Los detalles de la demanda que radicó un exsuperintendente contra el decreto que suspendió la exportación de carbón a Israel

Un exsuperintendente de Industria y Comercio presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, mediante el cual el gobierno nacional estableció una prohibición para la exportación de carbón a Israel. 

La demanda presentada por Andrés Barreto, actual director del bufete de abogados De la Espriella Lawyers, fue radicada el pasado 5 de septiembre pero aún no ha sido itida, pues la alta corte determinó que no era su Sección Cuarta sino su Sección Primera la que debe evaluar por competencias si ite el asunto.

La acción judicial asegura que el decreto "viola directamente la Constitución", "adolece de falsa motivación", "desconoce el principio de reserva legal" y conllevaría a graves perjuicios para un significativo sector de la economía al ir "en contra de promover el comercio exterior y proteger la integridad del patrimonio nacional". Por esa razón se solicitó una medida cautelar de suspensión del mismo. 

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"Se evidencia que el objetivo es que el Estado de Israel cumpla con las órdenes impartidas por la Corte Internacional de Justicia, tanto así que la medida estará vigente hasta que dichas órdenes sean cumplidas por el mencionado Estado, lo que demuestra la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la medida prohibitiva que recae sobre las exportaciones de carbón a dicho Estado", indica la acción judicial. 

"No se evidencia la correlación entre la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel y la amenaza a la seguridad de Colombia, ni cómo dicha medida repercute en la protección del Estado colombiano. Esto implica, además, ir en contravía del propio Plan Nacional de Desarrollo planteado por el gobierno actual, en el que se establece que únicamente se impondrán restricciones comerciales cuando se atente contra la seguridad nacional", agrega la demanda. 

La acción del exsuperintendente también advierte que el decreto desconoce la reserva legal ya que "cualquier asunto que implique la reducción de ingresos y la intervención en la economía relacionada con la explotación de recursos naturales, debe ser aprobado por el Congreso de la República y no realizado bajo la potestad unilateral del Gobierno".

El decreto suscrito por el presidente de la República, Gustavo Petro, y por todos sus ministros, establece que la prohibición en la exportación obedece a “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023".

El decreto habilita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que tramite los reconocimientos de la expectativa legítima, y las situaciones jurídicas consolidadas, para aquellas empresas que se verán afectadas con la suspensión de sus negocios. 

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La prohibición de la exportación de carbón a Israel estará vigente, según el decreto, hasta que "se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza".

El decreto fue emitido por el gobierno nacional tras la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, el pasado 1 de mayo. Según cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética, con corte a octubre de 2023,  las exportaciones de carbón hacia Israel ascendieron a 2.45 millones de toneladas. También representaron 650 millones de pesos en regalías.

A mediados de junio, la Contraloría General de la República, a través del vicecontralor en funciones de contralor Carlos Mario Zuluaga emitió una alerta. "Preocupa la seguridad jurídica, en especial de los compromisos asumidos internacionalmente, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, en este caso en que Colombia tiene con Israel desde el 2020", indicó una comunicación del ente fiscal.

"Es probable que se esté restringiendo la autonomía empresarial y violando lo contemplado en el artículo 98 de la Ley 685 de 2001, el cual dice: "disposición a la producción. El concesionario dispondrá libremente el destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y comercialización (...) El proyecto de decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera, ya que las huellas y briquetas (carbón) que se exporta a Israel es explotado por las empresas con capital extranjero, principalmente por Drummond y El Cerrejón", agregó.

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