Por falta de verdad, JEP expulsó al exsenador Ashton y le revocó libertad

Los vínculos con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la presunta entrega de 600 millones de pesos al exmagistrado Francisco Ricaurte para que le archivara una investigación por esos nexos —en lo que se conocería como el 'cartel de la toga'— son dos de los procesos que la justicia ordinaria volverá a tener en sus manos y que involucran al exsenador liberal Álvaro Antonio Ashton Giraldo.

Su expediente regresará a esa jurisdicción luego de que este martes la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP (SDSJ) revocó la aceptación de su sometimiento.

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¿La razón? En palabras de la sala, los aportes de verdad de Ashton fueron "insuficientes, vagos y sin fundamento".

El excongresista era procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y amenazas.

Además de expulsarlo, la JEP revocó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que le había otorgado.

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"Los aportes del compareciente fueron valorados por la Sala. No cumplieron con los presupuestos exigidos, tanto así que sus aceptaciones de responsabilidad y explicaciones suministradas a la JEP no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional", informó el tribunal tras dar a conocer la decisión.

La sala concluyó que el aporte entregado por Ashton Giraldo no es significativo y no conduce a la construcción de una verdad colectiva, pero además, "deja advertir la falta de franqueza en sus dichos y la actitud contumaz frente a la poca o casi nula satisfacción de los principios del Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”.

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Aunque Ashton presentó su pacto de verdad y asistió a distintas versiones, la JEP concluyó que el excongresista no suministró información exhaustiva, clara, precisa y detallada y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las Auc como una forma de control territorial.

Eso, pese a que en múltiples oportunidades le dieron el chance de aclarar y subsanar la información suministrada.

Partiendo de esa base, la sala revocó la aceptación del sometimiento y, con eso, le revocó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, con lo que Ashton quedó por fuera del sistema transicional y las actuaciones en su contra volverán a la justicia ordinaria.

En marzo de este año, durante una audiencia del proceso contra el exmagistrado Francisco Ricaurte por su presunta responsabilidad en el 'cartel de la toga', el juez del caso cuestionó al exsenador Álvaro Ashton.

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El togado señaló que Ashton dijo mentiras en el proceso y ha faltado a la verdad en sus declaraciones, incluso a la JEP, y que lo hizo para proteger a involucrados en el escándalo de corrupción judicial.

La aceptación del sometimiento de Ashton a la JEP, en julio de 2019, despertó un choque en los tribunales que fue resuelto un año después por la Corte Constitucional, corporación que determinó que la justicia transicional era competente para llevar el caso del exsenador.

En el trámite del conflicto de competencias, la Fiscalía expuso que el delito por el que es investigado Ashton no tendría relación con el conflicto armado, por lo que no era la JEP la llamada a conocer de esos hechos.

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