Las cifras que la Fiscalía le dio a Corte sobre el aborto como delito

En medio de la demanda del movimiento Causa Justa, que le pidió a la Corte Constitucional eliminar del Código Penal el delito de aborto, la Fiscalía General le envió al alto tribunal las respuestas sobre una serie de preguntas que le hizo la corporación relacionadas con la judicialización de esta práctica, que es penalizada en el país cuando no se realiza en una de las tres causales permitidas por la corporación judicial. 

Al itir para estudio la demanda de Causa Justa, en un auto del pasado 28 de octubre, la Corte Constitucional invitó a varios sectores a dar su opinión y les pidió a otros responder una serie de inquietudes frente a este tema. 

A la Fiscalía, en particular, la Corte le preguntó por el número de actuaciones investigativas por el delito de aborto desde el 2006, fecha en la que el alto tribunal despenalizó parcialmente el aborto en tres casos: riesgo para la vida o la salud de la madre, violación o malformación del feto. 

La Corte también le preguntó por el origen de las denuncias, cuántas vienen de médicos, cuántos casos han sido archivados, en qué etapa están, y cuántas mujeres han sido capturadas en flagrancia, es decir, mientras se realizaba un aborto. 

En primer lugar, la Fiscalía asegura que desde el 2006 hasta la fecha, a esa institución le han llegado 5.646 procesos penales por el delito de aborto en los cuales hay 4.510 personas indiciadas. De ellas, la mayoría (por lo menos el 65 por ciento) son mujeres, y un 17 por ciento son hombres. En los demás casos no se especifica el sexo de los denunciados o denunciadas. 

De todas las personas indiciadas, 566 fueron imputadas, 357 fueron acusadas, a 75 se les aplicó un principio de oportunidad, con 51 se logró un preacuerdo, y 259 tuvieron una sentencia condenatoria, es decir, fueron condenadas por aborto. Además, 23 personas fueron absueltas, y 95 tuvieron una sentencia sancionatoria.

Los datos entregados a la Corte también muestran que de los 5.646 procesos por aborto registrados en la Fiscalía, al menos  el 47 por ciento (2.664 casos) fueron archivados por atipicidad, es decir, porque no se encontró que los hechos pudieran ser judicializados como un delito. Otros 213 casos fueron cerrados porque no hubo aborto. 

De otro lado, la Fiscaía también le dijo a la Corte que no tiene un protocolo específico sobre cómo realizar capturas en flagrancia por el delito de aborto. Sin embargo, sí señaló que entre el 2006 y el 2020 fueron realizadas por parte de la Policía Nacional 469 capturas en flagrancia, lo cual significa que dentro de esa cifra puede haber mujeres que fueron detenidas mientras se realizaban un aborto, sin que -de lo registrado por la Fiscalía- haya información para saber cuáles fueron las condiciones. Fuentes del ente acusador también señalan que dentro de esas capturas en flagrancia puede haber médicos o personal de salud. 

De esas capturas, reporta la Fiscalía, 13 fueron legalizadas, es decir, fueron avaladas por un juez. Las razones que impidieron judicializar el resto de capturas, afirma el ente acusador, no se pueden consultar de forma agregada en las bases de datos de la Fiscalía.  

El organismo también le dijo a la Corte que la mayoría de procesos judiciales por el delito de aborto están en Bogotá, con 1.030, seguida por Valle del Cauca (365),  Santander (340),  Antioquia (322), Tolima (301), y Bolívar (280). 

De los 5.646 procesos, la Fiscalía asegura que en 1.675 se registró el lugar de los hechos como una zona rural, y 1.611 como zona urbana. Además, llama la atención que hay por lo menos 551 denuncias contra menores de edad y, por lo menos una de ellas es contra una menor de entre 6 y 11 años. Entre ellas hay otras tres contra niñas entre 12 y 13 años, y 564 contra menores entre los 14 y 17 años. 

Los reportes sobre denuncias contra menores de 14 años son alarmantes ya que sobre las menores de esa edad la ley dice que se debe presumir que el hecho se dio por violencia sexual, lo que significa que está dentro de una de las causales despenalizadas para poder abortar. 

La mayoría de mujeres con procesos judiciales, según los registros de la Fiscalía, tenían entre 18 y 29 años, con 1.163 casos. 

Sobre la forma en la que se inició el proceso, la Fiscalía afirma que en 1.476 casos se comenzó por una denuncia penal. Y solamente se tiene información sobre el oficio o profesión de 598 de los denunciantes, y en esos registros se puede ver que 88 tienen actividades relacionadas con el hogar,  40 eran comerciantes, y 29 se dedicaban a la medicina o actividades del sector salud

Frente a la inquietud de la Corte sobre estas denuncias hechas por funcionarios de la salud, afirma el ente acusador,  la clasificación sobre ocupaciones de los denunciantes el subregistro es tan alto que impide hacer un análisis profundo sobre el tema. 

Sin embargo, la misma Fiscalía le remitió a la Corte los resultados de un estudio que publicó en enero y que recoge todos los registros procesales en los sistemas de la Fiscalía hasta diciembre.

En ese estudio, titulado 'Informe sobre la judicialización del aborto en Colombia', se lee que la mayoría de mujeres son denunciadas por hombres, y afirma que pese a los subregistros sobre la profesión de los denunciantes "es posible que muchos casos en los que el personal médico es quien denuncia, se registren en el sistema como actos urgentes". 

Esa acotación es significativa pues, según los datos que la Fiscalía envió a la Corte, al menos 2.530 de los procesos que se abrieron entre 2006 y 2020 se dieron por "actos urgentes", lo que significaría que en la mayoría de los casos los denunciantes serían funcionarios de la medicina. Esa hipótesis, afirma el ente acusador, se refuerza en que al evaluar las condenas, se pudo determinar que en el 73 por ciento de ellas los reportes fueron hechos por un centro hospitalario. 

Entre la mayoría de denunciantes en los que se conoce su oficio también aparece personal relacionado con la Fuerza Pública, pues 14 denunciantes se dedicaban a la istración policial, tres eran agentes policiales, 11 tenían ocupaciones exclusivas de las Fuerzas Militares, 11 eran patrulleros de la Policía Nacional, y dos eran subintendentes. 

Sobre la relación que el denunciante tenía con la mujer a la que se señaló de aborto, tampoco se tienen muchos datos, pues la Fiscalía solo registra 43 casos en los que existe esa información. De ellos, la mayoría de denunciantes, con 11 casos, era el excompañero permanente y en otros 11 casos se encontró que la que hizo la denuncia era la madre de la mujer que abortó. 

REDACCIÓN JUSTICIA

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