'Cartel de la toga': rebajan pena al exmagistrado Francisco Ricaurte

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente la condena dictada al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte Gómez por su responsabilidad en el escándalo de corrupción judicial conocido como el 'cartel de la toga'.

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En segunda instancia, el Tribunal mantuvo la condena por la mayoría de los delitos endilgados y declaró la prescripción de uno y, por eso, le rebajó la pena de 19 años de prisión a 16 años y 5 meses de prisión. Ricaurte deberá pagar una multa de 220 salarios mínimos y seguirá preso en la cárcel La Picota.

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En la diligencia realizada este miércoles, el Tribunal ratificó la responsabilidad de Ricaurte por haber sido uno de los cerebros de una organización criminal que ofrecía sus servicios a políticos para favorecerlos con decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia en seis casos.

En concreto por interferir en expedientes judiciales que avanzaban en la Corte Suprema en contra de los excongresistas Álvaro Ashton Giraldo, Musa Besaile Fayad y Julio Manzur Abdalá por ‘parapolítica’.

Así como los de los exgobernadores Alejandro José Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, quienes eran procesados por corrupción y cuyas investigaciones estaban en cabeza de la Fiscalía.

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Además, fue cuestionado por beneficios que habrían recibido del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que entre 2014 y 2015 era “el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías”, y en donde los integrantes de la red habrían obtenido favores burocráticos.

El Tribunal acreditó el  testimonio de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y abogado, quien confesó la existencia de la organización criminal, así como el modo de operar, el rol de sus integrantes, la finalidad para la cual se concertaron, la realización de actos de corrupción en el interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y los beneficios económicos que percibían.

Moreno señaló que bajo el manto protector de Ricaurte, quien también fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, se logró avanzar en la organización criminal por la que están condenados no solo Moreno, sino también el emagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Gustavo Malo Fernández.

"De acuerdo con esta narración coherente y consistente, se establece la estructuración el concierto para delinquir en la medida que, de una parte, existió un acuerdo de voluntades entre varias personas para crear una organización criminal que tuvo como propósito la comisión de delitos indeterminados y, de otra, con vocación de permanencia en el tiempo", dijo el Tribunal.

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"La concertación se concreta para el año 2013 con la iniciativa de Ricaurte Gómez, (Leonidas) Bustos Martínez (expresidente de la Corte y en juicio) y Moreno Rivera, luego se sumaron varias personas más", agregó el Tribunal que señaló que de las influencias de Ricaurte no solo da cuenta Moreno, sino también Leonardo Pinilla Gómez.

"Se acredita que el rol que desempeñaba Ricaurte Gómez no solo consistía en recomendar los procesos que se adelantaban contra aforados sino influenciar de tal manera para que los casos no siguieran su curso normal", señaló el Tribunal que ratificó que, por ejemplo, Ricaurte recibió altas sumas de dinero.

"Se verifica a partir de la declaración de Moreno Rivera quien afirma que, producto de

la concertación, el ex gobernador le dio poder y para lograr el archivo de la investigación se acordaron $ 400.000.000, de los cuales entregaron $ 200.000.000

 'antes de la presentación del poder y seguidamente los demás pagos'".

El Tribunal dijo que Moreno no mintió y que si bien, se acogió a un principio de

oportunidad, lo que le representó una disminución punitiva, pudo haber guardado

silencio y evitar no solamente un cuestionamiento penal sino social y familiar.

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"Moreno Rivera decidió contar la verdad y asumir las consecuencias de sus reprochables actos al develar el proceder ilícito de los integrantes de la organización, especialmente, el de Ricaurte Gómez. La experiencia enseña que nadie se autoincrimina sin motivos relevantes sino es que al hacerlo dice la verdad y no solo se perjudica a él sino también a terceros involucrados", dice el fallo.

El Tribunal dijo que sin la intervención de Ricaurte, "quien tenía relaciones con aforados y sostenía una estrecha cercanía con Malo Fernández, difícilmente Moreno Rivera podía acceder a los pormenores de los procesos penales adelantados ante la Corte Suprema de Justicia. Se requería una labor conjunta para lograr los propósitos de la organización".

La rebaja de la pena se dio por parte del Tribunal al indicar que ya prescribió el delito de tráfico de influencias. "En el presente caso, la prescripción de la acción penal se configuró respecto del delito de tráfico de influencias de particular puesto que el lapso máximo para culminar el proceso se presentó el 21 de septiembre de 2021", indicó.

De otro lado, por errores en imputación, se absolvió a Ricaurte de uno de los casos de cohecho y uno de utilización indebida de información privilegiada. Se trata, únicamente, de la actuación del exmagistrado en el caso de Juan Carlos Abadía en la que, dijo el Tribunal, la Fiscalía incorporó elementos en la acusación que no comunicó en la audiencia  de imputación de cargos.

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"El cambio fáctico es significativo, pues mientras en la imputación tan solo relacionó

un acuerdo de voluntades para beneficiar al exgobernador en su proceso penal, lo

que constituiría el delito de concierto para delinquir –analizado en precedencia-, en

la acusación refirió que, a cambio de tal beneficio, mantendrían en el cargo a Bettín

Sierra, supuesto de hecho que dio lugar para acusar por el ilícito de cohecho por dar

u ofrecer", dijo el Tribunal.

"La Fiscalía en la formulación de imputación, no hizo alusión al hecho constitutivo del delito de cohecho por dar u ofrecer sino al de concierto para delinquir pues, además de los otros casos, describió que entre  Ricaurte Gómez, Moreno Rivera y Alfredo Bettín Sierra, se concertaron para evitar la imputación contra el ex gobernador Juan Carlos Abadía Campo y orientar la investigación hacia posibles decisiones de  archivo. 

Posteriormente, en la acusación la Fiscalía relacionó que Ricaurte y Bustos Martínez, para beneficiar al ex gobernador Abadía Campo, le prometieron a Bettin Sierra mantenerlo en su cargo", añadió la corporación judicial.

No obstante, de fondo, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la responsabilidad del exmagistrado por el delito de concierto para delinquir, cohecho y utilización indebida de información oficial privilegiada.

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