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137 condenados presentaron impugnación ante la Corte contra su fallo

Hasta el pasado viernes tenían plazo para impugnar su primera condena. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura para el año en curso recibirán aproximadamente $38.000.000

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura para el año en curso recibirán aproximadamente $38.000.000 Foto: Archivo EL TIEMPO

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La Corte Suprema de Justicia publicó la lista de personas que fueron condenadas por ese alto tribunal en única instancia, o que recibieron en la corporación judicial su primera condena en casación, y que presentaron un recurso de impugnación para que se revise esas sentencias.
La corporación judicial les había dado plazo tanto a los aforados -condenados en única instancia- como a los demás ciudadanos -condenados por primera vez en casación- para que presentaran sus impugnaciones hasta el pasado 20 de noviembre, a las cinco de la tarde. 
En total, la Corte recibió 137 impugnaciones de personas que habían sido condenadas por ese alto tribunal, entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018. De ellas hubo muchos casos en los que no aplicaba la solicitud, por no cumplir los requisitos mínimos. 
Tras la depuración de los que no cumplían las exigencias mínimas, en total fueron recibidas 84 impugnaciones en la Corte Suprema de las cuales 22 son de altos exfuncionarios condenados en única instancia. Las demás, son de personas que habían sido condenadas en casación. 
La corporación permitió estas impugnaciones después de que la Corte Constitucional resolvió una  tutela del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, y ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia permitirle impugnar su condena de única instancia de 17 años y cuatro meses de prisión, por el caso de Agro Ingreso Seguro. 
En ese fallo de tutela, la Corte Constitucional no extendió los efectos a los demás aforados que estuvieran en su misma situación, por lo cual, quienes tuvieran un caso similar habrían tenido que interponer tutelas para que un juez ordenara, si así lo encontraba procedente por el derecho a la igualdad, que se les permitiera impugnar su sentencia. 
Sin embargo, al resolver una petición que les hizo el exrepresentante a la Cámara Efrén Antonio Hernández -condenado por parapolítica- y basándose en las órdenes que le dieron por el caso de Arias, el pasado tres de septiembre la misma Corte Suprema de Justicia estableció unas reglas para que otros condenados en única instancia o por primera vez pudiera pedir la revisión de sus sentencias. 
Así, el alto tribunal estableció que los aforados que hubieran sido condenados por la Sala Penal de esa corporación, entre  el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero del 2018 podían presentar sus impugnaciones hasta el pasado viernes 20 de noviembre. 
Las impugnaciones para condenados después del 30 de enero del 2014 se permitieron ya que esa fue la fecha que la Corte Constitucional tuvo en cuenta en el caso de Arias, afirmando que ese día la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una decisión en la que ordenó a los Estados garantizar la impugnación del primer fallo condenatorio de aforados, por lo cual es a partir de ese momento que se consideró que se creó una obligación en Colombia de garantizar este derecho, según el marco internacional. 
Y aplicó para condenas hasta el 17 de enero del 2018 porque esa fue la fecha en la que entró en vigencia la ley de doble instancia para aforados que, precisamente, creó en la Corte Suprema de Justicia dos nuevas salas -la de insrucción, y la especial de juzgamiento en primera instancia- para poder garantizar que quienes fueran sentenciados desde ese momento por el alto tribunal, pudieran tener una segunda instancia que revise sus casos. Es decir, como ellos ya tienen su propio procedimiento, no fueron cobijados por las impugnaciones especiales que permitió la Corte Suprema. 

¿Quiénes son los aforados que impugnaron?

En la lista de quienes presentaron impugnaciones para que se revisen sus condenas de única instancia aparecen varios condenados por 'parapolítica', como el exgobernador de Sucre Álvaro Alfonso García Romero, condenado a 40 años de prisión por sus nexos con paramilitares y la masacre de Macayepo. Sin embargo, en septiembre pasado la Corte ya le había dicho que en su caso no aplica el derecho a la impugnación, pues su condena es del 23 de febrero del 2010. 
También aparece el excongresista del Caquetá, Luis Fernando Almario Rojas, condenado a 10 años de cárcel en el 2016 por sus nexos con las Autodefensas. 
Otra impugnación que se recibió es la del exministro Diego Palacio Betancourt, condenado a seis años y 8 meses por la 'Yidispolítica', es decir, por el ofrecimiento de dádivas a cambio de que se votara en el Congreso a favor de permitir la reelección de Álvaro Uribe. 
Por ese mismo caso de corrupción  también fue condenado el exministro Sabas Pretelt a 6 años y 8 meses de cárcel. Él también impugnó su sentencia.  Y lo hizo el exsecretario Alberto Velásquez, quien recibió una condena de 5 años por este mismo escándalo. 
Por la misma 'Yidispolítica' también está condenado el exrepresentante Iván Díaz Mateus, quien también presentó una impugnación contra su condena de seis años de prisión. 
También impugnó su condena el general en retiro y exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. 
Además hubo impugnaciones de dos exfuncionarios del gobierno Uribe, condenados por las 'chuzadas del DAS'. Se trata del exsecretario de presidencia Bernardo Moreno Villegas, y de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, condenados por la Corte en el 2015. Moreno recibió una pena de 8 años, mientras que Hurtado fue condenada a 14 años.
Entre el listado aparece el nombre del exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. Iván Moreno fue condenado en octubre del 2014 a 14 años de prisión por el caso de corrupción del 'carrusel' de contratos en Bogotá. 
Además, impugnó su fallo el exfiscal Rodrigo Aldana, quien fue condenado a 9 años de prisión en el 2017 por recibir un apartamento a cambio de favorecer al exsenador Otto Bula en un proceso de extinción del derecho al dominio.
REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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