tenemos vías, no tenemos colegios. Queremos sustituir, pero no nos presentan opciones", reiteró.

En el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto del 10 de mayo de 2021 se ordenó “la suspensión inmediata de las actividades de erradicación forzada en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense (municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, la Tola, el Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas), que se encuentran en esta acción tutelar por la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, hasta tanto se cumpla lo previsto en el numeral 3 de esta providencia. En consecuencia, el Ejército y la Policía Nacional, en coordinación con el Ejecutivo, no podrán adelantar los operativos”.

Según la orden de la decisión de tutela, el Ministerio del Interior tendría 10 días para iniciar el proceso de consulta, que deberá completarse en un período de 90 días hábiles desde la notificación de la providencia. Ese periodo será prorrogable, consideró la Sala Penal, por solicitud de las partes, por una sola vez, por un período de 60 días adicionales.

Además, el Ejecutivo deberá entregar reportes periódicos sobre los avances del proceso hasta su finalización.

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El coronel en retiro de la Policía Nacional Miguel Tunjano, consultor en reducción de oferta de drogas ilícitas, le dijo a este diario que en Nariño, como en todo el país, las aéreas afectadas con cultivos ilícitos –el Gobierno en el marco de su política de drogas– las ha dividido en tres.

La primera, a través de una intervención estratégica, en la que se desarrollan los programas de erradicación voluntaria que considera "de débil cobertura",  denominados Pnis y Pdet, acorde con lo establecido en el acuerdo de paz.

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En un segundo punto esta el manejo especial, en el cual "se encintan los territorios étnicos (base del fallo) que requieren de consulta previa para la erradicación tanto voluntaria como forzosa, y que requiere de presupuesto, tiempo y voluntad política de las comunidades para realizarlo".

Tunjano señaló que un tercer aspecto hace referencia a la libre intervención, en la cual desarrolla la erradicación forzosa y que está limitada por el control territorial de los grupos armados que no solo atentan contra "la Fuerza Pública, sino que organizan la comunidad para bloquear las operaciones, inclusive de interdicción", puntualizó.

El experto señaló que estos escenarios conducen a que la coca que se erradica de forma voluntaria y forzosa "sea desplazada a las áreas en las cuales no es posible o se dificulta su erradicación". 

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Dijo que frente a estos hechos es importante que se fortalezcan estrategias como el control a las sustancias químicas necesarias para la producción de cocaína y el bloqueo a la entrada de capitales para la compra de la hoja y base de coca, que se comercializa en pesos colombianos, lo cual ascienden a 741.000 millones.

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