Arias: un caso que dividió al país, la política y a las Cortes

Hace más de una década, mientras Andrés Felipe Arias se disputaba en las toldas del partido conservador la candidatura a la presidencia, estalló un escándalo de corrupción sobre el Ministerio de Agricultura que él dirigió cuando hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según el cual los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) –que debían ir para pequeños campesinos– terminaron en manos de grandes empresarios que fraccionaron sus predios para obtener más recursos.

Desde entonces, y con mucho más énfasis desde que la Fiscalía General de Viviane Morales le imputó cargos el 22 de julio del 2011, y la Corte Suprema de Justicia lo condenó por esos hechos en julio del 2014, el caso de Arias ha sido uno de los temas políticos y jurídicos más controvertidos y sonados del país.

Esa controversia se revivió el jueves, cuando la Corte Constitucional –en un fallo apretado de cinco votos contra cuatro– le permitió al exministro impugnar su condena de 17 años de prisión, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema.

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Esa corporación lo condenó al encontrarlo responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de 11 grupos económicos que, según la sentencia, se habrían quedado con más de 25.087 millones de AIS.

Con la decisión de la Corte Constitucional, la Suprema tendrá que conformar una sala para revisar esa condena de forma “amplia e integral”.

Al conocerse que Arias tendrá esa garantía, la polarización volvió a asomarse. Dos altas cortes terminaron enfrentadas y en Twitter hubo hashtags, tanto para recoger firmas a favor de la impugnación del exministro, como en contra de darle ese derecho.

Y los partidos se dividieron entre el Centro Democrático, que celebró el fallo afirmando que se estaba reconociendo un derecho fundamental para que Arias “demuestre su inocencia”, mientras que la oposición lo rechazó, advirtiendo los peligros de que condenados por ‘parapolítica’ o chuzadas puedan reabrir sus casos, y pidiendo que la Corte Suprema ratifique la condena por corrupción.

Pero ¿por qué el caso de Arias genera tantas pasiones en la política y tantos debates jurídicos?

Una de las explicaciones es que Arias siempre fue uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Álvaro Uribe hasta el punto que, cuando él estuvo en Estados Unidos, mientras la Corte Suprema pedía que lo extraditaran a Colombia, el uribismo solicitaba a ese país que lo dejaran en libertad bajo fianza.

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Según recuerda el abogado Iván Cancino, Arias siempre fue un “perseguido político para el uribismo, mientras que para la izquierda y la oposición, era una forma de ver castigado al uribismo puro”.

Lo mismo cree Antonio Aljure, abogado y docente de la Universidad del Rosario, quien asegura que Arias es visto como un hombre de derecha, y en consecuencia “cualquier fallo a su favor será atacado por la izquierda y celebrado por la derecha”.

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Juan Carlos Rodríguez Raga, profesor de Ciencia Política de los Andes y codirector del Observatorio de la Democracia de esa institución, asegura justamente que el caso de Arias se convirtió en un “punto de honor para el uribismo y de forma similar para el antiuribismo”. También recuerda que él era el candidato favorito de Uribe para su reemplazo, pero perdió la consulta conservadora con Noemí Sanín.

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Pero este nuevo capítulo dejó al descubierto que Arias no solo es visto como un político del pasado. Seguirá preso en el Cantón Norte, y teniendo una condena en firme (porque la Corte Constitucional permitió revisar su fallo, pero mantuvo la vigencia de su pena) por lo que hoy no puede tener aspiraciones políticas.

Sin embargo, algunos sectores creen que podría tener chance en el futuro y lo comparaban el jueves con Nelson Mandela, que pasó de estar preso 27 años a ser presidente de Sudáfrica.

Por eso, para Fabio Humar, abogado penalista, el caso Arias es muy importante porque fue un precandidato presidencial que “podría volver a serlo en caso de una eventual absolución”. En todo caso, en su contra pesa una inhabilidad impuesta por la Procuraduría del hoy embajador Alejandro Ordóñez.

Pero Arias también se convirtió para algunos en la cara de Agro Ingreso Seguro. Así lo plantea Juan Camilo Rúa, politólogo y abogado, quien dice que la decisión de la Corte es muy controvertida porque para alguna parte de la sociedad todo ese caso de corrupción se redujo a Arias, como símbolo –sin que muchos ni siquiera recuerden quiénes fueron los que recibieron los beneficios– y que también hubo condenas contra ellos.

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El asunto para algunos sectores se reduce a un caso de clases en el que la plata para los campesinos terminó en manos de terratenientes, lo que ha hecho que la indignación juegue un papel importante a la hora de tomar posiciones sobre el tema.

Pero, además, desde el punto de vista jurídico, según Diego Celis, abogado y profesional en Gobierno de la Universidad Externado, el proceso de Arias termina siendo clave porque se convirtió en un caso emblemático en el que la doble conformidad se había negado, como sucedió con al menos 230 aforados sentenciados en única instancia, ya que eran las reglas de juego que permitieron las leyes vigentes hasta el 2018, cuando empezó a operar la ley de doble instancia.

Por eso, dice Celis, “el ordenamiento jurídico colombiano estaba en mora de implementar el bloque de constitucional en este asunto” para permitirles a los altos funcionarios impugnar sus condenas.

Uno de los puntos que siempre tuvo discusión entre la opinión pública fue la pena de 17 años a la que fue condenado Arias.

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Por un lado, algunos la veían como alta y exagerada, como Iván Cancino, que cree que estuvo mal tasada, por lo que considera que en la revisión podría ser reducida.

Pero eso no piensa el exvicefiscal Jorge Perdomo, quien asegura que a Arias se lo condenó con “las normas aplicables para casos de corrupción y de forma correcta”.

Incluso, un exalcalde como Samuel Moreno, también condenado por corrupción, tiene penas que superan los 39 años por el carrusel de contratos.

La Corte Suprema defendió la pena de Arias porque consideró que no era cualquier funcionario, y porque además, según la condena, se trató de un concurso homogéneo de delitos, es decir, no fue solo un caso de peculado ni de contrato sin requisitos legales, sino varios, por lo que le impuso el agravante.

Pero en un país con tantas heridas abiertas –muchas de ellas por el conflicto–, Hernando Herrera, director de Excelencia en la Justicia, recuerda que partidarios del exministro han expuesto que resulta asimétrico que mientras Arias fue condenado a 17 años, los exguerrilleros de las Farc que cumplan con los requisitos de la justicia transicional no pagarán penas de prisión, o los exparamilitares tuvieron penas máximas de ocho años.

De fondo, la condena de Arias se dio en el marco de la justicia ordinaria, mientras que en los casos de ex-Farc y exparamilitares su situación jurídica responde a la justicia transicional.

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Como afirma el abogado Aljure, aunque al ver las dos penas en su conjunto el tratamiento pareciera desigual, “porque para la opinión pública es más grave una masacre que un acto de corrupción”, lo cierto es que la justicia transicional que se da en un acuerdo “con una facción política que estuvo levantada en armas lleva a que haya un trato penal menos riguroso”.

Lo mismo piensa Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia, quien considera que la justicia transicional con la que se procesa a ex-Farc y ‘exparas’ busca acabar con el conflicto armado, y en esa medida se ofrecen beneficios sin que esto signifique que haya impunidad, pues en todo caso deben aportar a la verdad, reparación y no repetición.

El jueves, tras conocerse la decisión que benefició a Arias, la Corte Suprema de Justicia profirió un duro comunicado en el que dijo que si bien acataba el fallo, el alto tribunal constitucional había cambiado intempestivamente las reglas de juego para favorecer al exministro.

Esto mostró que la decisión, dice Iván Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Sabana, terminó enfrentando a dos cortes, la Suprema y la Constitucional, en la carrera por saber cuál es el tribunal de cierre y “hoy estamos en un choque de trenes”.

Justamente para Juan Nicolás Garzón, politólogo de la Sabana, el reto será evitar que este caso derive en ese choque de trenes y que la relación se vuelva tensa entre esas dos cortes.

El otro desafío, dice, es lograr desmarcar a la justicia de la política para evitar que los jueces terminen presos de esas disputas partidistas, en un escenario de altísima polarización.

En medio de la tensión entre los sectores que quieren ver a Arias condenado y los que lo quieren ver absuelto, la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia en su caso no va a dejar contenta a la orilla que resulte vencida.

Y esto tiene un elemento adicional: como la Corte Constitucional abrió la puerta para que otros condenados pidan el mismo trato que el exministro, esa situación seguramente llevará a reabrir debates político y jurídicos que parecían cerrados, y que podrían aumentar la crispación en el país.

La Corte Constitucional aseguró que la Corte Suprema debe conformar una sala compuestas por magistrados que puedan revisar el fallo condenatorio de Arias, ya sea para mantenerlo, revocarlo o modificarlo.

El alto tribunal no dijo cuántos magistrados debían conformar esa sala, pero sí señaló que debía tratarse de jueces que no participaron en la condena del 2014.

Esos magistrados, aclaró la Corte Constitucional, no serán vistos como un superior jerárquico de la Sala Penal que lo condenó, sino como sus pares. Dentro de la Corte Suprema tendrá que discutirse, cuando les llegue el recurso de Arias, cómo se constituirá entonces esa sala.

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De los nueve magistrados que tomaron la decisión de Arias solo quedan tres de esa época: Patricia Salazar, que estuvo de acuerdo con condenarlo; Eugenio Fernández Carlier, que salvó su voto porque consideró que se tasó mal la pena; y Eyder Patiño, que en ese momento se declaró impedido. En principio, ellos tendrían que apartarse ahora del caso y los demás sí podrían participar, a menos que llegue alguna recusación y sea aceptada.

Milena Sarralde Duque.

SUBEDITORA DE JUSTICIA

En Twitter: @MSarralde