La polémica por los beneficios a desertores del acuerdo de paz con las Farc

El Gobierno aún no ha dado respuesta a la petición de la Fiscalía, revelada por EL TIEMPO, para que aclare la situación de 11 de las 20 personas que fueron reconocidas como representantes del 'Estado Mayor Central' de las Farc (EMC) –una disidencia– a quienes se pidió levantar órdenes de captura pese a que ya habían estado en el acuerdo de paz con las Farc.

La respuesta llegará en medio de un caliente debate sobre la petición, puesto que si ellos habían firmado el anterior acuerdo de paz, significa que traicionaron dicho acuerdo, y para algunos sectores, no deberían volver a tener la opción de estar en otro acuerdo sino ir a la justicia ordinaria a un proceso de sometimiento.

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Por ello, en opinión de analistas, lo que tiene entre manos el Gobierno es delicado. “Abrir una vía jurídica para darles beneficios diferentes al proceso penal ordinario a quienes repudiaron el acuerdo de paz tras firmarlo es afectar severamente la implementación, eso no solo va en contra del acuerdo, sino que genera un incentivo para que la gran mayoría de los excombatientes de las ex-Farc que están cumpliendo el acuerdo terminen repudiándolo”, consideró Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Otra visión tiene Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), para quien estas nuevas peticiones del Gobierno no ponen en riesgo el acuerdo de paz firmado en 2016, pero no son viables legalmente: “El marco normativo actual del Estado no permitiría que gente que ha firmado actas de compromisos en anteriores procesos de paz vuelvan a hacer parte de un proceso similar”; ese es el motivo, por ejemplo, por el que los paramilitares que estuvieron en Justicia y Paz no tienen cabida en el acuerdo de paz con las Farc.

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Preciado sostuvo que, en todo caso, aún no hay una decisión definitiva sobre el tema, pues en estos momentos no hay una negociación de paz, sino unos acercamientos con unos grupos armados que pueden derivar en una negociación o en un sometimiento a la justicia. Además, que el Gobierno anunció que habría una instancia de alto nivel para clasificar los grupos armados, clasificación que aún no se conoce, y que de esa clasificación depende qué camino hay para personas como el temido ‘Jhon Mechas’, para quien el Gobierno pidió levantar órdenes de captura.

“Hay una diferencia entre disidentes y desertores, el primero no firmó el acuerdo anterior y en estricto sentido podría entrar a otro acuerdo, pero los desertores ya pasaron por un acuerdo y se rearmaron, y la normativa colombiana no permitiría que estén en un nuevo acuerdo”, indicó, y señaló que con ellos la vía es el sometimiento.

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Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, coincidió en que aún no hay una decisión final sobre el tema, pero que el Gobierno debe ser muy claro a la hora de decir qué tratamientos hay para alguien que nunca firmó un acuerdo de paz y para alguien que sí lo hizo y lo traicionó.

Añadió que en medio del conflicto armado colombiano es común la ‘guerra reciclada’, es decir que haya “gente que firma un acuerdo de paz y vuelve y se mete a la guerra”, y que si el Estado le quiere apostar a un proceso de paz total, con todos los grupos, como lo ha propuesto el actual presidente, esta será una realidad que habrá que enfrentar.

Desde Washington, el expresidente Iván Duque se pronunció y advirtió: “Abrirles espacios a ellos de impunidad puede hacer que la ‘paz total’ se convierta en la ‘paz fatal’ ”.

El exmandatario añadió que “esos delincuentes”, como es el caso de ‘Jhon Mechas’, más allá del atentado que ordenó en su contra, “son personas que lo que han hecho es burlarse de la generosidad del Estado para la construcción de la paz. Ellos han estado dedicados al narcotráfico, al secuestro, a la minería ilegal y a toda suerte de actividades criminales y han gozado de la protección de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”.

Quien también cuestionó esta posibilidad fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues este hombre también es señalado de haber planeado el atentado en un CAI de Ciudad Bolívar, en la capital del país, en el cual murieron dos niños.

“ ‘Jhon Mechas’, de las Farc, asesinó a Salomé y a Daniel y pretendía matar a muchos más con dos atentados terroristas con bombas en Ciudad Bolívar el año pasado en Bogotá. En vez de justicia le ofrecen impunidad. No más impunidad que solo reproduce y recicla violencia criminal”, escribió la mandataria distrital en su cuenta de Twitter.

A su turno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló: “Que quede en la impunidad el atentado contra el presidente Duque sería un gravísimo precedente institucional”.

A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se refirió a los señalamientos: “La designación como representantes del EMC-Farc, por medio de la resolución presidencial, no implica la suspensión de investigación judicial alguna, ni una amnistía o indulto para ninguna de las 20 personas en cuestión”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que frente a organizaciones como la ‘Segunda Marquetalia’ le corresponde al presidente Gustavo Petro definir el estatus que se le va a conceder en su calidad de responsable del orden público y de los “procesos que se generen sobre con qué organizaciones puede hacerse negociaciones políticas”.

Redacción Justicia

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