Corte dice que el Pacto Político Nacional, creado en el acuerdo paz, sigue en veremos

El acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Farc dispuso la creación, entre otros, de un Pacto Político Nacional, que debe promoverse desde las regiones y con la sociedad en pleno.

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Está contemplado en el punto 3.4.2. del acuerdo como un compromiso de todos "para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo".

En un auto emitido por la Corte Constitucional, que analiza la grave situación de seguridad de los firmantes de la paz, se indicó que este punto está en veremos y dictó ordenes para empezar a ponerlo en marcha.

El acuerdo de paz dice que el Gobierno debe poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, así como desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones istrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia.

La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia que en 2022 declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de seguridad de las personas que firmaron la paz, dijo que ha conocido de diversas fuentes, reparos frente al cumplimiento de este punto del acuerdo de paz por su carácter simbólico.

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Esa información fue presentada así a la Corte principalmente por la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz y en el informe remitido por el Ministerio del Interior no se mencionaron avances en la construcción del Pacto Político Nacional.

Por esa razón, la Sala ordenó al Ministerio del Interior que, en coordinación con el Consejo Nacional de Paz, "inicie la elaboración del Pacto Político Nacional". Y dijo que ese diseño y construcción del Pacto deberá seguir al menos los siguientes parámetros:

Por un lado, dijo la Corte Constitucional, deberá "construirse desde las regiones más afectadas por la violencia, e incluir la participación de, entre otros, los diferentes partidos y movimientos políticos, las comunidades en los territorios, los gremios económicos, los medios de comunicación, las organizaciones religiosas, la academia, las organizaciones de mujeres, la población LGBTI, las personas en condición de discapacidad, los pueblos y comunidades étnicas, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos".

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Para ello, agregó la Corte Constitucional, deberá acudir a los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia, en los territorios en los que estos existan.

Además, la construcción de este Pacto debe partir del seguimiento y evaluación de los compromisos incluidos en los pactos anteriores, especialmente de los pactos territoriales.

"Deberá ser liderado por el Ministerio del Interior en estricta coordinación con el Consejo Nacional de Paz (de acuerdo con lo establecido en el literal o, numeral 3 del artículo 6 del Decreto Ley 885 de 2017)", dice el auto.

Y deberá incluir "estrategias concretas de recolección de información relacionada con actos de estigmatización que se presenten en medio de las campañas políticas, de forma que pueda ser presentada ante las autoridades competentes que deberán proceder a la respectiva investigación y sanción de estos actos".

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La Corte Constitucional señaló que para el diseño de ese plan se deben suscribir pactos de transparencia y buenas prácticas que debe impulsar la Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y No Estigmatización, en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales y en armonía con el marco del Pacto Político Nacional.

"No deben concebirse como instrumentos aislados o desconectados de este. En ese sentido, deben contar también con la participación activa del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia", dice el auto.

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Además, el Ministerio del Interior, en el marco de sus funciones, definirá estrategias y lineamientos para hacer operativas y realizables las decisiones adoptadas en el Consejo Nacional de Paz.

Esa orden en relación del Pacto fue incluida en una decisión que ordenó tomar medidas urgentes de protección para la población firmante del acuerdo de paz, especialmente de cara a las elecciones regionales de octubre.

Por ejemplo, se ordenó a las entidades que componen la Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y No Estigmatización que, bajo la coordinación del Ministerio del Interior y en cinco días hábiles, presenten a la Corte un cronograma de actividades concretas y ejecutables "con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y de las acciones generales contenidas en el numeral 6° del Plan Nacional de Garantías electorales respecto de la población en proceso de reincorporación y los candidatos del Partido Comunes, en el marco del periodo electoral".

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"En este cronograma deberán atender de forma prioritaria los municipios u otros territorios con riesgos extremos y altos para la población firmante del Acuerdo de Paz y para el partido Comunes en el marco del proceso electoral", dice el auto que enfatiza en que se deben atender los mayores riesgos para la población que se identificaron en los departamentos de Cauca, Arauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Antioquia, entre otros.

Además, el Ministerio del Interior deberá coordinar con las entidades que conforman Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y No Estigmatización la creación de una estrategia específica que permita recolectar de forma precisa y verificable la información relacionada con actos de estigmatización en medio de las campañas políticas.

"Esta información deberá trasladarse oportunamente al Consejo Nacional Electoral, para el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en el desarrollo del Plan Nacional de Garantías Electorales, y para que imponga las sanciones pertinentes".

La Corte dijo que cuando se presente una solicitud de un candidato firmante del Acuerdo de Paz o de un integrante (firmante o no) del partido Comunes, deberá existir una labor coordinada con la Mesta Técnica de Seguridad y Protección  para su revisión, manteniendo la presunción de que hay un riesgo extraordinario.

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Y "una vez finalizado el periodo electoral, se deberá evaluar la necesidad de mantenimiento de las medidas para los candidatos o candidatas firmantes del Acuerdo de Paz o integrante de Comunes".

"Esta valuación debe contar con la coordinación de la Mesta Técnica de Seguridad y Protección; y, además, cuando se trate de firmantes que hayan participado en las elecciones, pero que no pertenezcan al partido Comunes, deberá contar con la participación de un delegado que represente la expresión política distinta del firmante objeto de protección", precisó.

Igualmente, la Corte Constitucional le ordenó a la subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, para que atienda de forma prioritaria la revaluación de la situación de riesgo de los candidatos del partido Comunes y de los firmantes del acuerdo de paz que participen en la contienda electoral por otros partidos políticos, y que hayan sido víctimas de algún tipo de hecho victimizante.

"Deberán atender de manera urgente, dentro de un término que no supere los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, las solicitudes de protección o de reforzamiento de medidas que en el marco del proceso electoral presenten los y las integrantes del partido Comunes y las personas firmantes del Acuerdo que participan en la contienda electoral por otros partidos políticos", dijo la Corte.

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Y se ordenó implementar de forma urgente las medidas de protección conferidas a las sedes del partido Comunes en las ciudades de Popayán, San José del Guaviare y Bogotá.

Igualmente, la Corte instó a las autoridades para que adopte las medidas necesarias para impulsar la investigación y judicialización de las estructuras y organizaciones criminales responsables, con base en la identificación de los fenómenos y patrones criminales que subyacen a los hechos victimizantes individuales, de acuerdo con su mandato.

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Y el Ministerio del Interior, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación deberá establecer un mecanismo para asegurar que la información recibida y recopilada por el Ministerio del Interior sobre afectaciones, delitos e irregularidades en el marco del periodo electoral, llegue oportunamente a la Fiscalía.

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