‘Es ambicioso pero muy necesario’: relator de CIDH para Colombia sobre paz total

En entrevista con EL TIEMPO, el comisionado Joel Hernández, relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habló sobre las situaciones a las que le hacen seguimiento en el país, destacó la implementación del acuerdo de paz de 2016, pero dijo que persisten retos en materia de derechos humanos como el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc. Además, destacó la buena relación que actualmente hay con el Estado.

Como en todos los países, hay situaciones complejas, creo que Colombia sigue enfrentando retos de derechos humanos pero me parece importante la determinación que tiene el poder Ejecutivo de reconocer los desafíos que existen en materia de derechos humanos y enfrentarlos a través de políticas públicas. Eso ha permitido un diálogo fluido con las organizaciones de la sociedad civil en Colombia y también con las organizaciones internacionales. Es el caso de la Comisión Interamericana, que se ha beneficiado de un diálogo abierto, franco y honesto con el poder Ejecutivo.

La violencia en sus distintas causas sigue siendo un factor que tiene un efecto en el pleno disfrute de los derechos humanos, es una violencia multicausal. Hay un proceso de ‘paz total’, como se lo ha propuesto el presidente Petro, pero igualmente confluyen en esta conflictividad el accionar de la delincuencia organizada y fuerzas disidentes de la guerrilla que están generando violencia en algunas partes del país.

Esto desde luego tiene un impacto en los líderes sociales. Hoy, como en muchas otras partes de nuestra región, defender derechos humanos se convierte en una actividad peligrosa por esta violencia multicausal. A eso se suman los retos de incorporar a toda la población al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, hay una preocupación siempre presente en Colombia respecto a la población afrodescendiente y los pueblos indígenas que deben de ser incorporados al desarrollo nacional con mayor impulso.

Es una preocupación mayor. Los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos tienen un rol principal en toda sociedad democrática. Es a través de estos liderazgos como se dan controles sociales, como se transmite a las autoridades de los distintos poderes públicos el sentir de la población, y es como se avanza en la agenda de derechos humanos. En la medida en la que la defensa de los derechos humanos es intimidada opera un efecto inhibidor y eso significa sin lugar a dudas una pérdida de la sociedad civil para entablar un diálogo en materia de derechos. Entonces, además de la siempre lamentable pérdida de vidas humanas, preocupan los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos para realizar su labor.

Hay un reconocimiento universal sobre el acuerdo de paz de 2016, la Comisión ha venido dando seguimiento a su implementación porque el cumplimiento de sus distintas disposiciones va a permitir que en Colombia se instale una paz social y un ambiente propicio para el disfrute de los derechos humanos.

Uno de los aspectos que la Comisión ha observado que se requiere un mayor impulso es el capítulo que tiene que con las reformas agrarias porque en la medida en la que existan, se van a poder atender unas de las grandes demandas históricas de ciertas poblaciones. Desde luego, hemos visto también con preocupación cuando ha habido disidencias de las Farc que no se han acogido al proceso de paz, pero vemos también con optimismo el impulso del presidente Petro para avanzar en negociaciones con el Eln, eso en sí mismo es promisorio.

Creo que esto es un proceso ambicioso pero muy necesario en Colombia, el de poder alcanzar la pacificación total de todo el territorio y poder atender de raíz las distintas causas de la violencia. Sin lugar a dudas es un proceso complejo y requiere de entender las causas de la violencia y a partir de ahí, poder atenderlas, podemos imaginar la complejidad también de tipo político de poder sumar a todas las fuerzas en este proyecto, es un tema que compete más opinar a ustedes colombianas y colombianos. Pero desde la perspectiva de la Comisión estamos convencidos, en la medida en la que se avance en atender estas causas raíz de la violencia, de que se puede avanzar mucho en la instauración de un ambiente propicio para disfrutar los derechos humanos.

Entender las necesidades de las poblaciones históricamente olvidadas en el país, lo que tiene que ver mucho con el desarrollo económico de las poblaciones más alejadas. Se trata de voltear los ojos hacia las comunidades indígenas y hacia los pueblos afrodescendientes, hacia la población urbana que se encuentre en situación de precariedad.

Es evidente que el acuerdo de paz fue histórico y permitió avanzar hacia un proceso de pacificación; pero también generó otro tipo de violencia, que es en contra de las personas firmantes de este acuerdo. Creo que aquí hay una institucionalidad establecida en el país, la Unidad Nacional de Protección juega un rol muy importante y el Estado tiene en sí un desafío enorme de poder dar protección a todas las personas que se encuentran en riesgo. Quiero resaltar que lo que observamos es una determinación del Estado de poder atender hasta el límite de los recursos a las personas que se encuentran en situación de riesgo, incluyendo a aquellas que participaron en la firma del acuerdo.

Hicimos un mapeo de las más de 40 recomendaciones que emitió la Comisión en su informe de junio de 2021, hay avances importantes en algunas de las recomendaciones, por ejemplo, hemos visto con satisfacción cómo se están perfeccionando los protocolos de actuación de las fuerzas del orden con el propósito de evitar el uso desproporcionado de la fuerza, hemos visto también con mucho interés la adopción del registro de actuaciones policiales, la activación de canales de recepción de denuncia, recibimos también con mucho interés el anuncio de poder llevar a cabo una reubicación de la Policía Nacional a un ministerio de carácter civil. Hay otros retos pendientes, uno muy importante es el de poder elevar el derecho a la protesta a nivel de ley y con esto poder garantizar plenamente este derecho humano.

En la visita que realizamos a Colombia recibimos con gran entusiasmo la disposición del presidente Petro a que pudiéramos, de ahora en adelante, llevar a cabo nuestro seguimiento a estas recomendaciones de manera conjunta, es decir, que tanto representación del Estado como la CIDH y con la participación de la sociedad civil vamos a poder ir viendo cómo se avanza el cumplimiento de estas recomendaciones, esto implica hacer una calendarización de cada una de las recomendaciones, ponernos metas medibles y esto de manera natural, a partir de la de reportes de periódicos que se presenten, nos va a permitir dar un impulso al cumplimiento. Aún estamos negociando con la representación del Estado el acuerdo que va a permitir este mecanismo conjunto, pero estamos muy optimistas de los próximos resultados.

Justamente tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a calendarizar el cumplimiento de las 41 recomendaciones. Las 28 que se identificaron en un primer momento están muy directamente relacionadas con el derecho a la protesta, este va a seguir siendo una prioridad, pero habrá otras recomendaciones que tienen que ser avanzadas, por ejemplo, la investigación de los homicidios y de las lesiones que se dieron en el marco de las protestas; otras de carácter estructural que tienen que ver más con el pleno disfrute de los derechos humanos. No quiere decir esto que el Estado no esté dando atención a las 41 recomendaciones, simplemente lo que tenemos que ver es para propósitos metodológicos, cuáles son aquellas recomendaciones que van a tener un seguimiento inmediato.

Hay una relación muy fluida de una gran colaboración del Estado colombiano en su conjunto con la Comisión. Yo como relator de país me siento muy privilegiado de poder conversar los temas de interés de la Comisión con toda franqueza. Yo aquí lo que quiero señalar es la naturaleza de cooperación internacional que caracteriza a la Comisión, y para que esa cooperación sea posible es necesario que ambas partes dialoguen, y es justamente lo que estamos observando para un fin único, que une a todas las partes interesadas, que es avanzar en la agenda de derechos humanos.

Yo no le atribuyo a eso una característica especial, tiene muchos factores. Uno es simplemente el nivel de conocimiento que tienen organizaciones peticionarias sobre el Sistema Interamericano, tal vez ese sea el factor que más hace que haya peticiones de Colombia, pero es el único dato objetivo, yo nunca he encontrado una relación directa entre número de peticiones o casos versus el nivel de disfrute de los derechos humanos.

María Isabel Ortiz Fonnegra

@MIOF_